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Reclusos y autoridades construyeron comunidad en Gorgona

Aunque no era explícito en las leyes, las dinámicas diarias indican que la comunidad se dividía en dos grupos: los condenados y quienes estaban libres: autoridades y empleados.

Medellín, 27 de junio de 2018Agencia de Noticias UN-

La Isla Prisión Gorgona tenía capacidad para 960 prisioneros. Foto tomada de: bit.ly/2JHkXeH

Durante su funcionamiento, la prisión recibió principalmente a condenados a 12 años o más por homicidio. Foto: cortesía Silvia Luz Gutiérrez Sánchez.

La prisión se situó en la Isla Gorgona, en el Pacífico colombiano. Foto tomada de: bit.ly/2MrlFhZ

La investigación tuvo en cuenta fuentes documentales, testimoniales y archivos privados. Foto: cortesía Silvia Luz Gutiérrez Gómez.

Como parte de la investigación también se elaboró el organigrama de la prisión. Foto: cortesía Silvia Luz Gutiérrez Sánchez.

Silvia Luz Gutiérrez Gómez, estudiante de la Maestría en Historia de la U.N. Sede Medellín. Foto: Unimedios

Así lo afirma la estudiante Silvia Luz Gutiérrez Sánchez, de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín, quien analizó el funcionamiento de la Isla Prisión Gorgona desde sus inicios hasta su clausura.

La investigación estableció que tanto reclusos como empleados civiles y policías tuvieron que adaptarse a un nuevo entorno entre 1960 y 1984, cuando funcionó la prisión, asociada con tres momentos relacionados con contextos históricos del país como la violencia bipartidista y el surgimiento del Frente Nacional.

“La cotidianidad de los empleados consistía en un símil de lo que podía ser su vida en el continente: tenían una casa que podían habitar con sus familias, cumplían horarios y se desplazaban hacia un sitio de trabajo. Sin embargo tenían ciertas limitaciones como salir o entrar de la Isla a su antojo, para lo cual era necesario un permiso especial, que de alguna manera limitaba su condición de personas libres”, recuerda la estudiante Gutiérrez.

“En cuanto a los presos, también había una división clara: aquellos especiales, que tenían la posibilidad de sentirse como hombres libres y construir espacios autónomos, y los que no podían hacerlo”, agrega.

La Isla Prisión Gorgona se administraba bajo tres tipos de poderes: el orden, la vigilancia y la rehabilitación, de lo que se encargaron el director, el administrador, los profesores, el capellán y el médico.

Espacios flexibles

Las relaciones entre los grupos sociales que habitaron la Isla estuvieron asociadas al contexto normativo regulador, por formas de violencia y de vigilancia. Sin embargo, “la norma era burlada permanentemente, lo que garantizaba que los espacios de libertad fueran flexibles; por ello, la calidad de ‘libre’ o de ‘preso’ se desdibujaba”, expone la investigadora.

El sitio también era un tipo de colonia agrícola penal, caso particular ya que solo se dejaron condenados en segunda instancia a 12 o más años por homicidio y su vigilancia estaba a cargo de la Policía Nacional.

Respecto a otros resultados, la investigación halló dos censos educativos, que “al compararse dan cuenta de la disminución en índices de analfabetismo de los reclusos y coincide con la reducción de indicadores de analfabetismo nacionales, que para el final de los años setenta se estimaban en 15 %”, asegura la estudiante de maestría.

Atada al contexto nacional

La investigación establece que la Isla Prisión Gorgona representó algo más complejo que privar de la libertad a los condenados mediante el destierro, pues también tuvo que ver con el contexto nacional de entonces: la nación que concibió la prisión es precisamente la que inició el Frente Nacional, bajo el liderazgo del presidente liberal Alberto Lleras Camargo.

En agosto de 1977 se presentó el proyecto de Ley 28 que proponía el cierre oficial, pero quienes se opusieron argumentaban que el espacio era necesario para recluir miembros de grupos insurgentes que empezaban a conformarse como las FARC, el ELN y el M-19.

También se creó el Decreto Legislativo 18 del 7 de febrero de 1979, por medio del cual Gorgona recibió presos por subversión y delitos asociados con el narcotráfico, y en 1984 el Decreto 1695 permitió el envío de condenados por secuestro y extorsión. Finalmente, otro decreto de 1985 la clausuró.

El estudio empleó fuentes documentales del Archivo General de la Nación y del Juzgado de Guapi (Cauca), el cual no se había utilizado antes en investigación; ediciones del Diario Oficial publicadas entre 1958 y 1985, documentos privados de la familia D'Croz, del capellán Isaac Bello Sánchez; escritos del primero de los 19 directores que tuvo Gorgona como isla prisión y artículos de la prensa nacional.

Además, la investigadora realizó 26 entrevistas a personas que tuvieron relación directa con la Isla, quienes permitieron conocer detalles de la vida cotidiana.

El estudio construye con varias fuentes la historia de la única isla prisión que ha tenido Colombia. Además cuenta qué pasaba allí antes de ser prisión, lo cual es otro aporte importante, pues es un fragmento de la historia no explorado desde la disciplina”, concluye la investigadora.

(Por: Fin/KAGG/MLA/LOF
)
N.° 821

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