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El reclutamiento forzado ha sido una práctica reiterada a lo largo del

desarrollo del conflicto armado interno en Colombia.

Niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a la guerra mediante

mecanismos como la coacción, el constreñimiento o la persuasión.

Las cifras exactas sobre el impacto que ha tenido este flagelo aún son

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó Sergio David Ruano Domínguez, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien examinó la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido víctimas de reclutamiento forzado, y la gran complejidad a la que se enfrentan al momento de optar por una reparación.

Con ello se buscaba demostrar que el proceso de reintegración tanto para adultos víctimas de reclutamiento forzado (quienes siguen en los grupos armados) como para quienes logran desvincularse antes de cumplir la mayoría de edad, serían rutas insatisfactorias para reparar un delito considerado como “crimen internacional”, sobre todo en la efectividad de garantías de no repetición.

A partir de ese objetivo, el investigador evaluó el alcance de las medidas aplicadas en el modelo fragmentado de Justicia Transicional en Colombia, tanto en la vía administrativa como en la judicial, para proponer a partir de ello la implementación de medidas de reparación con vocación transformadora en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Inicialmente revisó estándares internacionales de reparación, en los cuales encontró que aunque existen algunos para otros delitos, específicamente para reclutamiento forzado no existen antecedentes, y que prácticas en las que se recogen teorías disponibles no funcionan como fórmula adaptable a todos los países y conflictos.

Además hizo una revisión histórica de los procesos de reclutamiento forzado en las principales guerrillas que han tenido presencia de NNA en sus filas durante los últimos años –como el ELN, las FARC y las AUC–, analizando cómo funcionaban esos procesos y cómo cambiaron a lo largo del tiempo, entre otros aspectos.

Evaluó también el modelo de reparación existente, examinando los programas de reparación de indemnización por vía administrativa de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la ruta medidas de restitución de derechos del ICBF: el programa de reintegración de la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN), y lo desarrollado por el Acuerdo con las FARC para NNA víctimas de reclutamiento forzado. Estas medidas se compararon con la experiencia del proceso de justicia y paz.

Junto a esto se analizaron los principales retos y oportunidades en materia de reparación del delito de reclutamiento forzado, el desarrollo de la JEP y el alcance de la decisión del juez transicional para atacar causas estructurales como la inequidad, para evitar la nueva comisión del delito.

Identificación de víctimas, un problema

La investigación demostró que el proceso de caracterización de víctimas del delito de reclutamiento forzado es complejo e incierto, a pesar de los grandes esfuerzos del Centro de Memoria Histórica en ese sentido.

“De esta manera, pensar que existe algún chance de lograr un efectivo reconocimiento de responsabilidad de los reclutadores también es complejo”, señala el estudio.

Respecto a las medidas de reparación vía indemnización de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el análisis se enfocó en los ambiciosos y poco descontextualizados objetivos de cobertura de la situación económica del país, lo que lo llevó a la desfinanciación.

Hoy, sobre el delito de reclutamiento forzado solo se ha logrado algo más de un 25 % de efectividad de las indemnizaciones. Esto se agrava, ya que solo faltan dos años para que se acabe la vigencia de la Ley de Víctimas, por lo cual sería urgente ampliarla.

Para el investigador, tanto la política pública de reparación como las medidas empleadas en Justicia y Paz son complicadas e insuficientes. Además, aunque ambas muestran un interés por lograr garantías de no repetición a partir de construcción de tejido social que ataque las causas que hacen a los niños vulnerables de ser reclutados –como la pobreza y el abandono estatal–, este riesgo aún existe por cuenta de nuevos grupos armados.

“Precisamente lo que debería buscar la JEP es alcanzar esas garantías de no repetición mezclando las medidas propias de justicia transicional con algunas que afecten la política pública para prevenir el reclutamiento”, concluye el magíster.