Ciudad & Territorio
Seguridad, prioridad en proyectos de vivienda
Más allá de la normativa que se ha impulsado para regular la calidad de las construcciones después de la tragedia del edificio Space en Medellín, están la ética y la idoneidad para garantizar viviendas seguras.
Bogotá D. C., 27 de marzo de 2019 — Agencia de Noticias UN-Este fue el tema de debate en el programa Observatorio de Gobierno Urbano que se transmite por UN Radio, en el que participaron los profesores Fernando Viviescas y Camilo Ríos Fresneda, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
Para el arquitecto Viviescas “toda vivienda debe cumplir con el concepto de seguridad, la calidad en la construcción y los principios del urbanismo. La vivienda es el refugio del ser humano y la base de la construcción de sociedad”.
Por su parte el profesor Ríos considera que “una vivienda segura, además de ser el refugio humano, también pasa por el cumplimiento de las normas de calidad, algo que antes no pasaba. Las personas confiaban la construcción de las viviendas a alguien que les recomendaban, pero muchas veces se trataba de personas que no cumplían con los requisitos; ahora nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables porque infortunadamente el mercado está disperso y algunos actores no actúan de buena fe, por lo que se presentan accidentes”.
Por ello el Ministerio de Vivienda, mediante el Decreto 282 de 2019, reglamentó las medidas de protección al comprador de vivienda nueva, incorporadas en la Ley 1796 de 2016. De esta manera, se establecieron los requisitos mínimos que debe acreditar el constructor, las responsabilidades ante un suceso trágico y se establece un plazo de diez años después a la expedición del certificado técnico de ocupación.
Sin embargo la normativa se fortalece cada vez que sucede una tragedia. Por eso “el primer Código de Construcción Sismo Resistente comenzó en la década de los 80, luego se dio la Ley 400 de 1997, que fue la base de la norma sismorresistente de 1998 y ahora tenemos la Ley 1796 de 2016”, recordó el profesor Ríos.
¿Cuáles son los principales cambios?
El arquitecto Viviescas señaló que “Bogotá pasó de tener 2.000 hectáreas construidas a más de 50.000, y ante el auge de esta rama, el error fue dejar que los constructores tuvieran el control, por eso la norma y el decreto establece las responsabilidades y los mecanismos de amparo, es decir cómo le van a responder al comprador, además de pólizas de seguro”.
El profesor Ríos complementó afirmando que los supervisores técnicos profesionales independientes se fortalecieron, porque deberán revisar el trabajo de quien diseña, construye y emite el certificado técnico de ocupación.
Es muy importante definir la calidad y el buen uso de los materiales, porque a veces se baja la calidad o se utiliza menor cantidad que lo recomendado para obtener mayor ganancia, lo que puede terminar en tragedias. Así sucedió con el Space en 2015, o en Armenia, donde después del terremoto de 1999 se dieron cuenta de que las columnas de las casas no tenían hierro sino guadua.
Finalmente quedaron dos preocupaciones: la primera es la normativa para controlar la construcción ilegal o informal, y la segunda es ¿quién va a pagar el costo de esos seguros?
Ante el primer interrogante se señaló que el problema no es solo de la informalidad, sino que muchas veces los legales tampoco cumplen con los mínimos establecidos, y ya se demostró la vulnerabilidad a los sismos, a las malas construcciones y al fuego. Frente a la segunda, es muy posible que sea el comprador quien asuma el costo.
(Por: fin/CJSR/MLA/LOF)N.° 55