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Educación

Pospenados, foco de estudio de nuevo centro de pensamiento de la UNAL

El Centro de Pensamiento Pospenados (CPPP) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) buscará una política integral, el diálogo abierto, la formación ciudadana en política criminal, la creación de proyectos integrales y la consideración de los pospenados como sujetos políticos con derechos y deberes.

Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2020Agencia de Noticias UN-

El trabajo base del Centro de Pensamiento Pospenados (CPPP) se hará inicialmente en Bogotá y Medellín, pero luego se ampliará al resto del país. Fotos: Unimedios.

Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho de la UNAL, dice que se debe superar una búsqueda de venganza a actos cometidos y caminar a la justicia restaurativa.

Humberto Vergara, director del CPPP, dice que la idea es hacer una crítica al concepto de delito y complejizar los conflictos sociales.

“No todas las personas que cometen delitos terminan en una prisión, y no toda la sociedad se representa en las cárceles” afirma Olga Espinoza de la Universidad de Chile.

Según Edna Camelo, investigadora del CPPP, no hay seguimiento ni estadística frente a la realidad pospenitenciaria.

Teniendo en cuenta los altos niveles de reincidencia, su pregunta central es si las cárceles funcionan, si son centro de profesionalización de la delincuencia y sustento del poder de las bandas criminales, o si les dan a las personas herramientas psicológicas, educativas y laborales para reconstruir su proyecto de vida personal y social.

Según el abogado Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho de la UNAL, “esta iniciativa interdisciplinaria planteará nuevas soluciones a través del litigio estratégico, cuestionando la venganza como forma de castigar un crimen y creando un camino de discusión política, restauración social, ética y cultural. Los pospenados no solo han sido los que sufren los procesos, sino de lo que sucede intra, extramural y la reincorporación en la vida social”.

Subrayó además que “aunque la resocialización de las personas penadas era un propósito de la Constitución, hoy eso es cuestionable; el papel de la academia no se limita a formar profesionales, sino que es la encargada de dar las discusiones sobre si las políticas, las leyes y los procedimientos funcionan como deberían”.

Sobre este punto, el doctor en Derecho Humberto Vergara, director del CPPP, indica que “la reincidencia es alta precisamente porque en las cárceles ya no se crean los procesos de resocialización y no existe una política pública a esta población, y las iniciativas se reducen a proyectos aislados y desarticulados”.

Agrega que “en Colombia la población carcelaria ronda las 120.000 personas y el escenario es que el principal apoyo son las familias, cuando no se han roto los lazos. Según el Ministerio de Justicia entre marzo y noviembre de 2020 unas 36.000 personas salieron de la cárcel, pero no hay un seguimiento de qué hacen o cuál es su nivel económico”.

Por su parte la representante a la cámara Juanita Goebertus indicó que “si bien desde 2014 existe una ley que obliga a tener un plan nacional de política criminal, este no se da; aunque se tiene un borrador con tareas como hacer estudios, no incluye la toma de decisiones”.

Explica además que “en los congresistas es común responder a su grupo de interés con el populismo punitivo, con creación de agravantes o basándose en el derecho penal, pero se sabe que a mayores penas no hay menor comisión de delitos. El sistema se debe orientar a que haya justicia efectiva y capacidad real de investigación como componente disuasivo; las discusiones duras –como la de cadena perpetua– no se elevan al Consejo de Política Criminal, que lleva más de un año sin reunirse porque las discusiones se delegan a los comités técnicos”.

Justicia restaurativa

El expresidente Ernesto Samper considera que “el país vivió un retroceso en su política criminal con el cambio de un sistema de presunción de inocencia a uno acusatorio, en el cual se negocia la justicia a través de testigos y denuncias que llevan al concepto de presunción de culpabilidad”.

También aclara que “con la justicia transicional del proceso de paz se vuelve a pensar en una justicia restaurativa, que pone el foco en que la población carcelaria es heterogénea, por lo que una sola política criminal para todos tampoco es el camino”.

Olga Espinoza, coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, subraya que “no todas las personas que cometen delitos terminan en una prisión, y no toda la sociedad se representa en las cárceles. Uno ve algunas condiciones de marginalidad y exclusión como las socioeconómicas, étnicas, o el género. La cárcel es un continuo, incluso antes de cometer delitos por esa marginalidad. Lo que se debe buscar es que la persona se instale de manera positiva en la sociedad no solo en educación, deporte o trabajo, sino que tenga incidencia en mejores condiciones de vida”.

En su opinión, los países latinoamericanos no pueden “darse el lujo” de no hacer políticas por los pospenados, si se tiene en cuenta el estigma de los antecedentes penales, la reducción de la capacidad de valerse por sí mismo y buscar cómo potenciar esas capacidades para construir ciudadanos de la forma más amplia posible.

(Por: fin/AMV/MLA/LOF
)
N.° 299

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