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El panel se centró en analizar el primer punto de los acuerdos: reforma rural integral.

El profesor William Chavarro, de la Facultad de Ciencias Económicas.

De las 101 millones de hectáreas que tiene el país, 74 millones hacen parte del registro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Los segundos ocupantes (de buena fe) tienen medidas de salvaguardia si deben salir de la tierra, señala la sentencia C-330.

Un total de 87 millones de hectáreas en el país tiene declaratoria de protección o conservación.

En la actualidad, falta el 27 % de la información catastral rural del país, señaló en el pasado mes de mayo el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Juan Antonio Nieto Escalante; además, el 63 % de la información restante no está lo suficientemente actualizada.

En todo caso, no basta con que la información catastral dé buena cuenta de la dimensión de cada hectárea rural  del país, sino que además esta sea, en términos del economista y columnista Salomón Kalmanovitz, un catastro multipropósito, soportado en información como ubicación exacta (coordenadas donde inicia y donde termina), uso del terreno, potencialidad de la tierra, entre otros.

Así lo concluyeron expertos durante un panel organizado por la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), dedicado a analizar la ley de restitución de tierras, catalogada como transversal en el desarrollo del conflicto armado colombiano.

Esta ley tiene los dientes para superar una de las mayores problemáticas que suscita la restitución de tierras, que es la de los segundos ocupantes. Sin embargo, quienes están en el interior del proceso sostienen que, en la propia operatividad, esa falta de información catastral atenta contra su efectividad en el mediano y largo plazo.

Al corte del 5 de septiembre, había 23.530 beneficiados con fallos de restitución, entre más de 90.000 reclamantes. Muchos de ellos han elevado sus querellas a partir de información de tierras que poseían en sitio, que iban desde un palo de mango hasta tal o cual punto de una piedra.

Para el panelista y profesor Fabio Leyva, del Centro de Pensamiento para el Desarrollo Rural y director del Grupo de Investigación de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental de la U.N., uno de los grandes desafíos es lograr la total claridad de la potencialidad, no solo de las tres millones de hectáreas de las que habla el fondo de restitución, sino de otros terrenos; pues las oportunidades de desarrollo van ligadas a su articulación con modelos productivos como infraestructura, dinámicas de mercado, entre otros.

Hoy se sabe, por las estadísticas del DANE (2014), que la sobrexplotación de la tierra ronda el 15,6 %, en tanto que la subutilización está por el orden del 13,1 % en el país.

La reciente sentencia C-330 de la Corte Constitucional (junio de 2016), obliga a los jueces, en el proceso de restitución, a dictar medidas complementarias a los segundos ocupantes, de tal manera que cuando se le entregue la tierra a la víctima restituida, aquellos tengan alguna salvaguarda. No obstante, enfatiza Aura Patricia Bolívar, la abogada de la U.N. y consultora en materia de restitución de justicia, que si la gente no sabe cuál es su predio, el tamaño, dónde está, el uso y potencialidad, será muy difícil dar pasos seguros hacia la paz.

Hay una diferencia entre la estructura agraria catastrada y la frontera agraria real o intervenida por diversas actividades o no productivas. En la primera, señala el profesor William Chavarro de la Facultad de Ciencias Económicas, entre 2000 y 2011, hubo una aparente redistribución de la tierra que avanzó entre 5 o 6 puntos porcentuales de la mediana propiedad frente a la gran propiedad (más de 2.000 hectáreas). Pero al analizar la frontera real, se deduce que la mediana propiedad ha avanzado menos que la gran propiedad.

Ello, concluye el profesor, puede ser un indicio de que haya pequeñas propiedades pertenecientes a una misma persona, que el catastro actual no es capaz de detectar.