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Protección infantil en Bogotá, un castigo para las madres y familias pobres

En las instituciones o centros de protección infantil se les ofrece a los niños atención y buenas instalaciones; sin embargo cuando son retirados de sus familias, muchos sienten el internamiento como un castigo para ellos y sus familias.

Bogotá D. C., 10 de noviembre de 2017Agencia de Noticias UN-

La investigación se realizó con familias del sur de Bogotá. Fotos: Ovidio González.

A las familias pobres se les considera como culpables de su situación.

Los niños perciben el internamiento como un castigo para ellos y sus familias.

El Estado debería garantizar condiciones dignas para familias de bajos recursos.

Los niños son alejados de sus hogares por condiciones de precariedad.

Esta fue una de las conclusiones de la investigación doctoral realizada por Clara Carreño, doctora en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien explica que la institucionalización es una medida legal a la que agentes del Estado colombiano recurren cuando consideran que los derechos de un niño están en riesgo.

No obstante este proceso legal acentúa el control y la vigilancia sobre las madres, especialmente, para exigirles condiciones ideales para sus hijos, pese a su precariedad económica y a la exclusión que viven.

La investigación –dirigida por la profesora Marta Zambrano– indagó por los distintos significados que le atribuyen a la protección infantil institucional todos los actores involucrados: agentes del Estado, madres, familias y niños.

Con este fin, entre 2012 y 2014 se realizó un trabajo etnográfico en un centro de protección infantil de Bogotá, con organizaciones y familias de los barrios Caracolí y Mirador (localidad de Ciudad Bolívar), El Socorro (Kennedy) y Granjas de San Pablo (Rafael Uribe Uribe). El estudio incluyó revisión documental, observaciones, entrevistas y otras metodologías cualitativas.

Allí se encontraron situaciones paradójicas que viven los niños cuando están internados en estos centros, como por ejemplo la satisfacción temporal de las necesidades como alimentación, vivienda, acompañamiento pedagógico y recreación, pero por otro lado perciben como un castigo las rutinas, los horarios y las restricciones, y ven el centro como una cárcel, por lo que esperan volver con sus madres y familias.

Según explica la doctora Carreño, “retirando los niños del lado de sus familias, y vigilando a las madres –en especial–, el Estado pretende restablecer los derechos que no ha sido capaz de garantizar de forma integral para toda la población”.

“Esta hipervigilancia estatal es especialmente vivida por las familias del sur de la ciudad, aquellas que viven la crudeza del desempleo, la ausencia de oportunidades, la reducción de sus ingresos económicos... en suma, el sufrimiento de la desigualdad”, confirma la doctora Carreño.

En la investigación, las madres aparecen como los actores familiares que más disputan el internamiento de sus hijos con las instituciones del Estado. Muchas veces ellas solas hacen todo lo posible para que sus hijos regresen. Así, cumplen con los documentos y certificados que les exigen, e incluso cambian (o fingen cambiar) situaciones de su vida privada.

Esto demuestra que en la ciudad las madres son las responsables definitivas del cuidado infantil, y terminan siendo las reales garantes de los derechos de los niños. Lo anterior a pesar del principio de corresponsabilidad que la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) le exige al Estado, a la sociedad, y por extensión a los sectores productivos.

“El Estado actual no actúa para crear condiciones que reparen y dignifiquen la vida de las familias más empobrecidas. Esto porque el modelo neoliberal lo ha trasformado para que se dedique a controlarlas y vigilarlas, ya que considera la pobreza como el resultado de precarios esfuerzos individuales, ocultando la responsabilidad de un modelo económico que nos ha empobrecido y ha acentuado la desigualdad”, añadió la investigadora Carreño.

En el estudio también se encontró que los niños entienden la situación de manera implícita: “conocen que el Estado vigila principalmente a las madres cabeza de familia, a las que tienen hijos de distintos padres, a las que trabajan en largas jornadas con poco apoyo social y familiar, las que viven en los barrios pobres”, comenta la experta.

De esta manera, pese a que el Código de Infancia y Adolescencia reconoce a los niños como sujetos de derechos, cuando están internados o protegidos en los centros, su agencia se limita y se restringe su protagonismo.

(Por: fin/VC/dmh/LOF
)
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