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Tono distinto y muchas promesas en gobierno de J.M. Santos

Cambio en las relaciones internas y externas, y una carga de promesas que no logran hacer trámite en el Congreso y dificultan los posibles resultados. Este sería el resumen del nuevo Gobierno.

Palmira, 19 de noviembre de 2010Agencia de Noticias UN -

La mayor promesa se encuentra en el campo del primer empleo, la generación de 2,5 millones de puestos de trabajo y la formalización de 500.000 más. Hasta ahora no existe una estrategia general de cómo cumplir este compromiso. - Archivo particular

El panorama económico es heredado y se centra en minería y obras públicas, mientras agricultura e industria vienen rezagadas y el sector financiero se consolida como el que acumula mayores ganancias.

El primer impacto importante del actual Gobierno es el cambio de tono con el mensaje de unidad nacional y respeto por la pluralidad en los gobiernos extranjeros. Ello generó la reducción de la pugnacidad interna y la construcción de una coalición de gobierno abrumadora y, en teoría, con mucha gobernabilidad, lo que abre las puertas a la previsible aprobación de los proyectos más trascendentales y representativos de las promesas hechas. La distensión política y los síntomas de recuperación aumentaron la carga de optimismo en el crecimiento económico y las expectativas para reducir el desempleo y la pobreza.

Más significativo aún fue el cambio en la diplomacia y el nuevo curso de las relaciones internacionales, especialmente con los principales socios comerciales de la vecindad: Venezuela y Ecuador. El de Santos es un gobierno más latinoamericano, con proyección hacia la consolidación de los vínculos comerciales con la región (siendo Brasil, Argentina, Chile y Perú la prioridad), la recuperación de la cartera con Venezuela y el afianzamiento del comercio bilateral, así como la normalización de los nexos con Ecuador. Eso no significa que se olvide de Estados Unidos y no mantenga la expectativa del TLC con ese país, aun cuando en un marco más realista y sin aspavientos.

Sin embargo, el cambio de tono y la gran coalición no han garantizado pasar del terreno de las promesas a la realidad. Del afán de la campaña, en la que se insinuaba que los cien días se cumplirían el 7 de agosto, fecha en la que se llegaría con un gran paquete de proyectos que coparían la agenda legislativa, al fragor del Gobierno, bajó el ritmo. En la centena de días transcurridos no se han presentado todos los que se sugirieron y el trámite de los radicados es lento y sinuoso. Sobre los proyectos bandera, existen desacuerdos tan profundos entre los partidos de la coalición –por ejemplo en el de la Ley de Víctimas y de Tierras–, que han optado por frenar los trámites y ni siquiera presentar ponencias.

El proyecto económico

El hilo de continuidad entre los dos gobiernos existe y es la base de la estrategia económica, el fortalecimiento de la economía minera y la administración de una presumible bonanza en petróleo y carbón, la confianza inversionista y la atracción de inversión extranjera, así como la recentralización en el manejo de los recursos públicos. El proyecto económico del gobierno Santos se basa en aprovechar los beneficios de la bonanza minera hacia otras locomotoras del crecimiento, mayor agricultura, infraestructura, vivienda y desarrollo regional, con la perspectiva de crecer más y generar empleo, como base de su esperada prosperidad.

Los recursos mineros siguen llegando como consecuencia de mayores volúmenes y mejores precios, irrigando problemas al estilo de la “enfermedad holandesa”, que han acentuado la revaluación de la tasa de cambio y han estimulado las importaciones de bienes y servicios, en contra del abastecimiento de la producción y el empleo nacional. Con algo de retraso, el Gobierno empieza a reaccionar y formula propuestas de control de la revaluación, se compromete a esterilizar recursos en el exterior, restringir el endeudamiento privado externo, bajar aranceles y acordar un grado mayor de intervención del Banco de la República. El epílogo de los primeros cien días es la formulación de estas medidas, se necesita más tiempo para evaluar sus resultados.

El modelo no ha cambiado, el dinamismo se encuentra en minería y obras públicas, mientras agricultura e industria vienen rezagadas y el sector financiero se consolida como el que acumula más ganancias. La promesa del Gobierno es dinamizar la agricultura y ampliar el área de cultivo, mezclando la reivindicación de apoyo a las víctimas. La propuesta no es la de retomar al curso frustrante de los proyectos de reforma agraria, sino la de retornar al statu quo de los años 80 y resolver parcialmente el problema del despojo y el desplazamiento forzado, mediante la devolución de las tierras y la formulación de la Ley de Víctimas –la misma que tiene el mayor rechazo en el principal partido de Gobierno–. La posibilidad de un fracaso rotundo es fuerte y lo máximo que se tendrá será un apoyo a los nuevos cultivos de gran extensión de palma, caucho y cacao.

Empleo, la mayor promesa

El mejor uso de los recursos mineros es otra de las promesas que enfrenta serias dificultades. No se puede monetizar el conjunto de las exportaciones de petróleo y carbón, dado su impacto negativo en la tasa de cambio; por lo tanto, hay que esterilizar por fuera del país un paquete importante de recursos y diferir su uso productivo, lo que da tiempo para planificar mejor su destino.

El uso de esos recursos se encuentra concentrado en las regiones productoras y no sirve de instrumento general para apalancar el desarrollo de Colombia, lo que implica un trámite aún más complicado, el equivalente a una reforma constitucional en el uso de las regalías, que ya generó dos grupos regionales encontrados: los departamentos receptores en contra de la medida y el resto del país apoyándola. Cualquiera que sea el resultado, la estrategia sigue siendo la de volver a centralizar el uso de los recursos públicos y poner en duda la democracia descentralizada.

La mayor promesa se encuentra en el campo del primer empleo, la generación de 2,5 millones de puestos de trabajo y la formalización de 500.000 más. Es un compromiso a mediano plazo que requiere apoyo legislativo y una elevada promoción de la formalidad. Por diferencias conceptuales el trámite en el Congreso no ha avanzado, mientras no existe una estrategia general de cómo generar ese empleo, a menos que sea más de lo mismo, es decir, más personas saliendo a buscar trabajo, inventándose alguna actividad de rebusque y con ingresos precarios.

Los indicadores laborales de los tres últimos meses señalan la persistencia de tres fenómenos: a) incremento de la tasa de participación, con el ingreso al mercado de un mayor volumen de jóvenes atraídos por la promesa del primer empleo; b) mayor volumen de personas ocupadas y reducción del desempleo, producto de que salen al mercado inventándose una actividad de rebusque y subsistencia, que no es emprendimiento sostenible, y c) un aumento exagerado del subempleo, fiel reflejo de la baja calidad de los puestos de trabajo creados, la mayor parte como trabajadores por cuenta propia o de trabajadores familiares no remunerados, es decir, físico rebusque y ayuda familiar.

Las expectativas generadas son muy grandes y el trancón legislativo las está diluyendo. El cambio de tono no es suficiente, lo que se espera es más efectividad y cumplimiento de las promesas. En la coalición de Gobierno hay muchas piedras y se corre el riesgo de una mayor frustración.

Vea el artículo completo y el ‘Especial cine días de gobierno’ en: www.unperiodico.unal.edu.co

(Por: fin/Ricardo Bonilla González, profesor UN/feb&vbr
)
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