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Salud

Sobrecosto de medicamentos disparó gastos de las EPS

Un estudio de la UN muestra cómo el poco atractivo negocio de la seguridad social en salud se convirtió en el gran interés del sector cooperativo y de algunas cajas de compensación.

Bogotá D. C., 11 de julio de 2013Agencia de Noticias UN-

La salud dejó de ser el centro del sistema para convertirse en la excusa para captar millonarios dividendos por actividades paralelas.

La “privatización” de la seguridad social en salud fue un modelo extraño desde el mismo momento en que se discutió, en 1992, el proyecto que dio origen a la Ley 100. A diferencia del sistema pensional, en el cual los grupos económicos tenían un interés muy grande por administrar los seguros de vejez, invalidez y muerte, los grandes fondos no parecían mostrar interés en el negocio de administrar los servicios de salud. 

La razón tuvo que ver, tanto en Colombia como en República Dominicana –que adoptó un modelo similar en el régimen contributivo–, con la complejidad del negocio propuesto por los reformadores; su dudosa rentabilidad –dada  la baja prima por afiliado y la amplia cobertura del plan de beneficios–; la eliminación de
preexistencias y otras restricciones al uso de los servicios; y, sobre todo, la posibilidad de quedar sometidos a una estrecha vigilancia gubernamental. 

En ese entonces, los representantes del Ministerio de Salud, encabezado por Juan Luis Londoño, trataban de convencer a las empresas de medicina prepagada, existentes antes de la reforma, de convertirse en las nuevas empresas promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo. 

Finalmente, la Ley 100 las obligó, pues, de lo contrario, no podrían seguir comercializando sus pólizas o planes. Crearon, en consecuencia, un modelo de negocio enfocado en tener un cliente con dos seguros, el obligatorio y el voluntario, dirigido estratégicamente a la población de altos ingresos. Este hecho limitó seriamente su crecimiento. 

Surge el “negocio” 

Dada la poca cobertura inicial de estas empresas, procedentes de la medicina prepagada, surgieron rápidamente nuevas EPS. Estas no provenían precisamente del sector financiero, sino del cooperativo y de cajas de compensación, dos tipos de entidades que no pueden distribuir utilidades a sus dueños –por su condición legal de empresas sin ánimo de lucro–. 

Estas últimas entidades centraron su modelo de negocio en el seguro obligatorio, no en el voluntario, y pusieron todo su esfuerzo en afiliar millones de personas al régimen contributivo, por las cuales el sistema debía pagar una prima a través del Fosyga. 

Rápidamente fueron dejando atrás a las EPS de capital privado en lo que a número de afiliados respecta. Con el manejo de estas rentas millonarias, se ubicaron en muy pocos años entre las empresas más grandes del país. 

¿Cuál era el interés de estas organizaciones en entrar al negocio de aseguramiento y manejar billones de pesos de la seguridad social? Es la pregunta que no se formuló en los comienzos del sistema.  Sin duda, tal arreglo institucional, la creación de mercados con tales características de los aseguradores, iba a generar un tipo de incentivos específicos y efectos complejos en los servicios de salud que recibirían los ciudadanos.  

Rentismo y transferencia de precios  

En el estudio de la unidad de pago por capitación (UPC) para el año 2011, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia evaluó en detalle el gasto en salud, frecuencias y costos entregados por las EPS al Ministerio de Salud y a la Comisión de Regulación en Salud (CRES). 

Así, determinó la prima del sistema y encontró un desproporcionado incremento del gasto de las EPS del régimen contributivo (un 24% entre 2008 y 2009). El análisis detallado evidenció que un 79,1% del aumento lo explicaba el rubro de medicamentos. 

Al examinar la estructura del gasto en este ítem, se halló que las EPS que presentaban enormes sobrecostos eran entidades de carácter cooperativo y cajas de compensación que se caracterizaban por ser propietarias, al tiempo, de su red de prestadores y de las firmas que les suministraban los medicamentos. 

En su estudio, la UN concluye: 

“Se repite insistentemente que las EPS son un negocio de especulación financiera, del cual presuntamente se derivan ganancias a partir de retrasar los pagos a los prestadores y de poner a rentar estos recursos en el sector financiero, hecho que no es comprobable empíricamente con los estados financieros. 

”Por el contrario, la preocupación fundamental consiste en que algunas entidades sin ánimo de lucro, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, adoptan comportamientos rentistas en los cuales no interesa la utilidad de la EPS, sino la utilidad de los negocios derivados integrados verticalmente, como capitación con entidades propias, compra de medicamentos o insumos, servicios de ambulancias, lavanderías, celaduría y otros servicios generales. 

”La ausencia de control de los verdaderos dueños del capital sobre los administradores (los miembros de las cooperativas asociadas en una EPS pueden ser decenas de miles y no tener ningún control real sobre las entidades asociadas en entidades más grandes) permite que estos busquen rentabilidad en los negocios secundarios, que son mucho más grandes cuando se da la integración vertical. 

”Más aún, en su caso no opera la prohibición ética y explícita de las corporaciones insertas en el mercado internacional en el sentido de que los administradores no pueden jamás participar en ningún negocio de la empresa con interés personal. 

”En estos procesos de integración vertical con las empresas de la misma entidad o del consorcio o en los que participan los administradores o sus allegados, las compras de servicios, medicamentos o insumos quedan por fuera de mecanismos de mercado y sin competencia real de precios. Por tanto, no hay garantía de que las negociaciones se den a los precios óptimos. 

”Este comportamiento rentista, en lugar de llevar a controlar el gasto del POS, incentiva a aumentar los gastos en los servicios de los que se derivan ganancias, lo que significa una tendencia a incrementar los gastos de salud en la nota técnica de ambos regímenes”. 

En este punto parece haberse encontrado la relación entre el arreglo institucional con entidades sin ánimo de lucro que manejan las UPC y el consecuente comportamiento rentista. 

Como si esto fuera poco, las empresas privadas que manejan tanto el plan obligatorio como los voluntarios tampoco muestran interés en ahorrarle recursos al sistema, pues cargan los gastos de los afiliados al seguro obligatorio, hasta llegar a su tope, y derivan las ganancias por el seguro voluntario. Pero es que de tal arreglo institucional y el consecuente incentivo generado no podía esperarse otro resultado. 

Lea el artículo completo en UN Periódico n.º 167: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/sobrecosto-de-medicamentos-disparo-gastos-de-las-eps.html.

(Por: Fin/Félix León Martínez-CID/GAC/sup
)
N.° 532

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