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Trabajadores informales sobreviven al margen de la ley

El problema de la política pública hacia los trabajadores informales es que no los consulta porque se considera que su actividad económica está por fuera de la ley.

Bogotá D. C., 02 de octubre de 2014Agencia de Noticias UN-

El Estado no negocia las políticas con los vendedores informales. - Fotos: Felipe Castaño

César Giraldo, coordinador Grupo Socio-Economía, Instituciones y Desarrollo del CID.

Países que tienen un PIB per cápita similar a Colombia tienen menores grados de informalidad.

Público asistente al seminario.

Según el Dane, un 54 % de personas en Colombia se encuentran en este sector de la economía.

Los trabajadores de la economía popular no tienen seguridad social, ni garantía en los ingresos.

Así pues, no pagan impuestos, no tienen registro mercantil, no tienen derechos de propiedad claramente definidos. Y el Estado, por principio, no negocia sus políticas con quienes están al margen de la legalidad. 

Es el caso de la política hacia el espacio público: “Mientras que por un lado no se pide la opinión de los vendedores de la calle, por el otro, sí se consulta al comercio organizado y a los gremios de la propiedad inmobiliaria. Así lo explica, César Giraldo, coordinador Grupo Socio-Economía, Instituciones y Desarrollo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). 

Además agrega que la política del espacio público nunca menciona que detrás de cada vendedor informal hay una familia sin protección social, quien se ve obligado a utilizar el espacio público para poder sobrevivir, por ello se  convierte en un ciudadano sin derechos. 

Como lo dice la Unión General de Trabajadores Informales de Colombia (UGTI) "en la economía popular se encuentra una buena parte de los trabajadores de las ciudades. Es la fuente de suministro de gran cantidad de bienes y servicios  para satisfacer las necesidades básicas de la población, tales como alimentación, vestuario, , vivienda, reparaciones, oficios domésticos, tratamiento de basuras, cuidados cosméticos, incluso el cuidado de personas vulnerables. Y a pesar de ser la base de la supervivencia social y biológica de la ciudad, sus trabajadores son los más precarizados". 

Los trabajadores de la economía popular tienen una jerarquía social diferente con respecto a otros trabajadores. No tienen seguridad social, ni garantía en los ingresos, y dado que su actividad económica es considerada ilegal, también carecen de derechos sociales, civiles y económicos que puedan ser reclamados por la vía legal. 

“La forma como los sectores populares se insertan en el mundo económico y el poco respeto a la legalidad significa que está en crisis el paradigma de la ciudadanía liberal vigente. Las formas económicas y jurídicas legales no permiten la sobrevivencia de los sectores populares”, añadió el investigador del CID. 

En su concepto, es muy difícil tener cifras al respecto porque hay una definición de informalidad que no está totalmente aceptada. Según el Dane, un 54 % de personas en Colombia se encuentran en este sector de la economía, “pero esa definición se queda corta porque si uno tiene en cuenta los sectores que carecen de seguridad social y contrato laboral estaríamos hablando de una población del 77 al 80 %”. 

Por eso enfatiza que la mayoría de la población económicamente activa sobrevive en ese tipo de economía, “o malvive porque soluciona el problema de la subsistencia, pero no es que tenga una existencia digna”.     

En países que tienen un PIB per cápita similar a Colombia presentan menores grados de informalidad. Sin embargo, hay países con mayores cifras como Ecuador o Bolivia. 

Por último, añadió que en Colombia esto hay que tenerlo presente para un tipo de escenario, porque la población desplazada que llega a las grandes ciudades inmediatamente cae en la economía popular. “¿Cuáles son las soluciones sociales y económicas que se les va a brindar a la población? Si logramos superar el conflicto armado y logramos una negociación, debemos empezar a reflexionar qué hacemos con esa economía”, recalcó. 

Estas reflexiones hacen parte del Seminario Internacional Moneda, protección social y economía popular organizado por el CID, el Grupo Socio-Economía, Instituciones y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. y el Centro de Estudios Sociales de la Economía de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

(Por: Fin/hesp/MLA/nh
)
N.° 884

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