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Política y Sociedad

Cuota alimentaria para amas de casa en proceso de divorcio, principio de solidaridad

    En el ámbito del derecho de familia Colombia tiene varios vacíos normativos, uno de ellos relacionado con la regulación de los alimentos entre cónyuges cuando hay un divorcio, el cual afecta especialmente a las mujeres que durante el matrimonio han ejercido el trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué sucede, qué se está haciendo para cerrar las brechas de género?

    Según un informe de Naciones Unidas y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicado en 2020, la producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados equivale al 20 % del PIB colombiano.

    “Esto significa que si las labores domésticas se pagaran, este sería el sector más importante de la economía, por encima del comercio (18 % del PIB), la administración pública (15 %) y la industria manufacturera (12 %)”, indica el documento.

    Sin embargo, la mayoría de las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico y al cuidado y se quieren divorciar están entre la espada y la pared.

    Si el trámite se hace por mutuo acuerdo a través de una notaría, es muy difícil que su cónyuge reconozca que su pareja queda en un desequilibrio económico, y acceda a pagarle alimentos.

    Si, por el contrario, la ciudadana no llega a un acuerdo con su expareja, estaría obligada a iniciar un proceso judicial en el cual debe probar la culpabilidad de su esposo en la ruptura matrimonial, y así poder acceder al derecho de alimentos.

    La abogada Carolina Pinilla Soler, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirma que “todo este proceso sería innecesario si desde un primer momento se reconociera el “principio de solidaridad” que debe existir entre cónyuges, incluso después del divorcio”.

    En la Sentencia C-767/14, la Corte Constitucional define dicho principio como “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”.

    Llevar los casos al ámbito judicial para probar una causal de culpabilidad, en aras de ganar la prestación alimentaria, es un proceso engorroso para la mayoría de las mujeres, y que muchas no quieren adelantar, ya sea porque no tienen el dinero para pagar un abogado o porque no quieren entrar en un litigio que puede tardar años.

    La magíster cuenta que en su experiencia como notaria encargada y directora jurídica ha visto llegar diariamente consultas de divorcio, lo que le ha permitido escuchar a mujeres que narran sus vivencias y frustraciones cuando se tienen que someter a las condiciones en acuerdos de separación.

    Esta es una de las razones por las que su investigación tiene un corte transversal de género, y en él se concluye que la falta de solidaridad después del divorcio afecta en especial al género femenino.

    “Con este enfoque, lo que quiero hacer es mostrar que los alimentos entre cónyuges no pueden ser una sanción, sino que tienen que adjudicarse única y exclusivamente con base al principio de solidaridad”.

    Este análisis se realizó con un estudió de doctrina, literatura jurídica, estadísticas del DANE, instrumentos internacionales y fuentes jurisprudenciales de las Altas Cortes del país.

    ¿Qué está haciendo la ley?

    Las Altas Cortes vienen llenando estos vacíos a través de sentencias que fijan una prestación alimentaria sin importar la culpabilidad, y teniendo en cuenta el estado de necesidad.

    En Colombia, el género es un factor desencadenante de pobreza. Las mujeres que se dedican a la economía del cuidado y al trabajo doméstico no remunerado dentro del matrimonio sufren una desigualdad de oportunidades porque no pueden acceder al campo laboral, tienen una reducida participación social y política, poco tiempo para estudiar y su poder de negociación se ve limitado.

    Todo esto hace que dependan económicamente de su cónyuge, y al divorciarse quedan indefensas y en un estado de pobreza que les impide solventar su propia subsistencia.

    “Esto se ha convertido en un reto para el derecho. A las Altas Cortes les ha tocado considerar siempre en sus fallos el criterio de la economía del cuidado, el trabajo doméstico, y obviamente desde una perspectiva de género”, afirma la abogada.

    Un ejemplo podría resumir lo que hasta hace poco pasaba y a lo que se apunta: si un hombre ha logrado construir su pensión, la esposa debe esperar a que él fallezca para poder acceder a la pensión de sobreviviente. No obstante, ella también construyó la pensión de su esposo, trabajando en equipo desde la casa.

    En cuanto a los logros en la materia, hay pensiones conyugales que se han adjudicado a mujeres, así haya divorcio, teniendo en cuenta el tiempo en el que ella ayudó a su esposo a construir la pensión.

    No solo la Corte Constitucional le está poniendo el ojo al tema: en agosto, la Procuraduría General de la Nación apoyó una demanda que busca que las mujeres coticen menos semanas para lograr una pensión. Estos recursos e iniciativas son importantes ya que pueden ayudar a que ellas no queden en estado de vulnerabilidad y a cerrar brechas de desigualdad.