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Política & Sociedad

Una violencia mal nombrada que se hace visible en Medellín

"La memoria del barrio popular está conectada al ejercicio de las operaciones de exterminio social, porque ese es el nombre que debe darse a la mal llamada limpieza social".

Bogotá D. C., 08 de septiembre de 2016Agencia de Noticias UN-

La mal llamada ‘limpieza social’ es un exterminio social.

En Colombia las categorías del conflicto se han reducido exclusivamente al conflicto armado.

La mal llamada ‘limpieza social’ no está contemplada en el código penal.

Colombia es el único país en el que la sociedad participa de las ejecuciones.

La violencia ha penetrado los estratos profundos de la convivencia.

Medellín tampoco ha escapado a este tipo de conflictos.

Así se refiere el profesor Carlos Mario Perea a su investigación -novedad de la editorial de la U.N., adscrita a la Vicerrectoría de Investigación-, cuyos resultados fueron plasmados en el libro Limpieza social, una violencia mal nombrada, que será presentado en el marco de la Fiesta del Libro de Medellín, el 14 de septiembre.

La investigación, realizada conjuntamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), aborda este fenómeno que, pese a ser de público conocimiento, se ha mantenido bajo un manto de silencio por parte de la institucionalidad, la prensa y la academia.

El trabajo del docente es el resultado de la consulta de diversas fuentes, entre las que destacan registros de noticieros y prensa escrita desde 2006 y 1980, respectivamente, así como archivos judiciales y sentencias emitidas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, investigaciones que además fueron complementadas por un trabajo de campo extenso y riguroso.

Para el profesor Perea, este es un fenómeno que además de permanecer en el olvido, por parte del conjunto de la sociedad y sus instituciones, tampoco tiene recordación en los barrios populares. Recuerda que encontrar familiares directos de víctimas de exterminio fue muy complicado. “Por dar un ejemplo, luego de un trabajo de campo muy amplio, pudimos contar con el testimonio de la madre de una víctima de lo que se denomina La masacre de Ciudad Bolívar, un caso emblemático registrado en 1992. “Resulta increíble, pero a pesar del tiempo transcurrido, la señora prefirió aparecer de espaldas a la cámara”, destaca el investigador.

De hecho, parte del gran problema al abordar la mal llamada ‘limpieza social’ es que cuenta con una enorme legitimidad entre los habitantes de los barrios populares, pues se fundamenta en la creencia que este tipo de operativos de exterminio es ejecutado contra individuos marginales, que en su gran mayoría son considerados escoria. Además, este tipo de juicio de carácter moral les impide hablar de esta situación públicamente.

“Hay casos de padres que incluso llegaron a dejar tirados a sus hijos en la calle, porque no querían ser víctimas del señalamiento por parte de los vecinos del barrio”, agrega el profesor Perea. También, uno de los grandes interrogantes que procura abordar la investigación es la manera como se ha construido este consentimiento y permisividad tan pasmosa en los sectores populares. Entre las principales causas está “el silencio cómplice del Estado”, puesto que se trata de una práctica que ni siquiera hace parte de los delitos condenables por parte del Código Penal.

Además del anterior escenario, en el país se hubiesen reducido las categorías de representación del conflicto exclusivamente al armado. Tal situación, si bien es comprensible debido a la magnitud y exacerbación de hechos violentos, no justifica que, por ejemplo, en ninguno de los procesos de paz adelantados hasta la fecha se hubiera mencionado la ciudad y sus violencias, pese a que más de la mitad de los homicidios cometidos en Colombia tienen como escenario a las urbes.

“Una vez sea resuelto el conflicto con las FARC, inevitablemente se va a comenzar a hablar de las ciudades, aunque la mayoría de sus violencias sean invisibles y los casos emblemáticos estén relacionados con operaciones de exterminio, porque es la misma población la que convoca y propicia la conformación de este tipo de grupos”, advierte el investigador. Ante la magnitud de semejante estado de barbarie, su propósito es llevar la denuncia de estos hechos ante la Corte Constitucional para que el Estado y las instituciones -particularmente la iglesia- se pronuncien.

“Parte del proceso de paz implica una reconstrucción profunda del tejido social porque, aunque este no es un fenómeno exclusivo de Colombia, también es registrado en otros países como Brasil o El Salvador, pero aquí se repite con mayor frecuencia, pues es el único lugar en el que la sociedad participa de las ejecuciones”, puntualiza el autor del libro.

Medellín es una ciudad que no ha escapado a estos conflictos y está en la obligación de mirar este otro tipo de violencia, sostiene el docente.

(Por: fin/JCMG/MLA/APBL
)
N.° 445

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