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Se comparan las acciones positivas de la jurisprudencia colombiana y la española

Un nuevo estudio de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UN en Medellín facilitará el análisis comparativo entre la jurisprudencia colombiana y la española, en especial con aquellas “acciones positivas” que ha realizado la Corte Constitucional de Colombia, sustentadas en el artículo 13 de nuestra Carta.

Medellín, 11 de febrero de 2009Agencia de Noticias UN–

Fotos: Óscar Efraín Ortega- docente UN

Este artículo sostiene que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

Según el profesor del Departamento de Ciencia Política, Gerardo Durango, “para esta investigación cobra vital importancia la segunda parte de este artículo, en especial el mandato constitucional de equiparación y nivelación de la discriminación a la que se ven sometidos social, política, económica y jurídicamente aquellos grupos vulnerables como las mujeres, los afrocolombianos, los indígenas y los desplazados, entre otros”.

El enfoque de este trabajo se concentra en analizar de qué manera el Estado colombiano ha buscado reparar aquellas discriminaciones de facto y de derecho a las que han sido sometidos estos grupos sociales y los cuales, por sus condiciones históricas, sociales o culturales, han estado relegados.

De acuerdo con Durango, uno de los mecanismos para compensar la discriminación es la denominada Ley de Cuotas, “con la que se busca paliar una exclusión histórica de la mujer en la participación política y en los accesos a los cargos públicos”.

Otros ejemplos de nivelación de grupos infrarrepresentados son las recientes sentencias de la Corte que hace reconocimiento a los derechos jurídicos de los homosexuales y la jurisprudencia sobre los desplazados y por medio de la cual se obliga al legislador a atender y destinar, de manera urgente, recursos para este grupo poblacional.

Esta investigación, denominada Inclusión, evolución y desarrollo de las acciones positivas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, deberá estar concluida en doce meses, periodo en el que se espera aportar al análisis y estructurar un proyecto de ley estatutaria antidiscriminatoria en el país.

“Queremos, en lo posible, realizar una discusión o conllevar a una construcción de una propuesta teórico-académica, con los grupos que vienen trabajando en Colombia en la elaboración de una ley estatutaria que prevenga, elimine y erradique toda acción discriminatoria”, puntualizó el profesor Durango.

(Por: Fin/ae/feb
)
N.° 391

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