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Salud

Sistema de salud, en contravía con la implementación del Acuerdo de Paz

Hasta el momento, en la etapa temprana de implementación del Acuerdo en Colombia las decisiones y prácticas no garantizan el derecho efectivo y desconocen las nuevas realidades de las comunidades en sus territorios.

Bogotá D. C., 23 de julio de 2019Agencia de Noticias UN-

Las EPS siguen presentando falencias en la prestación del servicio, especialmente en los niveles primarios de atención. Foto: Creative Commons.

En el posacuerdo las reformas sobre salud carecen de una articulación discursiva y práctica con la implementación de los acuerdos. Fotos : Agencia de Noticias - Unimedios

En el Acuerdo de Paz colombiano se plantea la rehabilitación psicosocial como parte de la política de reparación integral a las víctimas del conflicto.

La baja cobertura y la poca producción nacional de medicamentos son dos de las problemáticas en países como Angola y El Salvador.

En las áreas rurales es donde más se ha profundizado la exclusión de las comunidades al acceso a la salud.

A partir del análisis y la comparación sociopolítica de los procesos de paz en Angola, Guatemala, El Salvador y Colombia, se identificó que las reformas en el posacuerdo sobre salud carecen de una articulación discursiva y práctica con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En Colombia, tras la firma del Acuerdo el sistema de salud continuó con sus mismas fallas estructurales. Por ejemplo, las empresas prestadoras de salud (EPS) siguieron centrándose en la gestión del riesgo financiero y no en la prestación del servicio, falencias que se reflejan en los niveles primarios de atención, algunos por déficit de personal, entre otros problemas.

Alejandra Rojas, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirma que “aunque el Estado sigue planteando a las EPS como las articuladoras del sistema en los territorios, 27 años después la lógica mercantilista ha demostrado la imposibilidad de articular el aseguramiento, la prestación de servicios y la salud pública”.

La magíster menciona que aunque el Acuerdo colombiano es el que mayores propuestas encarna en materia de transformaciones estructurales de la sociedad, las disposiciones en salud-enfermedad-atención no cambian el sistema de salud.

Por ejemplo, el Acuerdo plantea la creación e implementación de un Plan Nacional de Salud Rural, un documento que, en su borrador, elaborado por el Gobierno anterior, pide ajustar la Política de Atención Integral en Salud a partir de la priorización de los 170 municipios contenidos en el Acuerdo, una propuesta sin mayor profundidad que seguirá reproduciendo las lógicas de desigualdad y exclusión que alimentaron el conflicto.

También se propone crear programas de prevención del consumo y salud pública en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la rehabilitación psicosocial como parte de la política de reparación integral a las víctimas del conflicto, pero estos aún no han tomado la fuerza que se necesita para concretarlos con la colaboración de la sociedad.

Según la investigadora, “dichos planteamientos requieren de la participación y el apoyo de distintas universidades en la dinamización de laboratorios de salud rural y de organizaciones sociales, a las cuales se les deben reconocer las iniciativas impulsadas durante el conflicto armado, ante la ausencia del Estado”.

La salud en conflictos históricos

En su análisis, la magíster observó que Angola, Guatemala y El Salvador también poseen modelos fragmentados bajo dinámicas mercantilistas de la salud; desentendimiento del Estado de las estrategias de la atención primaria en salud, que llevaron a que el primer nivel de atención recayera sobre las iniciativas de la Iglesia católica, las ONG y las propias comunidades, como el Frente Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado.

A lo anterior se sumó la desfinanciación crónica del sistema; la centralización financiera, administrativa y profesional en los principales centros urbanos; la baja cobertura; la baja producción nacional de medicamentos; la prevalencia de enfermedades transmisibles y materno-infantiles; y el desconocimiento de los saberes ancestrales, tradicionales, étnicos y populares.

El modelo de salud reproducía las lógicas racistas y profundizaba las desigualdades sociales, económicas y políticas. Ejemplos de ello se evidencian en que, a pesar de las ya precarias condiciones para el acceso a la salud en las áreas rurales –que profundizaba la exclusión de estas comunidades–, el conflicto imposibilitó de manera definitiva el acceso, por medio del ataque a los puestos de salud y de la destrucción de vías de acceso, entre otros.

Dichos modelos fragmentados se anclaron en medio de conflictos internos de más tres décadas, como ocurrió en Guatemala, país que puso fin a esta guerra civil en 1996; en Angola, con una duración de 26 años hasta 2002; y El Salvador, que finalizó el enfrentamiento bélico en 1992, tras 12 años de conflicto.

“El análisis de los tres casos permitió establecer que no identificar las medidas de salud en los acuerdos de paz es un hecho que responde al vacío que existe en cuanto a políticas públicas y a la carente reflexión del papel de la salud en la construcción de la paz”, comenta la investigadora, y señala que Colombia todavía está a tiempo de realizar una transformación estructural.

Para que dicho propósito sea posible se requiere, al menos, darle prioridad a la necesidad de construir de manera articulada una política de salud para la paz teniendo en cuenta las medidas establecidas en el Acuerdo final; el desarrollo de dicha política en relación con la construcción de verdad, reparación y garantías de no repetición; y una reflexión frente a la concepción del territorio en el que se construyen diversos modos de vida.

(Por: fin/DGH/dmh/LOF
)
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