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Retorno de familias desplazadas presenta varios escollos

Carencia de atención en salud, en educación, inconformidad en el diseño de sus viviendas, así como altos niveles de pobreza se perciben entre las familias desplazadas de Las Palmas (Bolívar), luego de retornar a sus tierras en 2014.

Bogotá D. C., 17 de junio de 2016Agencia de Noticias UN-

Las familias retornadas a Las Palmas aún afrontan dificultades para tener acceso a la educación y la salud.

En Colombia existen alrededor de seis millones de desplazados.

El diseño de las viviendas, que tendrán las familias retornadas a Las Palmas, no atiende las expectativas de los beneficiados.

Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. y coautor del estudio.

La herramienta para hacer el diagnóstico de la situación se desarrolló a través de un convenio entre la U.N., y el Departamento Nacional de Planeación.

Esta situación fue identificada mediante la aplicación de una herramienta desarrollada a partir de encuestas y entrevistas a estos grupos familiares, quienes volvieron a su territorio luego de haber sido desplazados por paramilitares.

La herramienta se diseñó a partir de un convenio interadministrativo suscrito por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), a través del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID), y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de identificar las necesidades de la población desplazada y lograr una integración exitosa. 

El estudio adelantado con la población de la vereda de Las Palmas, en San Jacinto (Bolívar), ofrece un insumo esencial para que el país pueda hacer efectiva la restitución de tierras. Además, se constituye en un soporte para el trabajo de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad de Víctimas (Uariv). 

La herramienta fue desarrollada desde diferentes metodologías e instrumentos como encuestas, entrevistas y experimentos, que permiten obtener una fotografía de los procesos de retorno o reubicación que debe llevar a cabo la población desplazada. 

Funciona como una matriz de medición para el diagnóstico del estado de la comunidad basado en seis dimensiones: capital social, capacidades, percepciones en términos de identidad y arraigo, seguridad y acción y desigualdad sin daño por parte de las autoridades. 

Para validar la herramienta fue necesario comparar hogares conformados por población retornada, con hogares de comunidad vulnerable, que viven alrededor del municipio de San Jacinto. 

“Esto nos permitió obtener una visión paralela, hacer una prueba estadística y determinar qué población estaba en mejores condiciones.  Así, se hizo un diagnóstico que sirve de guía para las intervenciones que las autoridades realicen en el futuro”, explica Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. y coautor del estudio. 

Peleas judiciales 

Los investigadores establecieron que el sentido de pertenencia aún permanece vigente y las relaciones de confianza se mantienen desde que la población decidió regresar. Sin embargo, todavía perciben distancia respecto a su territorio, debido a la situación de desplazamiento. 

Los mayores retos fueron evidentes en el acceso a los derechos sociales. Aunque tienen garantizado el acceso a la salud y educación, los integrantes de la comunidad deben trasladarse alrededor de 15 kilómetros para llegar al casco urbano de San Jacinto, donde está la escuela y el hospital. Debido a esta situación el retorno real a la vereda solo se ha hecho efectivo por pocos miembros de la familia. 

Otro de los aspectos que destacan los investigadores es sobre el proceso de titulación de tierras, el cual está tomando más tiempo del esperado. Además, hasta ahora todo lo que han conseguido ha sido a través de procesos de judicialización y demandas. 

Tal es el caso del puesto de salud y solo luego de que la Corte dictara sentencia, el municipio estuvo obligado a enviar un médico algunos días para atender a la población. 

“Son logros, pero se han obtenido a través de peleas judiciales. Esto parece complicado, porque estamos en un momento en que necesitamos que la relación entre la comunidad y las autoridades fluya”, sostuvo el investigador. 

Un detalle de gran relevancia fue el tema de la vivienda. Si bien la asignación de un techo para cada familia está en curso, las personas reclaman que se debió hacer una consulta comunitaria sobre cómo querían que fuera su casa. La comunidad, por sus costumbres, prefiere una vivienda rural con amplios patios y cocina exterior, pero recibirán una con la estructura tradicional de las casas de interés social. 

De igual manera, pese a que la población tiene coberturas de subsidio, el nivel de pobreza e indigencia sigue siendo alto. En el primer caso fue del 78,1 % y en el segundo de 71,9 %. Ante esto, el estudio recomienda considerar diferentes tipos de intervenciones, puesto que la población solicita ofertas laborales y proyectos productivos que les permitan permanecer en su tierra y disminuir el nivel de informalidad, que a largo plazo puede afectar el éxito del proceso de retorno.

Si bien los retos que se evidenciaron en Las Palmas serán diferentes a otros presentados en cualquier vereda que reciba a una comunidad retornada, estos insumos permitirán examinar y monitorear los procesos de integración y servir como mapa de ruta para que las intervenciones sean exitosas. 

Según la Unidad de Víctimas existen alrededor de seis millones de desplazados en el país que esperan volver a sus tierras luego de la firma del acuerdo de paz e implementación. Después de soportar la privación de sus derechos sociales y la vulneración a las aspiraciones de construir su propio proyecto de vida, los desplazados deberán afrontar los retos que implica retornar a su territorio con las garantías necesarias. 

(Por: fin/UNP/MLA/APBL
)
N.° 954

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