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Política y Sociedad

Tras un delito, ¿cómo se reincorpora un indígena a su comunidad?

    La justicia indígena ha logrado procesos exitosos de resocialización a sus miembros infractores, ejecutando penas étnicamente diferenciadas y menos restrictivas de la libertad.

    Cuando un indígena comete un delito cualquiera dentro de su comunidad, opera la justicia indígena con sus particularidades, pero cuando ocurre fuera del resguardo o afecta a una persona que no pertenece a este, es la justicia ordinaria la que lo investiga y le impone sanciones. Pero, ¿qué tanto afecta al individuo y a su comunidad la aplicación de esta ley?

    La abogada penalista Angélica Patricia Noriega Villamizar, magíster en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), encontró fallas en la justicia ordinaria que llevan a una ruptura del individuo con sus resguardos y afectan el buen vivir y los valores colectivos de los indígenas que cometen un delito. Así lo pudo establecer en su trabajo con la comunidad indígena Embera Chamí del Resguardo San Lorenzo (Riosucio, Caldas), integrada por más de 12.000 personas.

    Haciendo gala de la potestad que les da la Constitución Política de 1991 –que reconoce a las comunidades indígenas para que ellas mismas administren su propia justicia y control social en sus respectivas regiones–, este pueblo ha logrado con éxito la reincorporación a su entorno de quienes han cometido delitos.

    La clave ha sido el acompañamiento, que comienza desde el momento en que son privados de la libertad en las cárceles del Estado, cuando gobernadores indígenas y demás integrantes de los consejos entran en contacto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que les permitan realizar visitas periódicas que contribuyen a que los indígenas puedan continuar con sus tradiciones en prisión.

    Según la abogada Noriega, en las cárceles los infractores pierden su identidad cultural y hasta su lengua, pues en este contexto de encierro no se pueden comunicar porque no hablan español. Tampoco tienen contacto con la naturaleza, esencia de su ser interior, y menos alimentarse de productos cultivados en sus chagras, lo cual incide en su nutrición. A esto se suma el hacinamiento de las cárceles, que les causan problemas respiratorios, entre otras enfermedades, la falta de insumos para su higiene personal, y, más complejo aún, de las actividades que realizan en sus entornos, como cultivar la tierra.

    Ante esta realidad, las autoridades del Resguardo San Lorenzo hacen un seguimiento permanente de sus miembros durante todo el tiempo que dura la pena, con el objetivo de no abandonarlos ante una justica diferente a la suya y acompañar su restauración, para evitar que cuando se reencuentren con su entorno sufran algún un choque que afecte su integridad.

    Si la pena se cumple en el resguardo, es importante tener en cuenta que la justicia indígena opera de manera diferente y en escenarios donde la privación de la libertad no es tan estricta; allí existen espacios de relacionamiento con la comunidad para evitar el aislamiento a través de un encierro total.

    “Encontré que estas formas de castigo en las comunidades no necesariamente tienen como eje central la privación de libertad para todo tipo de delitos, sino que también se pueden realizar a través de otros mecanismos que generan procesos de resocialización o, como ellos le llaman, una restauración espiritual, mediante la cual las personas privadas de la libertad pueden retornar a su comunidad de manera adecuada”, indica la doctora Noriega.

    La investigación indagó sobre la influencia del derecho penal liberal en las sanciones propias de las comunidades indígenas, así como en la emancipación judicial que han logrado las comunidades con la gestión de los centros de armonización y el abordaje de penas desde un enfoque intercultural.

    “Este resguardo tiene una multiplicidad de sanciones que van desde el rejo, o juete, hasta el trabajo comunitario o en agricultura, en las que, según la conducta del infractor, se aplican castigos complementarios, y cuando se llega a una pena de privación de la libertad, esta se hace de manera que en el futuro la persona pueda reincorporarse a su proyecto de vida”, explica la investigadora.

    Señala además que “lógicamente el castigo difiere de la justicia tradicional y de la forma como nosotros vemos el mundo, pero, por ejemplo, las personas que están en centros de armonización, que cumplen actividades agrícolas, que salen, que disfrutan del aire y a quienes se les permite visitar a sus familias cada ocho días, tienen un proceso de resocialización más sencillo, que no atenta contra sus costumbres”.

    Otro aspecto indagado por la abogada es cómo, a lo largo de los años y de los ordenamientos jurídicos de la Corte Constitucional, se ha influido en el derecho propio indígena a partir de conceptos del derecho penal general, y cómo las comunidades indígenas han logrado una emancipación, enmarcada en un ejercicio de interculturalidad.

    Al respecto, la investigadora explica que “la justicia ordinaria ha permeado las formas de castigo que implementan las comunidades indígenas, ya que deben acatar los límites que se les han impuesto en relación con la investigación, el juzgamiento y la sanción, así como los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las penas”.

    “Las comunidades aprendieron y siguen aprendiendo a administrar justicia, manejan un proceso de incorporación y recuperación espiritual según sus creencias, sancionan, pero también llevan a cabo un proceso de reconciliación, en el que los miembros de la comunidad perdonan a los infractores por sus delitos”, concluye.