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“Hay unos pasivos ambientales y sociales muy fuertes en el municipio”, Nohora León.

Nohora León, directora del IDEA de la UN. - Unimedios

Este trabajo es un convenio del IDEA e Ingeominas. - Archivo Particular

El estudio, que tardó menos de un año de investigación y que contó con el respaldo de Ingeominas, estuvo bajo la coordinación de Nohora León, directora del IDEA de la UN, y establece que existen modelos diferenciales de uso del suelo, ya que cada actor tiene una lógica distinta de apropiación y de su uso. Asimismo, revela que faltan decisiones de fondo por parte de las autoridades competentes, bien sea frente al otorgamiento de licencias o frente a la imposición de sanciones.

Además, destaca que dilemas como estos se deben a la desarticulación de los lineamientos de ordenamiento territorial, minero y ambiental que confluyen en el municipio.

También señala que existe una relación de dependencia-dominancia entre mineros y comunidades locales que evita la manifestación de la mayoría de conflictos, pues muchas familias derivan su sustento de la extracción minera. Finalmente, señala que hay una asimetría en el ejercicio del poder y en el acceso a la información entre grupos sociales.

“Los resultados obtenidos, sin duda, muestran que hay conflictos, como la contaminación y los daños a los acuíferos, que están asociados a la presión de la actividad extractiva. Pero hay otros con características profundamente sociales e institucionales”, asevera León.

A este respecto, las cifras son bastante claras: del 64% relacionado con problemas ambientales, el 13% corresponde a “alteración de cuerpos de agua” y el 11%, a “inestabilidad del terreno por piscinas, paso de volquetas y otras actividades mineras”.

Con respecto a la problemática institucional (18%), el 39% corresponde a la “debilidad institucional”, mientras que el 26%, a la presencia de “normativa contradictoria”. Y del 15% de los elementos socioeconómicos en disputa, el 24% son por “deterioro de la infraestructura de servicios públicos”, mientras que el 17% lo son por “acumulación de escombros en lugares no permitidos”.

Trabajo de campo

De acuerdo con León, esta investigación tuvo una doble motivación: “en primera instancia, por tratarse de una minería que está atada al sistema urbanístico de Bogotá, la proximidad con la ciudad, resulta ser un punto muy relevante. Y, en segunda, por el respaldo de una institución tan importante como Ingeominas”.

Cuenta, además, que antes de pensar en los conflictos ambientales, se hizo lo propio con respecto a la valoración social y económica de los impactos que se derivan de este tipo de minería en este sector de Cundinamarca. “Esto nos interesa muchísimo, porque estos trabajos no se han hecho. Hay unos pasivos ambientales y sociales muy fuertes en el municipio”, asegura.

Tareas

Por eso, entre las recomendaciones que hace el grupo de investigación del IDEA están el empoderamiento de las comunidades locales, a través de la transmisión de conocimientos y canales efectivos de participación, y el aumento de la capacidad de inspección, control y fiscalización de las actividades mineras, usando mecanismos legales y una acción coordinada entre las comunidades locales, el servicio geológico y la Alcaldía municipal.

Por otra parte, el grupo invita a que se dé una articulación institucional que, al ampliar el conocimiento normativo y las posibilidades de actuación conjunta, permita resolver los procesos de fondo en menor tiempo. Asimismo, recomienda excluir de la minería las áreas que hagan parte de la estructura ecológica principal de Soacha y de la Sabana de Bogotá.

Lo mejor, señala León, es que este derrotero hace parte de una cartilla escrita en el idioma de la comunidad, para que esta lo aplique al desarrollo de su trabajo.

El resultado ha sido tan bien recibido que el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le ha solicitado al IDEA que realice este trabajo con los pasivos ambientales de toda la Sabana de Bogotá.