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Medioambiente

Parque Cahuinarí requiere más servicios que dinero

Debido a las condiciones particulares de los pueblos indígenas miraña y bora, que habitan en el Parque Nacional Natural Cahuinarí, en el Putumayo, es necesario que el pago por servicios ambientales (PSA) que reciban responda a las necesidades de su plan de vida.

Bogotá D. C., 08 de agosto de 2017Agencia de Noticias UN-

La vegetación es bosque húmedo tropical y no ha sido alterada en forma significativa por la acción humana. (Foto: Julia Miranda Londoño / parquesnacionales.gov.co).

Después de varios años de diálogo se desarrollaron y aprobaron normas y acuerdos para el manejo del territorio. (Foto: Rodrigo Durán / parquesnacionales.gov.co).

La tortuga Charapa es uno de los símbolos del parque. (Foto: Rodrigo Durán / parquesnacionales.gov.co).

Se busca conservar el ecosistema y las costumbres de los pueblos indígenas. (Foto: Rodrigo Durán / parquesnacionales.gov.co).

Los pobladores cuidarían el territorio al tiempo que fortalecerían su proyecto de vida. (Foto: Rodrigo Durán / parquesnacionales.gov.co).

El PSA es un incentivo a la conservación –por medio de una suma de dinero– que recibe la persona o comunidad que preserve un territorio en particular de parte de las personas que se beneficien de los servicios ecosistémicos o del Estado en su representación. 

Según explica Olga Lucía Albarracín, candidata a magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), con este mecanismo se podría evitar, por ejemplo, que las personas a cargo del territorio talen los árboles o modifiquen el ecosistema para utilizar el terreno en actividades económicas (agricultura, ganadería, etc.) que puedan deteriorar los recursos naturales. 

Sin embargo, el PSA establecido por el Ministerio de Ambiente en el decreto 870 del 25 de mayo de 2017, puede no ser aplicable de la misma forma en todos los contextos. 

Ante esto, la investigadora Albarracín analizó qué tan efectivo resultaría este esquema en el Parque Nacional Natural Cahuinarí para financiar su conservación. 

Un esquema típico de PSA incluye a los beneficiarios de los servicios ecosistémicos, las personas que generan el beneficio, y un mecanismo de monitoreo encargado de verificar que se esté llevando a cabo la conservación y también gestionar el pago. 

No obstante, además de estos elementos básicos, la investigadora identificó otras condiciones que, en el caso del Parque Cahuinarí, podrían ser cuellos de botella. 

Servicios por servicios 

Por ejemplo, no sería apropiado que las poblaciones indígenas recibieran la retribución por su gestión de conservación en dinero, ya que para ellos este tiene una connotación especial:  lo consideran como un elemento que no debe acumularse, porque puede traer malas consecuencias. 

En este caso, convendría un esquema de servicio por servicio. Estas dos comunidades ya han identificado dentro de su plan de vida sus principales necesidades: educación ambiental, etnoeducación y servicios médicos (medicina tradicional y occidental), entre otros. 

“En el acuerdo, ellos pueden continuar con la gestión del parque, y el Estado, como representante de los beneficiarios de la conservación, en vez de entregarles dinero, puede pagarles a los proveedores de los servicios que las comunidades necesitan”, puntualizó la investigadora Albarracín. 

Proveer los maestros para la educación bilingüe, suplir medicinas, o transportar a los pacientes hasta las cabeceras municipales, son algunos de los servicios que recibirían en forma de pago. Así, se haría un reconocimiento a su gestión, al tiempo que se fortalece su plan de vida. 

Además, se evitaría otro riesgo: el “cambio de motivación”, que se refiere a que las personas solo conserven el territorio por dinero. “De ser así, también se estaría destruyendo un sistema cultural y de valores que, de hecho, ya se ha deteriorado”, comenta la investigadora. 

Este esquema del PSA también debe tener en cuenta que la negociación sea equilibrada y determinar cómo se hará la medición de los servicios ecosistémicos. 

Vale mencionar que el 98 % del Parque Cahunarí es territorio indígena titulado, y si bien aún no tiene mucha presión por sus recursos naturales, sí existen influencias de la minería, y el siglo pasado se presentó cacería de especies para comercio de pieles y cauchería. 

El Parque tiene un régimen especial de manejo en el que funcionan dos autoridades: Parques Nacionales Naturales de Colombia y la autoridad indígena –que es la autoridad ambiental en su territorio–, lo que ha implicado una relación de confianza mutua, y un trabajo conjunto y coordinado entre ambas partes, para hacer efectiva la conservación del Parque. 

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta, ya que el lugar es un gran refugio de fauna (73 especies) y flora (72 especies) que mantiene una gran parte de bosque intacto, por lo que uno de sus principales servicios es la captura de carbono.

(Por: Fin/VC/MLA/MS
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