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Los cultivos de los pequeños agricultores se arruinan con frecuencia por falta de riego.

Los proyectos son ejecutados en 51 zonas rurales del país, donde comunidades indígenas, afros, reinsertadas y desplazadas cultivan desde dos hasta 10 hectáreas de tierra.

Estudiantes de maestría y doctorado, ingenieros recién egresados y profesores forman parte de un equipo de trabajo que se mueve desde Nariño hasta Bolívar.

El 83,1 % de los pequeños productores no cuenta con infraestructura de riego.

Carlos Alfredo Salazar Molina, profesor U.N. Sede Medellín.

Para el diseño, los expertos han viajado a poblaciones como El Salado, en Bolívar, recordada por la masacre que perpetraron allí grupos armados, donde cultivan tabaco, ñame, yuca, plátano, entre otros productos. “Tuvimos que ‘trochar’ mucho, porque no teníamos contacto con los agricultores”, recuerda el profesor Carlos Alfredo Salazar Molina. También, llegaron hasta Córdoba, en el Quindío, donde las comunidades viven del banano, mora, aguacate y café.

No obstante, los diseños proyectados, cada uno con una inversión entre los 180 y 200 millones de pesos, impactarán a no menos de 20.000 hectáreas cultivables. Son modelos diferentes, debido a las condiciones del terreno, la distancia de la fuente de captación hídrica, la ubicación de las tierras y el tipo de cultivos.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N. Sede Medellín inició este ambicioso trabajo atendiendo una convocatoria del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) -hoy en liquidación- en 2015. El propósito es diseñar los sistemas mencionados para los pequeños cultivadores que afrontan la pérdida de cosechas debido a la falta de riego.

Este nuevo enfoque gubernamental apoyaría a la población agraria, si se tiene en cuenta que en el esquema anterior los agricultores debían contratar los estudios y, posteriormente, gestionar los recursos con el Incoder.

La tarea ha implicado traslados a otros sitios donde las sequías han arrasado con las esperanzas de campesinos. Municipios como Taminango y Cumbal, en Nariño, de Mesetas y Lejanías, en el Meta, o de Jericó y Boavita, en Boyacá, afrontan las más prolongadas temporadas de verano.

El mayor obstáculo para que la mayoría de pequeños agricultores cuente con esta herramienta es que, por lo general, resulta más costosa que el valor del terreno. De acuerdo con el profesor Salazar, un sistema pequeño de irrigación para una parcela puede valer entre 30 y 35 millones de pesos por hectárea, porque la fuente siempre está muy distante de los predios y su construcción se basa en tuberías de PVC, también de alto precio. El valor de una hectárea, entre tanto, puede oscilar entre 15 y 20 millones de pesos. De ahí que, sin ayuda del Gobierno, no podrían contar con esta importante herramienta.

Además de revisar la infraestructura vial, las áreas de cultivo y las posibles fuentes de captación hídrica, el trabajo de campo también contempla el análisis de suelos, el inventario de los cultivos, la climatología y trámites como el permiso de la respectiva corporación autónoma regional para la captación de agua.

Con esta información es diseñada la obra, las redes de conducción y los puntos de agua que serán entregados a cada usuario. Asimismo, se efectúan reuniones para socializar el proyecto e informar los costos que deben cubrir, los cuales equivalen al 10 % del valor total del proyecto.

De ahí en adelante, el cultivador decide si riega su parcela por el sistema de goteo, a través de mangueras con goteros insertados y la utiliza, por ejemplo, en cultivos de fresas; o por aspersión, que consiste en una tubería a presión.

Pequeños escollos

En el camino han encontrado algunos escollos. En una de las zonas visitadas en el Quindío, por ejemplo, el río Verde es una fuente de captación, pero existen solicitudes de concesiones para proyectos energéticos. Afortunadamente, en estos casos, el sistema de riego tiene prioridad sobre los proyectos hidroeléctricos.

Por otra parte, en algunas zonas de Nariño fue necesario postergar los desplazamientos dado los problemas de orden público presentados, en tanto que el paro camionero también obstaculizó otras visitas planeadas.

Hasta el momento, según el profesor Salazar, ya se cuenta con los primeros 14 proyectos en etapa de socialización con las comunidades y otros 28 avanzan en el diseño final. De cada uno de estos habrá un documento para la Agencia de Desarrollo Rural, encargada de ejecutar las obras.

Estos sistemas, concluye el profesor Salazar, aumentarán los ingresos de los agricultores en un promedio de uno a tres salarios mínimos, lo que, en su concepto, “no generará riqueza, pero sí sostenibilidad y tranquilidad para estas familias”.

La ejecución de sistemas de riego, como estos adelantados por la U.N., están incluidos en el Acuerdo Final, específicamente en el numeral 1.3.2.1., que determina: “con el propósito de impulsar la producción agrícola y la economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y ambientalmente sostenible al agua, el Gobierno nacional creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina familiar y comunitaria”.

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