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Por lo amplio del proceso sería necesario articularse con otras entidades del Estado y llegar a todo el territorio.

El diálogo se dio en un panel organizado por el Centro de Pensamiento “Pluralizar la Paz” de la UNAL y la OEI.

Las víctimas proponen los proyectos o acciones que harán los comparecientes y que resarcirían los daños del desplazamiento.

Según el registro nacional de víctimas, en el país hay cerca de 8 millones de víctimas por desplazamiento forzado.

Uno de los principales retos de la JEP será determinar los máximos responsables, teniendo en cuenta los diversos actores y territorios.

En palabras de José Miguel Oliveros, quien trabaja con la magistrada María del Pilar Valencia en la Sección con Ausencia de Reconocimiento de la JEP, “el aval para crear una línea de investigación en DF se dio el 27 de marzo de 2020, y desde ese momento inició el análisis de la información y la priorización del fenómeno, pero aclara que aún no hay un macrocaso”.

Agrega que “los retos que tenemos son el alto nivel de impunidad, la manera de identificar a los comparecientes que puedan dar respuestas, encontrar los casos representativos en un delito que tiene 8 millones de víctimas en diferentes momentos y territorios”.

“A esto se suman la diversidad de actores, de motivaciones, la determinación de si es un crimen de guerra, de lesa humanidad o ambos, y un reto enorme es llegar a los máximos responsables. También es importante entender las conductas previas y posteriores al desplazamiento para ver el fenómeno en contexto y resolver la larga espera de las victimas por justicia”.

Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, encargada de priorizar los macrocasos, explica que “una de las lecciones aprendidas para abordar el tema del DF viene del sistema de Justicia y Paz, que se creó en la negociación con los grupos paramilitares. El enfoque ya no es analizar caso a caso, sino plantear una investigación de crímenes de sistema donde se prioricen los fenómenos como un todo”.

Por ejemplo, durante la primera ronda se priorizaron como macrocasos el secuestro, las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate –conocidas como falsos positivos–, los casos de reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado. Luego se determinó el énfasis a imputar, que en el caso del secuestro era la política de secuestrar, entre otras.

Sobre los máximos responsables declara que estos dependerán de los escenarios, las prácticas y los patrones. En el caso del secuestro se llamó primero al secretariado y luego a los bloques y los frentes hasta llegar a los guerrilleros rasos.

Participación de las víctimas

El magistrado de la JEP Roberto Vidal explica que en la justicia ordinaria las víctimas tienen una participación limitada, mientras que en un proceso transicional el foco es el componente restaurativo, es decir que se concentra en los derechos de las víctimas, conocer la verdad, que se encuentren los responsables, que tengan una pena proporcional y se llegue a la no repetición.

“Como el registro nacional de víctimas tiene identificadas más de 8 millones de DF, y a lo sumo el 10 % de estas participará de forma activa en el proceso, cerca de 1 millón de colombianos serían los que deberían tener representación judicial”, explica el magistrado Vidal.

Sin embargo en la JEP quienes no reconozcan los crímenes tendrán hasta 20 años de cárcel, y aquellos que lo hagan y contribuyan con verdad suficiente cumplirán sus penas –de hasta ocho años– en espacios con limitada movilidad y con el compromiso de remediar los daños, que serán determinados por las víctimas.

Ayuda de otras instituciones

Para el magistrado Vidal, “ese macroproceso necesitará ayuda de otras instituciones para desplegarse en el territorio, para lo que ya se han empezado a establecer relaciones con el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación No Repetición y con la Comisión de la Verdad. También trabajarían con la Unidad de Víctimas y con la Unidad de Restitución de Tierras. Si se desborda el sistema debemos relacionarnos con más entidades para aprovechar su presencia territorial como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los consejos de los municipios PDET, las organizaciones de desplazados, o las iglesias”.

Por último, la invitación es que la sociedad civil, las víctimas y las organizaciones entreguen la mayor cantidad de información posible sobre el tema, para que la JEP active la competencia investigativa.

“La idea es que el debate sea público y con la mayor cantidad posible de voces, víctimas, expertos, academia y organismos judiciales, entre otras, pues el ideal es dar una mejor respuesta a la sociedad, a las víctimas y afianzar la confianza en la JEP” concluye José Miguel Oliveros.