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Políticas de reintegración no son efectivas sin reconciliación

Algunos de los procesos de desmovilización del país se ven afectados porque las comunidades receptoras son ajenas a la etapa de reinserción.

Bogotá D. C., 20 de mayo de 2019Agencia de Noticias UN-

Algunas veces las comunidades receptoras son ajenas a los procesos de reinserción. Fotos: archivo particular

A pesar del acompañamiento psicosocial, se obvian elementos básicos como las referencias personales y laborales para buscar empleo.

Según la ACR, en 2017 se registraron 59.391 personas desmovilizadas.

La integralidad implica intervenir tanto al desmovilizado como al sujeto, a su grupo familiar y a la comunidad en la que se asentará.

Uno de los grandes avances de esta política fue facilitar el acceso a los sistemas de salud y de educación.

Este es uno de los hallazgos de la investigadora Paola Sanabria, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), al que llegó después de analizar la Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PRSE).

La PRSE es un plan de Estado y de sociedad con visión de largo plazo, que entre 2008 y 2016 buscó promover la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes sociales del Estado y a las comunidades receptoras.

Al respecto, la magíster considera que esta política debería tener entre sus postulados el cambio de comportamiento de las comunidades receptoras, pues aunque los desmovilizados logran transformar sus hábitos y adaptarse a las normas establecidas en sus nuevos ámbitos laborales y personales, deben continuar ocultando su pasado.

“La reacción de empleadores, vecinos y compañeros de estudio, entre otros, al saber que en su entorno hay un desmovilizado, tiende a ser desfavorable y a generar en estos últimos miedo y distanciamiento de dichos ámbitos cuando su pasado sale a la luz”, comenta.

Después de revisar sentencias y realizar algunas entrevistas con exfuncionarios de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la investigadora concluye que estas políticas desembocan en simples procesos de reinserción y no de reintegración.

“Tanto el excombatiente como la comunidad receptora se sienten extraños frente al otro y no se dan interacciones profundas ni se genera una identidad común”, advierte.

Por otro lado la política no diferencia a los desmovilizados por el tiempo que permanecieron vinculados al grupo armado ilegal, factor que determinaría su propensión a retomar las armas o la dificultad que enfrentan a la hora de adaptarse a las reglas de la vida civil.

Según cifras del sistema de información para la reintegración de la ACR, en 2017 se registraron 59.391 personas desmovilizadas de grupos armados ilegales que entre 2003 y junio de 2017 se presentaron para iniciar el proceso de reintegración.

De estas, 50.706 fueron certificadas e iniciaron exitosamente la ruta de la reintegración, pero 8.685 (15 %) no ingresaron a la ACR ni iniciaron el proceso porque no cumplían los requisitos del programa “voluntad de desmovilizarse” o por negarse a colaborar con el desmantelamiento del grupo armado.

Intervención integral

Uno de los mayores retos que enfrenta la reintegración en Colombia para ser realmente exitosa es desarrollar una intervención pública integral, no solo como gobierno de turno, sino como política de Estado a largo plazo.

“La integralidad implica intervenir tanto al desmovilizado como al sujeto, a su grupo familiar y a la comunidad en la que se asentará”, indica. Además considera fundamental construir competencias ciudadanas para que el desmovilizado comprenda e interiorice sus nuevos derechos y deberes.

También es importante que desarrolle sus habilidades no solo para que pueda reconciliarse con su ciudadanía, sino para que sea capaz de generar ingresos económicos.

“Aunque con el acompañamiento psicosocial se busca transformar los comportamientos y costumbres de los desmovilizados, se obvian elementos básicos que cualquier otro sujeto ya tiene superados, como las referencias personales y laborales a la hora de buscar trabajo, la costumbre de estar en una oficina por muchas horas, o el vocabulario que se debe utilizar en un entorno laboral”, comenta la investigadora.

Por eso considera que el acompañamiento estatal debe ser constante, con una red institucional sólida, cuerpos judiciales más eficientes y las unidades especializadas en el manejo de desmovilizados para lograr un cambio de mentalidad tanto en esta población como en la sociedad en general, o al menos en su comunidad receptora.

Sin embargo no todo es negativo, pues uno de los grandes avances de esta política fue que intentó sustituir los incentivos de la guerra facilitando el acceso a los sistemas de salud y de educación y desarrollando convenios con el sector privado para ofrecerles empleo a los desmovilizados.

Aunque la PRSE ya no está vigente, la investigadora considera que es pertinente aprender de los resultados obtenidos hasta 2016 y evaluar la Política de Reintegración actual para evitar que después de la firma del Acuerdo de Paz los desmovilizados abandonen el proceso y retomen las armas.

(Por: Fin/DGH/MLA/LOF
)
N.° 263

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