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Personas en situación de discapacidad ven limitados sus derechos

Dificultades en la autodeterminación, acceso a formación escolar y profesional, apoyo efectivo para realizar y mantener una actividad ocupacional, y desconocimiento de las normas que garantizan sus derechos, son algunas de las barreras a las que se enfrentan algunas personas con discapacidad en sus vidas cotidianas.

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2021Agencia de Noticias UN-

Algunas familias y cuidadores terminan pasando de la labor de cuidado a tomar la voz y voto de las personas en situación de discapacidad.

Fotos: Brandon Pinto - Unimedios.

Algunos individuos se encuentran con falta de autodeterminación de un apoyo efectivo para realizar su proyecto de vida.

Muchas personas en situación de discapacidad han tenido que pasar la mayoría de su tiempo en rehabilitación por encima de otros derechos.

Algunos no tienen el conocimiento de leyes o normas que les garanticen sus derechos.

“Se cree que una discapacidad física, específicamente la denominada parálisis cerebral, se asocia con una discapacidad cognitiva, por lo que la falta de acceso a entornos escolares se convierte en un rótulo más, en el que algunas familias y cuidadores asumen que deben hacer todo por las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, se terminan cruzando límites y barreras, y la labor de cuidado pasa a usurpar su voz y voto, pasando por alto que son personas que piensan, sienten, razonan y planean ideales de proyectos de vida”.

Así lo plantea Diana Carolina Piñeros Alvarado, magíster en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien tomó tres casos (dos hombres y una mujer) de parálisis cerebral, con base en los cuales evidenció cómo se ve confrontada la garantía de sus derechos, mediante su voz y autodeterminación.

En su estudio, la magíster dialogó con los sujetos de su investigación, a través de conversaciones cordiales, entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Abordó temáticas relacionadas con el curso de su vida y escenarios como el entorno escolar, familiar, y sanitario.

“Me encontré con el panorama de que, aunque todos tenían niveles diferentes de afectación por la patología, ninguno ha tenido formación profesional; en los tres casos, sus decisiones están siempre intervenidas y mediadas por sus familiares, tampoco tienen un apoyo efectivo por parte de sus redes primarias de apoyo para realizar y mantener una actividad económica u ocupacional.

Al margen de las leyes

Manifestaron que no conocen los derechos proclamados en ninguna de las leyes vigentes de protección de derechos de las personas con discapacidad, ni se sienten amparados bajo ninguna política de Estado.

Esto a pesar de que existen leyes y normativas que buscar esa garantía y protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad, tales como la Constitución Política de 1991, en la que se establece que estos individuos son personas de especial atención; la Ley 115 de 1994, según la cual se debe garantizar la educación a todos los niños y jóvenes independientemente de sus limitaciones físicas sensoriales o psíquicas; la Ley 1346 de 2009, que promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, entre otras.

Sobre esta normatividad, la investigadora advierte que algunos individuos en esta condición, en vez de hacer valer lo que se promulga, han tenido que pasar la mayor parte de sus vidas enfocándose únicamente en procesos de rehabilitación física.

Al respecto, comparó los momentos en los que se plantearon cada una de esas leyes y los contrastó con la realidad cotidiana por la que pasaban las personas que participaron en el estudio, quienes no contaron con una red de apoyo para la ejecución de las normas ni con la oportunidad de ingresar al sistema educativo o desarrollar otros entornos de vida, más allá del ámbito terapéutico en rehabilitación.

Cultura de empoderamiento

Según la investigadora, para que la normatividad funcione debe ir acompañada de capacitación constante sobre la discapacidad y reconocer esta condición desde una perspectiva crítica, no solo desde discursos expertos, sino teniendo en cuenta y dándole legitimidad a las voces de las personas en esta condición.

Asegura que además se debe generar una cultura de empoderamiento no solo para las familias a cargo, sino para las personas en situación de discapacidad, con el fin de que puedan tener una mayor participación y sensibilización en medio de la sociedad; esto, sumado a una articulación de distintos actores que se comportan como agentes garantes de derechos, empezando por las familias, el personal de salud, los docentes y directivas del ámbito escolar, la sociedad civil, además de los entes territoriales y de control.

Por último, señala que también es necesario impactar las acciones capacitistas que enmascaran y afectan las vidas de las personas en situación de discapacidad, atendiendo directamente a las voluntades y deseos de ellas mismas.

(Por: fin/SMC/MLA/LOF
)
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