00

Los investigadores del CEA insistieron en crear un nuevo esquema para otorgar subsidios de vivienda que se ajuste a las necesidades de quienes los solicitan.

En el Claustro de San Agustín fue presentado el documento “Análisis académico de la experiencia”, en el que se discuten los resultados del Convenio Interadministrativo entre el CEA y el Banco Agrario.

El Convenio Interadministrativo CIA 11-5DG de 2011 involucró a especialistas del CEA en la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto de vivienda de interés social rural desarrollado por el Banco Agrario S. A.

El Centro de Extensión Académica (CEA) de la Facultad de Artes de la UN, efectuó la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto de vivienda de interés social rural desarrollado por el Banco Agrario S. A.,  a través del Convenio Interadministrativo CIA 11-5DG de 2011.

El Banco Agrario de Colombia S. A. es el responsable de dar los subsidios a la población rural que necesita vivienda. El proyecto consistió, entonces, en otorgar viviendas de interés social a personas en condición de desplazamiento, a resguardos indígenas y a comunidades afrodescendientes durante el año 2011. Buscaba beneficiar a cerca de 7.000 personas de diferentes municipios del país agrupadas en 145 asociaciones. Tras el acompañamiento y la evaluación de las solicitudes de estas asociaciones, se encontró que tan solo veinte de ellas cumplían con todos los requisitos para acceder al beneficio.

La labor del CEA consistió en evaluar si realmente estas asociaciones cumplían los requisitos de la convocatoria para asignar los subsidios. Pero el compromiso contractual con el Banco Agrario no solo contemplaba brindar un servicio de consultoría, sino también ofrecer una perspectiva académica del tema.

La UN, a través del CEA, emprendió el proceso de acompañamiento y evaluación de las solicitudes presentadas, para establecer cuáles cumplían con todos los requisitos exigidos y cuáles podían ser efectivamente habilitadas para recibir el subsidio.

Según el arquitecto Néstor Gómez, director técnico del convenio, el proceso realizado por la UN, en términos de la evaluación, fue exitoso, pues se calificaron y se verificaron los postulantes a los que se les adjudicaron los subsidios de vivienda de interés social rural. Diferente fue el resultado.

En este trabajo interinstitucional, el CEA aportó el recurso técnico, humano y financiero, para ofrecer al Banco Agrario una herramienta que facilitara el proceso de contratación para la oferta o la entrega de construcción de vivienda en el sector rural. Sin embargo, se determinó que existen niveles muy bajos para su aplicación porque las exigencias o los requisitos de los procedimientos no coinciden con la realidad de las necesidades de los beneficiarios.

Asimismo, los especialistas del CEA consideran que los reglamentos también necesitan algunas revisiones, mediante las cuales se podría aumentar la cobertura de estos procesos para así ampliar la política de aplicación de recursos para vivienda rural. “La población que se beneficia es extremadamente pequeña con relación al tamaño de sus necesidades, y el monto del subsidio que se entrega es insuficiente para atenderlos”, afirma Carlos Torres, director académico del convenio.

Por otra parte, la asignación de los subsidios y su ejecución puede extenderse hasta cuatro años, lo que dificulta que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda digna para los colombianos, como lo asegura Néstor Gómez: “No se logra satisfacer una necesidad inmediata y mucho menos las necesidades del conjunto de la población. Por lo tanto, sigue presentándose un rezago gigantesco en términos de lo que representan este tipo de soluciones”.

Muchos de los problemas detectados tras el estudio muestran claras fallas de tipo técnico. Así, en su mayoría, las viviendas ofrecidas son idénticas en todas las regiones, de modo que no se tuvieron en cuenta las condiciones culturales, poblacionales, geográficas o climáticas. Asimismo, la propuesta tecnológica de construcción es exactamente la misma, a pesar de la diversidad regional en términos de materiales y tecnologías.

Además, los beneficiarios de estos subsidios no cuentan con la suficiente participación en un proceso que les pertenece, que pretende ayudarlos y ofrecerles una alternativa a su difícil situación, pues esta se limita al aporte de documentación y la demostración de que efectivamente existe una necesidad.

Finalmente, tras el estudio de acompañamiento realizado por los especialistas de la UN, es posible concluir que se requiere una transformación radical de la política pública de subsidios de vivienda rural. “Es necesario construir otro esquema absolutamente distinto, partiendo de cero. El proceso actual se puede mejorar, puede ser mucho más eficiente, pero no garantiza que, efectivamente, más población pueda acceder al subsidio y, por lo tanto, a una vivienda adecuada”, afirma Carlos Torres, director académico del proyecto del CEA.