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Política & Sociedad

Urge sistematizar información sobre asesinato de líderes sociales

“Es necesario crear un sistema nacional de monitoreo e información para el seguimiento sistemático de la violencia contra líderes, lideresas, defensores y reincorporados, que tome en consideración las cifras e informes de los movimientos sociales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, en los ámbitos locales y regionales”.

Bogotá D. C., 12 de julio de 2018Agencia de Noticias UN-

A la fecha se tiene conocimiento de 325 asesinatos de líderes sociales desde que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC.

Los líderes sociales son uno de los grandes patrimonios que tienen las sociedades democráticas. Foto: Santiago Rodríguez, Unimedios.

La comunidad internacional tiene un papel fundamental a la hora de acompañar y hacer presencia en los territorios.

El informe fue presentado ante el Senado de la República el pasado 15 de junio.

El anterior es uno de los apartados del estudio adelantado por alrededor de 40 universidades públicas, sobre el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz, concluyó que tener datos más precisos y unificados podría ayudar a solucionar la grave situación de los líderes sociales en Colombia.

El informe fue elaborado para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y busca dar posibles explicaciones al asesinato de líderes sociales, étnicos, población LGBTI, mujeres, jóvenes y ambientalistas desde la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016 y hasta mediados de junio del presente año. Este fue presentado el pasado 15 de julio ante el Senado de la República.

La investigación contó con la participación de las universidades: Nacional de Colombia (U.N.) -a través del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz-, Antioquia, Córdoba, Cauca y Nariño, entre otras.

Según el análisis, la investigación y el cruce de información y de datos dejar ver con suficiente claridad que la mayoría de asesinatos, están ocurriendo, en zonas marginales con precaria presencia de Estado.

Zonas de cultivos ilícitos, minería ilegal, territorios fronterizos, zonas de otorgamiento de licencias ambientales que generan conflicto con las poblaciones. También en territorios donde se adelantan procesos de consulta previa para el desarrollo de macro proyectos extractivos; en corredores estratégicos para las economías ilegales; y en espacios de expansión agroindustrial.

En tal sentido, se destaca que como resultado del Acuerdo Final de Paz empiezan a revelarse conflictividades que estuvieron ocultas por la violencia y que ahora exigen la atención del Estado.

“Líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos humanos enfrentan nuevas violencia y oleadas de criminalización que se facilitan, unas veces por la ausencia del Estado, otras, por prácticas de connivencia institucional con actores criminales y otras por omisión institucional”, concluye el informe.

Cargar con el estigma

A pesar de la creencia generalizada de que los líderes sociales forman  parte de organizaciones políticas de izquierda, resulta erróneo que se hagan este tipo de asociaciones, pues se trata de personas con naturales habilidades de liderazgo que pertenecen a diferentes espectros políticos.

El profesor Carlos Medina Gallego, de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales e integrante del del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Pa, destaca que “un líder social es un ciudadano de cualquier comunidad, que asume en forma natural las reivindicaciones propias de su entorno tiene un amplio reconocimiento de ella y sigue sus orientaciones para efectos de elevar los correspondientes reclamos ante el Estado, la institucionalidad”.

Por eso, independientemente de su filiación política, los líderes sociales  realizan una importante labor en materia de defensa de los derechos de sus comunidades, recursos naturales, protección del medioambiente y propiedad de la tierra, así como inclusión y respeto a miembros de las poblaciones LGBTI, afrodescendientes y mujeres.

Sin embargo, en Colombia, este tipo de activismo se cada vez más estigmatizado, mediante señalamientos como aliados del terrorismo y organizaciones subversivas.

Según el informe, detrás de este tipo de señalamientos estarían: bandas criminales y formas encubiertas de trabajar de algunos miembros de la Policía y el Ejército, vinculados a grupos paramilitares, agentes de la delincuencia común y organizada en los territorios, grupos armados organizados, miembros de la guerrilla del ELN y disidencias de las antiguas FARC.

De hecho, los mayores responsables del asesinato de líderes sociales –equivalente al 80 % de los casos- serían causados por miembros de organizaciones paramilitares, seguido de grupos armados ilegales.

Crece el número de asesinatos

Entre los departamentos más afectados por la violencia ejercida hacia los líderes sociales están: Cauca, con 92 asesinatos; Antioquia, con 54; Nariño, con 41;  Córdoba, con 23; Chocó, con 17; y Norte de Santander, con 14. Otros hechos se han presentando en Bolívar, Arauca,  Casanare y nueve departamentos más.

El profesor Medina Gallego, explica que “hasta el momento en que presentamos el informe en el Senado se habían registrado 287 asesinatos; pero desde ese momento se tiene conocimiento de otros 28 homicidios, es decir que en los últimos 20 días se presentó un incremento equivalente al 10 %”.

Como resultado de este primer diagnóstico elaborado por las instituciones de educación superior, se formularon una serie de recomendaciones al Gobierno -saliente y entrante-, para que se preste mayor atención a este tipo de asesinatos.

Otra de las recomendaciones fue que la Defensoría del Pueblo adelante las acciones pertinentes para emitir alertas tempranas que logren evitar incidentes como los que se han venido presentando en años recientes. Precisamente, en las últimas horas el Gobierno anunció que la Unidad Nacional de Protección recibirá un apoyo de 50.000 millones de pesos para que se inviertan en estudios de riesgo colectivo, ampliar esquemas individuales y acelerar la implementación de la ruta colectiva de riesgo.

(Por: fin/JCMG/dmh
)
N.° 882

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