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Política & Sociedad

Paz duradera requiere de grandes líderes regionales

La construcción de la paz territorial necesita de actores comunitarios fortalecidos, cohesionados y capaces de definir lo público, dado que el establecimiento de los acuerdos requiere reconocer la dinámica cultural, social, política y económica de las regiones.

Bogotá D. C., 26 de julio de 2016Agencia de Noticias UN-

Para lograr una paz duradera, el Estado debe hacer presencia en las zonas marginadas.

En el desarrollo de los acuerdos se requiere la decidida participación de líderes comunitarios.

La democracia participativa es fundamental para alcanzar una paz duradera.

La reforma rural integral es otro requerimiento para lograr la paz.

La sustitución de los cultivos ilegales también cumple un papel fundamental en los acuerdos de paz.

Así lo advierten los profesores Pedro Elías Galindo León y Lisa Cristina Gómez Camargo, analistas del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

En su opinión, se debe determinar el camino que serviría para implementar los acuerdos de paz en una labor colectiva del Estado y la sociedad, cuyo plazo mínimo es un escenario de 15 años, con una perspectiva de estabilidad política que siente las bases de durabilidad en la generación futura. 

Desde su perspectiva, esa ruta solo será posible si cuenta con el desarrollo del sistema político y el fortalecimiento de la democracia como fundamentos y derroteros de la consolidación del proceso de construcción de paz. En estos parámetros se soportan las negociaciones de finalización del conflicto armado y la creación sociopolítica de las bases que establezcan la práctica del nuevo escenario que se desarrollará.

Para los docentes de la U.N., tres puntos son claves en la agenda: reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito y participación política, los cuales se constituyen en la parte material y en la solidez de la construcción de la paz.

Su realización es de naturaleza regional, es decir la creación de un modo de institucionalización territorial, como proceso de construcción social con base en las complejidades de quienes habitan y recrean su desarrollo. Se debe llenar el vacío histórico de un Estado ausente en las regiones por el marcado centralismo que la Constitución de 1991 en la praxis no logró romper, sostienen.

El establecimiento territorial de los acuerdos, en los tres temas mencionados, involucra una organización de mecanismos específicos, que incorporan las dinámicas culturales, sociales, económicas y políticas. Asimismo, estas fundamentan la ocupación, la construcción de territorio y constituyen la cimentación de nuevos escenarios para superar las causas y consecuencias históricas del conflicto armado en los diversos lugares del país. Por tanto, surgen inquietudes por la institucionalidad necesaria o la importancia de una burocracia, que reconozca la urgencia de allegar servicios y derechos a las zonas más alejadas, que han estado al vaivén de los actores armados legales e ilegales.

El acuerdo de participación política, punto dos de la agenda de negociación de paz con las FARC, establece los actores de la toma de decisiones de una paz territorial, a saber, el Estado (en sus diversos niveles, nacional regional y local), los sectores económicos, sociales, étnicos y comunitarios, y la academia en su conjunto.

De esta manera, iniciaría el desarrollo de la democracia participativa, como el centro de la toma de decisiones, en un proceso iterativo de priorización de las diferentes etapas de la implementación de los acuerdos. Asimismo, en la elaboración y definición de un plan territorial, la adopción de los recursos necesarios, la ejecución y el control del proceso de construcción, en permanente debate público de la realización de un destino común. 

Por fases 

Dentro de un eventual acuerdo, en el mediano plazo se propone, en primer lugar, con base en los acuerdos como punto de partida, establecer participativamente por los actores de construcción de paz, la prioridad territorial interna en cada una de las zonas definidas. Posteriormente, atender criterios de equidad territorial y, por último, definir los articuladores de construcción del escenario de paz. Estas tres fases ordenan y reordenan el debate público entre los actores, las decisiones y la instauración de la paz territorial.

En estos tres momentos se concentran los retos para la sociedad y el Estado, en la configuración de un modelo de desarrollo autónomo que no escinda la garantía y exigibilidad de los derechos de la distribución de los recursos.

Esto supone actores comunitarios fortalecidos, capaces de contrariar intereses de élites centralistas, que desde una perspectiva reconocen a los sectores históricamente discriminados como las mujeres, las etnias, los campesinos y los trabajadores. También, lograr la disposición de los recursos para la equidad, la reparación individual y colectiva de las víctimas.

De esta manera, concluyen los analistas Galindo y Gómez, se consolidaría una comunidad política local cohesionada con autonomía para reconocer y definir lo público, es decir, el lugar donde todos los que no han sido parte, sumen al desarrollo colectivo y constituyan el espacio universal del debate político en la integración de los beneficios para toda la sociedad colombiana. Así, una nación fragmentada empezaría a tejer un nuevo rumbo para la paz, a través de la memoria de lo que no se quiere repetir, de los innombrables de la guerra.

Lea el artículo completo en www.unperiodico.edu.co.

(Por: fin/UNP/MLA/APBL
)
N.° 172

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