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El informe, elaborado por docentes e investigadores de la UNAL, registra 521 casos reportados. Fotos: archivo Unimedios.

Detención arbitraria y desaparición forzada son los principales actos victimizantes contra la comunidad universitaria. Foto: Nathalia Angarita / Unimedios.

Razones políticas y de derechos humanos son los principales motivos de movilización. Foto: Nathalia Angarita / Unimedios.

Se espera que la publicación final se entregue en 2021.

Agentes del Estado aparecen como responsables de acciones en contra de la vida y la violación de los derechos humanos en la UNAL entre 1958 y 2018. Foto: Nathalia Angarita / Unimedios.

También se evidencian las amenazas individuales o colectivas (77 casos) como una modalidad menos letal pero igualmente efectiva para amedrentar a los líderes estudiantiles.

En los actos violentos protagonizados en el periodo de estudio, la Policía Nacional y la Fuerza Pública y militar –con 179 casos registrados– aparecen como los mayores responsables de acciones en contra de la vida, y de la violación de derechos humanos en la historia de la UNAL.

Seguido de los agentes del Estado se reportan otros responsables sin identificar por parte de las víctimas (con 145 casos), y los paramilitares (con 78 casos), específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes quisieron callar, a sangre y fuego, las voces críticas en las universidades del país.

Así lo reporta el informe “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”, entregado hoy por los investigadores y las directivas de la UNAL a la Comisión de la Verdad.

Según la profesora Dolly Montoya Cataño, rectora de la UNAL, con este informe se busca aportar a la construcción de la historia de Colombia en el marco del conflicto armado, pues recoge las memorias elaboradas por diferentes miembros de la Universidad durante el periodo de estudio en los diferentes campus de la Institución.

El trabajo incluyó varias iniciativas, como la ubicación de documentos de archivo e históricos de la UNAL, enriquecidos con entrevistas a la comunidad universitaria. Se construyeron dos bases de datos, una sobre protestas universitarias y otra sobre violación de derechos humanos para el mismo periodo del informe.

El informe hace una reconstrucción de los seis grandes periodos de la historia de la UNAL desde 1958, análisis de algunos casos y problemáticas significativas para entender los patrones de violencia que afectaron la Universidad, y se estudian las muertes de algunos estudiantes y profesores.

“Nuestro compromiso siempre ha sido la construcción de paz, por eso este informe forma parte de los múltiples instrumentos que hemos consolidado, como la Escuela de Pensamiento Universitario, los observatorios, cátedras, análisis de coyuntura, la Red Paz, el Instituto de Liderazgo Público, y diversos proyectos de extensión solidaria que impactan a las regiones del país”, señaló la Rectora.

Entender el pasado para no repetir

Para Mauricio Archila, profesor de la UNAL y líder de la investigación, “la violencia política en las universidades públicas y privadas atraviesa distintas etapas según su relación con el Estado, por lo que, mediante este informe, se le apunta a una verdad histórica que busca una explicación más que judicial”.

Para los 60 años del estudio se registraron 521 casos, de los cuales se analizaron tendencias a partir de esos datos, como periodos más conflictivos, motivos de lucha y antagonistas de estas, entre otros factores.

Las luchas de los estudiantes

El actor predominante en la lucha de la universidad son los estudiantes, quienes tienen entre sus motivos preponderantes las políticas estatales, incluidas reformas constitucionales, desarrollo normativo sin reglamentación, privatizaciones, política urbana, agraria, políticas culturales y étnicas, propuestas de paz y de guerra, entre otros, seguidos de motivos por los derechos civiles.

La UNAL Sede Bogotá aparece como el lugar con mayor número de casos de violaciones a los derechos humanos, con 312 casos reportados, y resaltan las Facultades de Ciencias Humanas, Derecho y Ciencias Políticas con la mayor afectación.

Según Martha Ruiz, comisionada de la Comisión de la Verdad, estos esfuerzos son una base para construir no solo la memoria del país, sino también un diálogo social y político de cara a un futuro en paz y reconciliación.