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Economía & Organizaciones

Sistema pensional profundiza deuda con la vejez

A partir del 2014, las mujeres se jubilarán a los 57 años y los hombres a los 62, según nuevas disposiciones estatales.

Bogotá D. C., 06 de abril de 2011Agencia de Noticias UN -

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en Colombia la expectativa de vida de la mujer aumentó a 72 años y la del hombre a 75,3. Archivo Unimedios

Solo el 25% de la población colombiana mayor de 65 años disfruta de una pensión. Archivo Unimedios

En el 2010, 30.000 afiliados más que en el 2009 dejaron los fondos privados para ir al Seguro Social. Víctor Manuel Holguín/Unimedios

La incertidumbre sobre el nivel de renta que un trabajador podrá alcanzar en los fondos privados de pensiones condujo a que, en el 2010, más de 171 mil afiliados a dichas entidades se trasladaran al Seguro Social. Esto presiona las finanzas del Estado y agrava la protección de los más viejos en el país.

El tema pensional se situó nuevamente en el centro del debate a través del Plan de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, presentado al Congreso, en el que el Gobierno pretendió incrementar la edad de jubilación. El Artículo 96 señalaba: “Las personas que ingresen al Sistema General de Pensiones a partir de la vigencia de la presente Ley accederán a la pensión de vejez, así: los hombres a los 65 años y las mujeres a los 62”.

Esta norma fue derogada. En consecuencia, sigue vigente la medida de incrementar la edad de jubilación a partir del 1 de enero del 2014: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

A pesar de la modificación, el proyecto contiene aspectos importantes del sistema pensional. En el capítulo 3, “Igualdad de oportunidades para la prosperidad social”, el plan contempla disposiciones que tocan directamente el régimen pensional en lo referente a la administración de sus recursos.

Por ejemplo, al Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), el Gobierno le definirá la rentabilidad mínima que deberán tener sus patrimonios autónomos; en el artículo 95, “Mecanismos de protección a la vejez”, se estipula que para garantizar una relación proporcional entre el salario base de cotización y el salario base de liquidación de la pensión en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, “el Gobierno dictará medidas que permitan establecer dicha relación, teniendo en cuenta como mínimo el 50% del Ingreso Base de Liquidación y, en todo caso, la edad para tener derecho a la garantía de pensión mínima”.

En cuanto al sistema público o Régimen de Prima Media, la deuda que se origine entre los tiempos no cotizados o factores salariales sobre los cuales no se aportó “deberá calcularse actuarialmente teniendo en cuenta el valor final de la pensión reconocida y lo efectivamente cotizado. Esta deuda se distribuirá entre el empleador y el empleado en la forma prevista para las cotizaciones en el Sistema General de Pensiones”.

Otros dos artículos señalan que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) se eliminaría y sus reservas se trasladarían al Tesoro Nacional. Entre tanto, “el Gobierno nacional establecerá el régimen de organización y administración del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en atención a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, así como los requisitos que deben cumplir los afiliados para acceder a sus recursos, los cuales no podrán ser más exigentes que los previstos para la garantía de pensión mínima en el Régimen de Prima Media”.

Retorno al sistema público

Estas disposiciones hacen pequeños ajustes, pero también evidencian los graves problemas por los que atraviesa la protección al adulto mayor.

Desde otra perspectiva, tanto teórica como políticamente, hay que mencionar la deuda de solidaridad que se tiene con la tercera edad, en términos de ser un grupo que con su trabajo aportó a la construcción de la Nación. Adicionalmente, siguen contribuyendo al circuito económico a través de su consumo. Por tanto, la sociedad –de acuerdo con los ahorros acumulados por esta población– debe buscar mecanismos para saldársela.

Por el contrario, la política de protección social no ampara a quienes por su edad son abandonados o rechazados por el mercado laboral. Los ajustes ponen de presente, por ejemplo, que la garantía de pensión mínima establecida en diferentes disposiciones gubernamentales encuentra su justificación en que, en los fondos privados, las pensiones otorgadas giran alrededor del 40% del salario base de cotización, y cuando la afiliación está por debajo de tres salarios mínimos, difícilmente se alcanza una pensión igual a un salario mínimo legal vigente (SMLV).

La incertidumbre sobre el nivel de renta que un trabajador podrá alcanzar en las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), y la experiencia internacional de quiebre de algunas de estas, ha conducido a que un porcentaje substancial de afiliados hayan retornado al sistema público.

Esta situación condujo a la creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Decreto 142 de 2002), justificado en la idea de completar el capital de aquellos afiliados a las AFP que, al momento de retirarse del mercado laboral, no lograban reunir un ahorro suficiente para pensionarse con una mesada equivalente a un SMLV.

Antes de la promulgación de la norma, eran los fondos con su capital los que respondían por la pensión mínima. A partir del decreto, todos los afiliados de estas administradoras deben destinar el 1,5% de su salario para el funcionamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Ahorro de muchos en manos de pocos

La falta de fidelidad en las cotizaciones es uno de los graves problemas: el 30% de los afiliados pobres hacen dos cotizaciones cada cinco meses. Ello conlleva a que, al momento de jubilarse, la mayoría no cumplan con el número de semanas requeridas, por tanto, no pueden obtener la pensión y deben retirarse del fondo. Dicha entidad les devuelve lo ahorrado en su cuenta individual, pero no lo aportado al Fondo de Garantía, dinero que va a parar a las cuentas del Estado. Un asunto que requiere pronta solución en el plan de desarrollo.

El sistema de protección social al adulto mayor –construido sobre el aseguramiento– se deriva de la relación laboral. Un mercado de trabajo con alta informalidad y precariedad, y la existencia de un régimen de bajos salarios, explica por qué solo el 25% de la población colombiana mayor de 65 años disfruta de una pensión y los niveles pensionales del 70% de los jubilados están entre uno y dos salarios mínimos.

La alta rotación laboral (en el 2010 el 25% de los afiliados retiraron sus cesantías por finalización del contrato laboral) también hace que no se cumpla con el número de semanas requeridas para tener derecho a una pensión. Aumentar la edad es agravar aún más el problema de acceso a la cobertura de protección y, de paso, legislar en beneficio del monopolio de las AFP (seis fondos controlan el ahorro más importante de la economía: Protección, Skandia, CITI Colfondos, ING pensiones y cesantías, BBVA Horizonte), que podrán disponer por más tiempo del ahorro de los trabajadores colombianos.

La privatización del Sistema de Seguridad Social y lo acontecido en el Sistema Pensional, que puso a competir al Régimen de Prima Media con el de fondos privados, impactó las finanzas públicas. Las cuentas hacen mención a un déficit que, de acuerdo con las estimaciones de la ANIF, en valor presente es del orden de 160% del PIB, y para cubrir pensiones se requiere una cifra similar a lo recaudado por los impuestos como el IVA interno.

Posibles salidas

¿Cómo solucionar la baja cobertura de protección y los desequilibrios financieros que están presentes en el sistema pensional?

Con relación a la cobertura, necesariamente hay que desalarizar el sistema pensional. Las propuestas de una renta ciudadana para aquellos que han sido "víctimas" del mercado laboral y que por lo tanto afrontarán una situación de pobreza en la tercera edad, están al orden del día. Con recursos públicos se les puede otorgar, a quienes lleguen a la tercera edad y no tengan ningún tipo de pensión, un pago que les garantice una vida digna.

Esto implicará una discusión acerca de cómo debe ser asignado el presupuesto y cuáles son las prioridades de gasto; en últimas, una discusión de economía política que oriente sobre: a quiénes beneficiar con el gasto y, según la concentración del ingreso, quiénes son los que deben sufragarlo.

El tema de la sostenibilidad del sistema pensional ya ha sido sustentado en publicaciones como la Revista de la Escuela Nacional Sindical de 1997, así como el sistema de pilares en el cual será obligatoria la afiliación al Régimen de Prima Media.

A partir de tres salarios mínimos de ingreso, los trabajadores pueden continuar en el sistema público o elegir un fondo privado de pensiones para incrementar su mesada pensional. De ser aceptada esta propuesta, será objeto de formalización jurídica y de cálculos actuariales para hacer los ajustes pertinentes, una solución a la doble problemática que enfrenta la protección social al adulto mayor.

Lea este artículo también en http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/sistema-pensional-profundiza-deuda-con-la-vejez/

(Por: Fin/Óscar Rodríguez Salazar, del CID UN de Colombia/feb/lrc
)
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