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Desarrollo Rural

Proyecto de Ley de pesca se quedó corto

Aunque el país necesita una legislación fuerte para consolidar el desarrollo de la pesca y la acuicultura, también debe centrar su atención en regular la explotación de especies tradicionales, favorecer la pesca artesanal y fomentar la industria.

Bogotá D. C., 01 de abril de 2016Agencia de Noticias UN-

Cada colombiano consume cerca de cinco kilos de pescado al año, muy por debajo del promedio mundial, de 18 kilos.

Para 2014, según datos reportados por la FAO, la producción nacional fue de 167.000 toneladas (entre pesca extractiva y productiva), frente a las 158 millones de toneladas que se obtuvieron en el mundo.

Aproximadamente, un 1,5 millones de colombianos derivan su sustento de la actividad pesquera en forma directa o indirecta, tanto extractiva, artesanal e industrial.

Profesor José Igor Hleap, de la Facultad de Ingeniería y Administración Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Palmira.

Con la nueva Ley el Gobierno pretende prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.

Así lo afirma el profesor José Igor Hleap, de la Facultad de Ingeniería y Administración Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Palmira en un artículo de análisis publicado en la reciente edición de UN Periódico, en relación con  el proyecto de Ley 117 de 2015, a través del cual el Gobierno pretende prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.

Dentro de los tres puntos principales que la propuesta contempla se encuentra la definición, según la doctrina internacional, sobre pesca ilegal; el diseño de un procedimiento especial para aquellos pescadores que cometen delitos; y un cambio en torno al término de 36 horas para poner a disposición de un juez de control de garantías la tripulación infractora.  Esta nueva ley logrará que el plazo sea contado desde que se arribe a puerto.

Según el experto, es indudable que la pesca cumple un papel social importante para el país. Aproximadamente, un 1,5 millones de colombianos derivan su sustento de la actividad pesquera en forma directa o indirecta, tanto extractiva, artesanal e industrial.

Sin embargo, las condiciones de vida y el nivel de ingresos de quienes viven de ella son inequitativos. Por eso, la ley que se tramita en el Congreso debe asumir esta situación y contemplar alternativas que favorezcan la actividad pesquera (especialmente la artesanal), a través de la creación de mecanismos que permitan desarrollar una pesca sustentable, manejable en el tiempo y sostenible.

En el caso de la acuicultura, existe una situación compleja, debido a la falta de ordenamiento y normas que regulen esta actividad. En efecto, se han presentado enormes pérdidas por sobreproducción en algunas represas, lo cual redunda en grandes problemas ambientales y enormes pérdidas materiales. Por tanto, para evitar futuros problemas ambientales de gran envergadura, es imperioso que la nueva legislación considere ambos aspectos.

Otro factor que resulta esencial es el costo de los insumos, alimentos, combustibles, artes de pesca, embarcaciones, etc., que desborda la capacidad real de los pescadores y acuicultores nacionales. Por tanto, es necesario crear un mecanismo de carácter gubernamental que facilite el acceso en condiciones favorables.

Respecto al manejo poscaptura o poscosecha, no existen estaciones técnicamente adecuadas y suficientes en el país para el acopio y almacenamiento de la pesca capturada. “Esto ha significado grandes pérdidas económicas, especialmente para los pescadores artesanales”, afirma el docente.

En ese sentido, resulta prioritaria la creación de una verdadera red de acopio con disponibilidad de frío adecuado, que garantice el manejo óptimo de este insumo alimenticio. Además, debe estar sustentada por las normas ISO y HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, por sus siglas en inglés), para garantizar un producto de excelentes cualidades nutricionales e higiénicas que posibiliten su exportación, lo que redundaría en beneficios para los pescadores y acuicultores nacionales. 

Más valor de los subproductos 

De acuerdo con el análisis escrito por el profesor José Igor Hleap, una nueva ley de ordenamiento pesquero también debe contemplar la creación de empresas de procesamiento, que ofrezcan al consumidor productos de valor agregado.

Se estima que entre el 40 % y el 50 % de los recursos de origen hidrobiológico son desaprovechados, lo cual genera enormes problemas ambientales, como contaminación, epidemias y enfermedades que afectan las comunidades.

“Esta condición se mitigaría con empresas de base tecnológica que permitan transformar los subproductos en materias primas o productos terminados, como alimentos para el ser humano y animales, medicamentos, productos técnicos, cosméticos, artesanías, etc. De esta forma, se logrará una mayor actividad pesquera y acuícola, un mejor control ambiental y considerables ingresos económicos para las comunidades involucradas en este tipo de actividades”, destaca.

Por eso, en su opinión, para que Colombia registre un crecimiento importante en la actividad pesquera y logre desarrollos de alta incidencia en la región, como los alcanzados por algunos países vecinos, necesita altos niveles de industrialización.

Para ello, “el país debe aprovechar la oportunidad y diseñar una hoja de ruta que le permita alcanzar este propósito, a través de la ley establecida en el Congreso”, concluye.

Lea el artículo completo en UN Periódico.

(Por: Fin/JIL/dmh/APBL
)
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