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Política pública que protege a moradores, incluida en el POT de Medellín

El morador, más que un sujeto de necesidades, debe ser visto como un sujeto de derechos y reconocido por su relación con el territorio, las capacidades y las condiciones en las que se encuentra.

Medellín, 02 de mayo de 2017Agencia de Noticias UN-

Durante el proceso se realizaron mesas interinstitucionales. (Fotos: cortesía proyecto formulación Política Pública de Protección a Moradores)

Recorrido por Naranjal.

Conversación sobre la Política Pública de Protección a Moradores con Jesús Aníbal Echeverry, presidente del Concejo de Medellín.

Taller formativo con comunidades afectadas.

En el proceso participaron personas de las juntas de acción comunal y juntas administradoras locales.

El puente de la Madre Laura es un proyecto de infraestructura que impactó las comunas 4 y 5 de Medellín. (Foto: Cortesía EDU)

Así lo explica Análida Rincón Patiño, profesora de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) y coordinadora del proyecto.

La política pública formulada para moradores de Medellín fue presentada por la Facultad de Arquitectura de la U.N. Sede Medellín a través de la Escuela de Planeación Urbano Regional, mediante un contrato interadministrativo con el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.

”Se trata de un proceso pionero a nivel nacional e internacional, incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad”.

Según la docente, para la ciudad representa una oportunidad, puesto que propone una comprensión y aplicación del ordenamiento territorial desde los derechos individuales y colectivos, el desarrollo humano y la participación.

Con esta visión, se realizaron talleres formativos con habitantes afectados y potencialmente impactados por obras de infraestructura, planes de renovación urbana o macroproyectos contemplados en el POT.

En el proceso también participaron juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y concejales, entre otros. En total, se vincularon alrededor de 1.600 personas.

Trabajo con la comunidad

Para llegar a esta política, entre julio de 2016 y marzo de 2017 se ejecutaron actividades con comunidades de Naranjal (zona objeto de un plan parcial de renovación urbana), habitantes del complejo habitacional Ciudadela Nuevo Occidente (parte del Plan Parcial Pajarito), pobladores afectados por el puente de la Madre Laura, el tranvía de Ayacucho, el túnel de Oriente y Occidente y Moravia, entre otros.

Proyectos de este tipo pueden afectar a los habitantes por desestructurar relaciones familiares, vecinales y barriales y generar pérdida de viviendas, alterando sus proyectos de vida.

Según la docente Rincón Patiño, la formulación de la política pública se fundamentó en tres ejes. El primero es el restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida, que tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de la vivienda como patrimonio sociofamiliar y económico.

El segundo es la participación activa e incidente, relacionada con proteger redes sociales y organizativas que se han construido en el territorio, y la tercera se refiere a la coordinación y los acuerdos de la institucionalidad para implementar la política.

Durante la formulación, se elaboró un protocolo como propuesta de protección a moradores en las diferentes fases de los proyectos de intervención desarrollados en territorios de la ciudad.

La docente plantea que “persisten unos retos para la política pública, como generar conocimiento y apropiación de los resultados de la formulación a nivel de ciudad y empezar a concretar experiencias de protección a moradores”.

La fase siguiente consiste en realizar estudios de caso para analizar la financiación; luego, se adoptaría la política pública, lo que se tiene proyectado para el primer semestre de 2018.

(Por: Fin/KAGG/MLA/MAFB
)
N.° 676

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