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Medioambiente

Proyectos mineros deben contar con licencia social

Muchos proyectos minero energéticos se hacen inviables si carecen del pleno consentimiento de las comunidades.

Bogotá D. C., 25 de septiembre de 2015Agencia de Noticias UN-

Los hidrocarburos y los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país, también generan utilidades significativas para el Producto Interno Bruto (PIB).

Profesor Jorge Pérez, docente del Grupo de Investigación Ígnea de la Facultad de Minas de la U.N, Sede Medellín.

Sin licencia social muchas veces no hay diálogo ni concertación y se arraiga una incapacidad de gobernanza del recurso natural.

Los proyectos mineros deben consolidar un gana–gana entre empresarios y comunidades, que sirva como un blindaje contra los daños ambientales.

Aunque la licencia social no está escrita ni reglamentada por la ley, según los expertos, debe estar presente en cada proyecto y ganarse a través de la responsabilidad social.

Así lo explica Jorge Pérez, docente del Grupo de Investigación Ígnea de la Facultad de Minas de la U.N, Sede Medellín, quien fue uno de los expertos participantes del curso “Una legítima licencia social para operaciones mineras”, que se desarrolla en Medellín, capacitación organizada por el Centro de Pensamiento Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, creado por la Vicerrectoría de Investigación de la U.N y dirigido por el profesor Antonio Romero.

Hoy en día, para realizar cualquier proyecto de extracción es necesario, además de obligatorio, que las empresas obtengan una licencia ambiental que entrega el Ministerio de Ambiente y Desarrollo a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En ese proceso también participan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de todo el país.

Sin ella, y según la Unidad de Planificación Minero Energética de Colombia (UPME), muchos intentos por conectar a los actores involucrados en la actividad de extracción del recurso, se hacen ineficientes, no hay diálogo ni concertación, hay incapacidad de gobernanza del recurso natural, se consolidan proyectos sin reglas claras, prolifera la minería informal o liderada por actores al margen de la ley y, de paso, desaparecen los procesos de rendición de cuentas.

Además, cifras de la Contraloría General de la República respaldan ese diagnóstico, pues pese a que los hidrocarburos y los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país y generan utilidades significativas que superan el 5 % de los ingresos del producto interno bruto (PIB), “la calidad de vida de la población de las zonas de explotación minera no sólo no ha mejorado, sino que –en la mayoría de los casos– vio consolidar su retraso en contraste con otras regiones”, dice el organismo de control. Por ejemplo, en Cesar, sede de la empresa Drummond, y de donde extrae el 48 % del carbón nacional, hay un promedio de necesidades básicas insatisfechas del 76 %, 20 puntos más que la cifra nacional.

Sin embargo, las empresas pueden tener esa licencia ambiental, incluso haber hecho consultas previas para que la gente legitime la minería en sus regiones, pero sin el beneplácito comunitario implícito que otorga la licencia social, los proyectos se tornan inviables, perjudiciales o insensibles.

“La licencia social debe ser parte de la cultura minera”, agregó el profesor Pérez. No obstante, aclaró que no está de acuerdo con que el Gobierno la imponga de manera obligatoria a los proyectos mineros como requisito para operar; en su opinión, esto se puede prestar para que se generen procesos corruptos.

“Debe seguir siendo un proceso que de alguna manera se haga sin exigencias por cumplir, como un camino franco y abierto. Esa legitimidad que se adquiere cuando una sociedad avala la presencia de un proyecto minero en sus alrededores es el primer paso para que se consolide un esquema ganador, un gana–gana entre empresarios y comunidad, que sirva a su vez como un blindaje contra los daños ambientales”, opina Pérez.

Por eso, dijo el experto, el Centro de Pensamiento en Minería Responsable y estos eventos de capacitación buscan generar conocimiento con el fin de que el Gobierno tenga en la Academia un aliado para crear políticas públicas novedosas sobre el tema.

El curso continuará analizando el tema hoy, en el Centro Empresarial del Hotel Plaza Rosa, ubicado en el barrio El Poblado de la capital de Antioquia.

(Por: Fin/JSH/MLA/CA
)
N.° 330

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