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Políticas públicas no promueven innovación tecnológica

Este año se espera la aprobación de la Ley 165 de 2016 para incentivar las ciencias por medio de las empresas spin-off. Aunque es una buena noticia, el país todavía carece de políticas públicas diferenciadas, pero a la vez coordinadas, que permitan dar el salto definitivo hacia una competitividad que genere el desarrollo que tanto se espera.

Bogotá D. C., 14 de junio de 2017Agencia de Noticias UN-

Políticas públicas no promueven innovación tecnológica.

Llevar a cabo la necesaria relación Empresa-Universidad-Estado requiere del incremento en recursos financieros y humanos para investigación.

Las empresas spin-off aprovechan el conocimiento generado de las investigaciones para avanzar hacia una innovación tecnológica.

Se necesitan instituciones inclusivas adecuadas, capaces de albergar científicos y equipos interdisciplinarios que permitan desarrollar CTi.

Profesor emérito Horacio Sánchez, de la Facultad de Ingeniería de la U.N.

En un artículo de análisis publicado en la edición 209 de UN Periódico, el profesor emérito Horacio Torres Sánchez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), afirma que en Colombia la investigación en ciencia, tecnología e innovación (CTi) ha tenido un proceso lento por decisiones políticas que responden a una visión de corto plazo, que no le da la importancia vital que esta requiere.

En su opinión, el país está perdiendo los pocos pero significativos avances en nuevo conocimiento con productos de investigación susceptibles de innovación tecnológica, porque las políticas públicas sobre productividad y competitividad –entendidas como pilares del desarrollo nacional– están aisladas de las políticas en CTi, lo cual desconoce el principio fundamental de que la innovación es inherente a la investigación.

Al respecto señala que “la desacertada decisión política de unir en un solo sistema nacional la productividad y la competitividad con el sistema de CTi excluye el hecho de que cada uno tiene sus propias dinámicas y deben estar separados pero armonizados y coordinados”.

En su artículo el docente menciona que el Informe Nacional del Consejo Privado de Competitividad 2016-2017 muestra que no se ha avanzado en la dirección correcta, y aunque la debilidad institucional y la corrupción son los principales desafíos que enfrenta el sector público colombiano para cumplir la visión a 2032, los principales lastres siguen siendo la dicotomía entre los dos sistemas y la pobre financiación de la CTi.

Al respecto, escribe, entre las recomendaciones del Consejo que merecen ser destacadas se encuentra: “implementar la política de CTi y garantizar su financiamiento en el mediano plazo”. Sin embargo, existen otras que parecen desenfocadas, como “desarrollar programas departamentales de CTi que especifiquen las áreas de trabajo prioritarias para las regiones”, pues una investigación de este tipo no tiene fronteras políticas. El fraccionamiento de recursos con una visión política departamental conduce a políticas incomprensibles con serias consecuencias en los pilares de productividad y competitividad.

 

Legislación no ayuda

Para el profesor Sánchez, llevar a cabo la necesaria relación Empresa-Universidad-Estado requiere, además del incremento en recursos financieros y humanos para investigación, la creación de instituciones inclusivas adecuadas, capaces de albergar científicos y equipos interdisciplinarios que permitan desarrollar CTi para impulsar modelos de fortalecimiento de la investigación y la transferencia de tecnología.

En su concepto, la investigación y la innovación deben analizarse como procesos de largo plazo de apropiación, construcción y creación autónoma de conocimiento, que se realizan con el propósito de avanzar en la solución de problemáticas propias, lo cual genera resultados visibles y comunicables que son susceptibles de contrastación académica y de validez social y consecuentemente se proyectan de manera positiva hacia la productividad y competitividad de un país.

“Las leyes nacionales vigentes son uno de los factores que inciden de forma negativa en el proceso de gestión tecnológica y no armonización entre sistemas, ya que, por ejemplo, no permiten que investigadores de universidades públicas creen, conjuntamente y con apoyo financiero del Estado, empresas spin-off para aprovechar el nuevo conocimiento generado de las investigaciones que bien pueden servir para avanzar hacia una innovación tecnológica a través de licenciamientos, acciones en las empresas y contratos de joint venture (empresa conjunta), entre otros”.

El profesor Sánchez concluye su análisis señalando que es fundamental que las universidades adecuen su cultura y sus reglamentaciones para invertir y llevar a la realidad la acción de una política pública que promueva la innovación tecnológica.

Lea el artículo completo en UN Periódico

(Por: fin/UNP-HST/dmh//LOF
)
N.° 948

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