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Las personas buscan en la justicia el restablecimiento de sus derechos, porque no se da en vías políticas, como en el Congreso. Fotos: Brandon Pinto - Unimedios.

Actualmente 5.560 jueces de la República se encargan de tramitar las tutelas.

Parte de las labores del Consejo Superior de la Judicatura es que no existan barreras y acceso para el restablecimiento de los derechos.

Por vía de la tutela la comunidad LGBTIQ+ ha tenido fallos históricos, como el reconocimiento al matrimonio igualitario.

Las comunidades afrocolombianas también han tenido fallos clave, como la reparación histórica por la esclavitud promoviendo la memoria histórica.

Según la abogada Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, “la acción de tutela se convirtió en un instrumento empleado por la ciudadanía para acceder a la justicia, y que ha jalonado la transformación social en el marco del multiculturalismo”.

En ese sentido, recordó que la Asamblea Constituyente de 1991 pensó en un procedimiento judicial sencillo, amplio, para defender los derechos constitucionales fundamentales que se empezaban a incluir en ese texto, y planteó la creación de una institución cercana al ciudadano que pudiera defender y garantizar esos derechos.

En 1993 se presentaron cerca de 2.000 tutelas, en 2019 la cifra llegó a 730.000 tutelas al año y en 2020, por la pandemia, se registraron 500.000.

“El incremento constante de las demandas de protección de los derechos fundamentales podría obedecer a causas estructurales de los mecanismos ordinarios de justicia que reflejan la legitimidad de la figura y la apropiación que las personas han hecho de esta durante 30 años”, indicó la magistrada en la inauguración de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Algunos casos

Los datos muestran que las acciones judiciales ha sido más dinamizadoras de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pues en 30 años los jueces han reconocido el derecho al matrimonio igualitario, a la seguridad social, y han fijado la transformación jurídica del concepto de familia, entre otros temas abordados por la Corte Constitucional.

“Existen ejemplos de fallos, como el Decreto 2277 de 1979, en el cual se establecía que no se podía retirar de un cargo a un docente por su orientación sexual, o la Sentencia SU214 de 2016, que transformó el concepto de familia en el ordenamiento jurídico, y la Sentencia T141 de 2015, que garantiza la no discriminación por la forma de vestir en un caso de un estudiante afrodescendiente que había sido expulsado de una universidad por su orientación sexual”, cuenta la magistrada Remolina.

Otras comunidades que se han apoyado por fallos de la Corte Constitucional han sido las comunidades afrocolombianas, sobre las que se ha ordenado la reparación histórica por la esclavitud, pero promoviendo la memoria histórica, y adoptar medidas para eliminar desigualdades por el no restablecimiento del territorio ancestral de las comunidades afrocolombianas. Actualmente los 5.560 jueces de la República se han convertido en actores fundamentales en la aplicación real de la Constitución de 1991, después de 30 años de su firma.

Cambia la administración de justicia

“En Colombia la Constitución de 1991 generó una transformación institucional y un cambio en la forma de administrar justicia al apostarle a la garantía de los derechos individuales y colectivos”, sostuvo la magistrada Remolina.

“Partiendo de la garantía, el reconocimiento y la protección a la diversidad étnica y cultural, en el artículo séptimo resulta fundamental la justicia para defender los derechos de actores que históricamente fueron o han sido vulnerados por su diversidad”.

Agrega que “el aparato judicial permite solicitar un restablecimiento de derechos en los casos de discriminación o de no reconocimiento a orientaciones o tradiciones culturales o étnicas distintas a las de la mayoría”.

La magistrada recordó además que durante los últimos 30 años las Altas Cortes y los jueces de la República han proferido numerosas sentencias en defensa de los derechos de poblaciones históricamente excluidas, muchas de las cuales han resultado controversiales por oponerse a la cultura mayoritaria.

“En temas como el matrimonio igualitario, proyectos mineros, libertad de expresión, derechos religiosos y muchos otros, los jueces, en una tarea conjunta con los afectados, protagonizan el reconocimiento real y material de la multiculturalidad que reconoce la Constitución”, destacó la magistrada Remolina.