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La Calera no cuenta con una política pública de gestión de riesgo de desastres que incluya una estrategia para atender emergencias. Foto: Alcaldía Municipal de La Calera.

El estudio de caso de la implementación de las políticas públicas en el municipio de la Calera, se analizó durante los periodos 2008 – 2018. Foto: Alcaldía Municipal de La Calera.

Los lineamientos institucionales del Gobierno Nacional no se estarían implementando adecuadamente en los territorios. Foto: archivo Unimedios.

La investigación contó con entrevista a los actores involucrados, como la UNGRD, gobernación de Cundinamarca y el coordinador municipal. Foto: archivo Unimedios.

Natalia Sáenz Rengifo, magíster en Políticas Públicas de la UNAL. Foto: archivo Unimedios.

Entre 1998 y 2017, en La Calera se presentaron 14 inundaciones que afectaron a 1.094 personas y 287 viviendas; 11 movimientos en masa, que también afectaron a 419 personas y 44 viviendas, y 39 incendios forestales.

Según información de la gobernación de Cundinamarca y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el municipio está categorizado en riesgo medio.

No obstante, pese a sus antecedentes, La Calera, a 2018, todavía no contaba con una política pública de gestión de riesgo de desastres, que incluyera la estrategia municipal para atender emergencias.

Así lo establece la investigación adelantada por Natalia Sáenz Rengifo, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien advierte que al momento del estudio la administración municipal estaba trabajando en la formulación de estas políticas con la expectativa de tenerlas listas en agosto de 2019.

La implementación de la política pública de gestión del riesgo de desastres requiere de formas de intervención en diferentes niveles –global, sectorial, territorial, local, y comunitario–, en la que interceden múltiples actores, quienes deben establecer acuerdos entre sí, interactuar de manera articulada e intercambiar recursos.

Aunque estas políticas son afrontadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los responsables de instaurarlas en los territorios son los alcaldes y los gobernadores, quienes le dejan esta misión y toda la responsabilidad a un solo coordinador municipal que, en algunos casos, no es el más competente para esta importante tarea.

Según la investigadora, la política pública para gestión de riesgo de desastres se compone de tres componentes: reducción del riesgo, conocimiento del riesgo y manejo de casos.

No obstante, si bien los actores se articulan y actúan de manera coordinada, debido a la inadecuada comprensión de esta gestión en el territorio, estos se enfocan más en llevar a cabo actividades de manejo, que en jalonar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, los cuales son indispensables para desarrollar una política exitosa.

En términos teóricos, se realizó un análisis desde la estructura de gobernanza, lo que permitió, en primer lugar, identificar a los actores involucrados, entender cómo se organiza esa política y cómo funcionan otras en el país, en el marco de la descentralización.

Sin embargo, para determinar lo que estaba pasando en cada nivel de ejecución de la política pública se construyó un marco conceptual y se combinó el marco de gobernanza múltiple con un enfoque de red que permitiera evaluar el entramado de actores y sus acciones frente a cada nivel de la implementación de esa política.

En la investigación se contrastó la gestión cumplida en el municipio de La Calera con la que se ha venido haciendo en la gobernación de Cundinamarca y en el ámbito nacional.

Las pérdidas sociales y económicas que han dejado los desastres en Colombia han significado grandes desafíos para el país, por lo que una buena conciencia sobre el problema permitiría incorporar la gestión del riesgo en los planes de gobierno y en el fondo municipal.

“Si no hay una comprensión adecuada del problema o voluntad, la implementación de la política se ve afectada”, concluye la investigadora.