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Desarrollo Rural

Alianzas propiciarían innovación entre agricultores del Valle

    Apoyo constante y económico, unión entre gremios, academia y Estado, mayor conexión para telecomunicaciones y capacitaciones administrativas y de mercadeo, son algunas las propuestas que ayudarían a los productores hortofrutícolas del sur del Valle del Cauca a innovar sus sistemas de producción y mercadeo.

    “Los productores piden y necesitan mejorar sus condiciones comerciales, ya que así también mejoran su calidad de vida. Hasta la fecha aplican técnicas productivas de hace 20-30 años por las que sienten que no obtienen suficientes ganancias”.

    Este es el panorama que aprecia Diana Melissa Zambrano Beltrán, magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, lo que la llevó a analizar la forma en la que las empresas agroindustriales generan valor e innovación a sus productos y ventas.

    A partir de datos recopilados y entrevistas a 11 asociaciones hortofrutícolas, la magíster preparó propuestas estratégicas para aumentar la capacidad de innovación agroindustrial de esta región, en las que la principal consiste en que el Estado y la Academia se articulen con los productores para apoyarles en formas de innovar y de racionalizar sus costos.

    Entre las propuestas destaca que “cuando se realizan convocatorias de seguridad alimentaria e impulso para el agricultor, los requisitos deberían ser más flexibles y con menos tecnicismo, pues a veces la gente del campo no sabe ni siquiera leer o escribir o no tiene acceso a internet y las convocatorias se montan en las web o redes sociales”, explicó la investigadora.

    De ahí que resalte que en buena parte del campo rural vallecaucano la conectividad es nula y los productores no alcanzan a conocer estas convocatorias, “mientras más lejos está la zona de cultivo, menos fuentes de información tiene el agricultor”. Sería indispensable que el Estado garantice la conectividad y las telecomunicaciones, pues así también garantiza la seguridad alimentaria y la productividad agrícola.

    Así mismo sugiere que entre las Secretarías de Agricultura de los municipios de Dagua, Vijes, Pradera, Florida, Palmira y Candelaria, y la de la Gobernación del Valle, se unan como gremio fuente de financiamiento para que los productores tengan otra alternativa de acceder a los créditos.

    “Por lo general el agricultor debe cumplir otra cantidad de requisitos para que les aprueben un subsidio o crédito, algunos llegan a hipotecar sus terrenos a unas tasas de interés muy altas para poder mantenerlos al mismo tiempo. Que el Estado apoye en otras formas de financiación, la disminución de intereses o el pago de las deudas puede ser un alivio económico”, agrega la magíster.

    Grave panorama

    Además de este contexto, las estrategias anteriores se proponen por otros fuertes problemas que agobian a los productores y que afectarían la seguridad alimentaria en el futuro.

    El primero es que muchos de ellos no tienen suficientes recursos para solventar todos los gastos de su producción, especialmente porque “la compra de insumos está muy relacionada con el dólar; a medida que este aumenta se encarecen más los insumos y aunque vuelvan a bajar conservan los precios costosos”.

    Como resultado, la magíster detalla que la producción también se encarece para los agricultores y deben vender a precios por debajo de su inversión para no perderlo todo.

    Por otro lado, las intermediaciones de venta generan conflicto y poco acuerdo. “El productor no tiene alianzas comerciales grandes como con supermercados ni contratos directos con los compradores, sino que siempre está una persona negociando entre los dos e imponen un precio sin negociar. Esto ocurre con el 90 % de los pequeños y medianos agricultores”, explica la investigadora.

    De ahí que sean indispensables sistemas o métodos más elaborados para determinar cuánto cuesta realmente su producto; la magíster también alerta sobre soluciones indispensables para la “fuga de cerebros” del campo a la ciudad.

    “La mayoría de las personas del campo son adultos mayores y ellos no quieren que sus hijos continúen con este trabajo porque sienten que no es bien pago ni genera buenos ingresos. Prefieren endeudarse o hacer lo que sea para que sus hijos salgan a la ciudad, pero si no tenemos gente que nos ayuda a producir nuestra comida, la seguridad alimentaria está en un riesgo muy alto”, señala la magíster de la UNAL.

    Frente a su estudio, concluye que todo se podría compilar en una política pública de desarrollo y acción para el sector agropecuario que “contemple más allá de solo dar una asistencia técnica y ocasional, pues se debe considerar la situación socioeconómica y productiva de los agricultores”.