Política de tierras: sorpresa, desconcierto y temor - UNIMEDIOS: Universidad Nacional de Colombia
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Análisis

Política de tierras: sorpresa, desconcierto y temor

El entorno político para restituirles dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados por paramilitares y narcotraficantes no promete muchos cambios.

Bogotá D. C., 21 de octubre de 2010Agencia de Noticias–

Foto: Unimedios

Mientras los que se benefician de esta situación sigan formando parte del poder, continuará ampliándose la concentración de la propiedad y las “nuevas bandas”, como las caracterizan los encargados de proporcionar disfraces al paramilitarismo, seguirán en su tarea.

Nos hemos acostumbrado a denominar “modelo” a ciertas regularidades en las decisiones económicas y políticas que se han impuesto sobre nuestras vidas, y las hemos aceptado de manera desprevenida como guías en la orientación de las relaciones sociales. De hecho, a finales del año pasado, un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación a propósito de la concentración de la propiedad rural y los desplazamientos forzados asociados a ella, señala que el “modelo de desarrollo agropecuario aplicado en el país” está en contradicción con el estado social de derecho establecido en la Constitución. Como veremos, las regularidades de nuestro sistema económico y político poco tienen de deseable y, por el bien de la mayoría de los colombianos, deben ser modificadas en las políticas del Estado.

¿Cambios de estilo?

Después de dos periodos de ejercicio en el poder parecen evidenciarse fisuras en las alianzas que configuraron el régimen político, y las propuestas en torno al control de la propiedad agraria podrían hacerlas manifiestas. Poco antes de culminar su campaña presidencial, el entonces candidato Juan Manuel Santos expresó la intención de devolver las tierras a las víctimas del despojo. Luego de iniciarse su mandato, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha insistido en este ofrecimiento, acompañado de la presentación de un proyecto de ley para reglamentar esa devolución. El Ministro ha insistido en no calificar este instrumento como “reforma agraria”, y juiciosos analistas coinciden con la advertencia; no obstante, las condiciones del campo y las expectativas generadas en la transición de gobierno han suscitado percepciones que no corresponden a los alcances de los anuncios del nuevo régimen.

Estos se han enfocado en la restitución de predios abandonados, amparada en las iniciativas legales para el ordenamiento territorial y la devolución de las tierras a las víctimas. Ante la magnitud de los problemas para los cuales se plantean dichas soluciones, los anuncios han generado sorpresa y algún desconcierto en el país, estimulados por manifestaciones de temor ante las amenazas que puedan esgrimir quienes resulten afectados por una política de tierras que pretenda el desmonte del despojo. También incide en la sorpresa la coincidencia entre los pronunciamientos del nuevo gobierno y la reaparición de los reclamos agrarios en ámbitos internacionales, circunstancia que amerita reflexión por los acaecimientos que podría alcanzar en las definiciones de la evolución de nuestros conflictos rurales.

Pasos en el entorno

El pasado mes de mayo, la cancillería del Gobierno de Brasil acogió la iniciativa de la FAO de realizar una consulta a organizaciones campesinas de América Latina sobre la tierra y el derecho a la alimentación. La consulta continuó otra realizada también en Brasil, pero en el 2006, sobre reforma agraria. Las expresiones de las comunidades sobre estos temas giraron en torno al debilitamiento del acceso a los alimentos, en particular para las poblaciones de menores ingresos en todo el mundo.

Un tema destacado en los debates de este año fue la denominada extranjerización de tierras agrícolas en países de África, Asia y América Latina, en la cual grandes empresas de economías poderosas, China entre ellas, adquieren derechos en esas naciones para desarrollar extensos proyectos de producción de alimentos y materias primas para sus mercados, agravando las vulnerabilidades alimentarias de los países en donde se establecen tales proyectos, como puede llegar a ocurrir en nuestra nación. Estas circunstancias han encendido las alarmas en medios políticos y académicos, como lo expresa la compilación de Clacso, Recuperando la tierra.

Tierras y agriculturas en Colombia

La distribución de la propiedad agraria en nuestro país tiene una larga y difícil trayectoria que no podemos dejar en el olvido: durante los intentos modernizadores de las primeras décadas del siglo pasado, tomó fuerza la búsqueda de una democratización de reparto agrario, pero fue ahogada en sangre durante la guerra interior de los años 1950–1960. El propósito intentó renacer en el marco de las tímidas reformas planteadas por la Ley 135 de 1961, para luego ser aplastado de nuevo por las acciones del paramilitarismo, en representación de las alianzas de viejos y nuevos terratenientes y empresarios agrícolas alimentados por el narcotráfico.

En la década del 90, el tema retornó en la Ley 160 de 1994, cuando coincidían los comienzos de la “apertura” comercial con la masificación de ingresos de los capitales del narcotráfico, los cuales encontraron en los mercados de tierras un espacio favorito para su legalización. Esta coincidencia resultó particularmente gravosa para la liberalización comercial debido al encarecimiento de los precios de la tierra. La propuesta del Banco Mundial, una de las instituciones con mayor injerencia en la política comercial, consistió en apoyar la desconcentración de la propiedad agraria ya no por la vía de la intervención estatal, a través de instituciones creadas a propósito como fue el caso del Incora, sino mediante los “mercados de tierras”. La iniciativa fracasó, al tiempo que se exacerbó la concentración de la propiedad, gracias a los capitales del narcotráfico y a las bandas de civiles armados al servicio de los hacendados. Estos nuevos ingredientes del latifundismo reforzarían su poder político, el cual marcó su impronta en la dirección del Estado, llegando a controlar entre otras instancias a la propia cabeza del Ejecutivo y parte importante del Congreso.

La persistencia de la gran propiedad y de los factores asociados a ella sirvió de escenario al surgimiento de una modalidad de desarrollo agropecuario con antecedentes en el país, pero que habría de reforzarse gracias a la convergencia del narcotráfico y el paramilitarismo. En efecto, a la parálisis de la ya débil reforma agraria sustentada en la Ley 135 de 1961, vino a agregarse la crisis agrícola de los años 90, en la cual resultaron profundamente afectadas la mediana y pequeña agricultura productora de alimentos.

Estas circunstancias, ocurridas a nivel mundial como resultado de decisiones de los centros del poder sobre la localización de la producción agrícola y la reconfiguración del comercio de materias primas y alimentos, incidieron en la desaparición de más de 700 mil hectáreas de cultivos en Colombia durante esa década.

El agravante en nuestro país es que este proceso ha sido el resultado no solamente de políticas de asignación de recursos, sino de la acción de intereses empresariales aliados con el Estado en la destrucción de comunidades campesinas y la usurpación de sus tierras para dar cabida a las “agriculturas de plantación”. Lo ilustran los hechos en Urabá, la cuenca del Atrato, el occidente de Córdoba, Cesar y Meta, durante los últimos 15 años, al tiempo que los recursos públicos para el fomento de la agricultura tomaban el rumbo de una atención excluyente para las agriculturas empresariales.

Estas decisiones dieron como resultado el desplazamiento masivo de comunidades y extensos procesos de apropiación de sus tierras, que han puesto a Colombia en los niveles mundiales más altos con relación al destierro de su población, beneficiando no solo a la agricultura de plantación, sino también a grandes proyectos mineros, energéticos y de infraestructuras, que se apoyan en los sistemas vigentes de apropiación y control de la propiedad.

Con ello se amplían los efectos de la guerra y se retroalimentan sus factores causales.

La imposición de un “modelo” de desarrollo sustentado en grandes dominios territoriales encontró apoyo en condiciones institucionales, jurídicas y políticas generadas de manera paralela y representadas por el establecimiento y aplicación de normas favorables a la legalización de la propiedad de tierras usurpadas, logradas gracias a las correlaciones de fuerzas en el poder legislativo. A ellas se añaden: el subregistro de las transacciones catastrales; procedimientos como la revocatoria de títulos sobre propiedades otorgados por Incora/Incoder, las cuales son reasignadas a nuevos beneficiarios; el establecimiento de contratos previstos por ley, como es el caso de las “alianzas productivas”, que según la experta Yamile Salinas contrarían el mandato constitucional al poner en riesgo el patrimonio de los campesinos beneficiados por titulaciones, e igualmente se agregan fallos de extinción de dominio y compras forzadas de deudas hipotecarias sobre predios rurales.

A todas estas prácticas se suman las limitaciones de la legislación derivada de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, la cual, “dada la precariedad en la tenencia de la tierra y el testaferrato, puede contribuir a ‘normalizar’ la apropiación y usurpación ‘ilegal e ilegítima’.

Cambios en la agricultura y en la propiedad de la tierra

Lo ocurrido desde comienzos de la década de 1990 hasta el presente ha sido el afianzamiento de la tendencia hacia la concentración de la propiedad rural, documentada en varias fuentes. Un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y  la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) indica que en el 2002 las fincas con más de 500 hectáreas controlaban el 61% de la superficie predial y pertenecían al 0,4% de los propietarios. Estas condiciones se han agravado entre el 2000 y el 2009, en particular a partir del 2005: la propiedad de la tierra rural se concentró aún más, en el 56,6% de los municipios, lo que elevó el coeficiente mencionado en un 2,5%.

Coinciden las conclusiones del Banco Mundial, el IGAC y las recientes intervenciones del Ministro de Agricultura, al señalar cómo la reducción de las superficies sembradas ha afianzado la subutilización de la tierra en Colombia.

Según la primera de estas fuentes, “solo el 30% con aptitud agrícola es utilizada para este propósito [...] en tanto que el doble del área adecuada para pastos es dedicada a la ganadería”. En este mismo sentido, el estudio IGAC–Corpoica señala cómo de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, escasamente se están utilizando poco más de 4 millones, pero frente a los 19 millones aptas para ganadería, se han dedicado 39 millones a pastos, con un hato de 24 millones de cabezas.

Todas estas circunstancias dan como resultado la pérdida del potencial productivo en estas áreas, la agudización del empobrecimiento de los moradores y su emigración, en la medida en que la mano de obra excedente debe buscar trabajo en las demandas temporales de las zonas aledañas de agricultura campesina, en los mercados más alejados de la agricultura comercial, en las demandas ocasionales de trabajadores no calificados en los mercados urbanos, en la ampliación de infraestructuras viales, en la explotación de recursos del subsuelo o en la ampliación de la frontera agraria, incluyendo las labores de los cultivos proscritos.

La distribución de la tierra: “punta del iceberg”

Ante las propuestas gubernamentales cabe escepticismo: en nuestro caso –y no somos excepción– la propiedad de la tierra es una expresión de las relaciones de poder. Las experiencias no muy lejanas de los retornos de algunas comunidades desplazadas no han hecho cosa distinta que escenificar de nuevo el destierro y el despojo. Mientras los beneficiados de esta situación y de los recursos del Estado continúen formando parte del poder, continuará ampliándose la concentración de la propiedad y las “nuevas bandas” –como las caracterizan los encargados de proporcionar disfraces al paramilitarismo– seguirán en su tarea, tal como han señalado los defensores de derechos humanos.

En el entorno político actual no son de esperar cambios en los procesos de expropiación de los pequeños y aún medianos productores agrarios, como puede desprenderse de la intención de eliminar la Unidad Agrícola Familiar (UAF), categoría en la cual se apoya la economía campesina como base para la asignación de recursos de fomento. Una redefinición democrática de la estructura de la propiedad será el reflejo de cambios en las relaciones de poder, en la representación política de los distintos sectores que conforman la sociedad, y serán resultado de la ampliación de las organizaciones populares, rurales y urbanas, y de la continuidad de sus acciones y alianzas.

(Por: fin/Darío Fajardo, Ex representante (e) de la FAO/feb/lrc
)
N.° 10

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