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Optimizar la tutela, un desafío para la Corte

Autorregulación de la Corte Constitucional y patrimonialización de los derechos fundamentales son las principales propuestas de expertos de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) para reducir la congestión judicial y optimizar esta figura.

Bogotá D. C., 26 de abril de 2018Agencia de Noticias UN-

En Colombia el mecanismo de acción de tutela se ha desbordado.

Las Altas Cortes podrían patrimonializar los derechos fundamentales.

El libro está disponible en la Filbo 2018.

Vulnerar el derecho a la salud tendrían sanciones de altísimos costos.

Autorregulación de las Cortes contribuiría a tramitar de manera más eficiente las acciones de tutela.

Tales estrategias, planteadas por el Grupo de Investigación para la Articulación del Derecho Civil y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIADESC) de la U.N., buscan controlar el uso desmedido por parte de la ciudadanía de este mecanismo y unificar los criterios de interpretación de las Cortes, algo que ha dificultado una efectiva protección de los derechos fundamentales. 

Según la Defensoría del Pueblo, cada día en el país se interponen 1.384 acciones de tutela, de las cuales 332 son por temas de salud. 

Pese a que en Colombia la tutela es uno de los mecanismos más eficiente para proteger los derechos fundamentales, el caos generado por el número de acciones interpuestas ha llevado a considerar su reforma. 

En este planteamiento coinciden académicos de la U.N como Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas, y de la Universidad del Rosario como Juan Manuel Charry, entre otros. 

Sin embargo los expertos también advierten que la reforma de la tutela es riesgosa si se deja en manos del Congreso de la República o del ejecutivo. 

Al respecto el GIADESC plantea consolidar salas de decisión en la Corte Constitucional que unifiquen la jurisprudencia y los criterios de los magistrados para fallar en favor de los derechos fundamentales. Las Cortes tienen esa facultad de autorregulación, a partir del reordenamiento de sus estamentos internos. 

“No puede existir una Corte que falle de manera diferente sobre dos casos del mismo derecho fundamental”, sostiene el profesor Guillermo Castro, director del Grupo, para quien la Corte Constitucional optimizaría los procesos si se determinan sentencias que puedan resolver los casos similares con una sola disposición. 

Se considera que con este tipo de sentencias aproximadamente la mitad de las tutelas se podrían resolver con medidas administrativas, lo cual evitaría que continúen congestionando los despachos de los magistrados. 

Según el profesor Castro “es absurdo que una persona recurra a una acción de tutela para reclamar medicamentos cuando ya hay 100 fallos que obligan a las EPS a cumplir ese derecho”. 

Agrega que dentro de sus acciones las instituciones deben acatar el fallo y normalizarlo y no darle otro formato de acción de tutela al paciente obligándolo a repetir todo el trámite legal, como sucede en la actualidad. 

Patrimonio para exigir 

Patrimonializar los derechos fundamentales, es decir exigir indemnizaciones de alto costo para los afectados y para el Estado haría de la tutela una acción más disuasiva. 

Una indagación previa realizada por el GIADESC encontró que en Colombia nunca se había estudiado de manera juiciosa esta figura, que es muy clara en Alemania, Suiza, Bélgica, Austria y Holanda, entre otros países. 

Para el profesor Castro “adoptar medidas de estas características también disminuiría las acciones de tutela, pues cuando un juez determine que la EPS debe pagarle al Estado 2.000 millones de pesos por no atender a pacientes que fallecieron, y que además debe indemnizar a sus familiares con 1.000 millones de pesos adicionales, probablemente garantizarían más el derecho a la salud”. 

Para los expertos, aunque la Corte Constitucional puede revisar las tutelas, ese poder es totalmente discrecional, lo cual puede agravar la crisis de legitimidad. Muestra de ellos es que “el alto tribunal revisa cerca del 0,01 % de las acciones de tutela, en su mayoría asociadas con personas muy poderosas”. 

Todas las propuestas para optimizar la acción de tutela se recogen en el libro Hacia un nuevo derecho privado: una propuesta en clave constitucional, histórica y comparada, editado por el profesor Castro y David Andrés Rodríguez Reyes, con el sello editorial de la U.N., una de las 181 novedades que presenta la Institución en la Filbo 2018. 

En esta obra se incluye además una serie de artículos sobre el derecho a la salud, las figuras jurídicas de la propiedad, la posesión ante el posconflicto y nociones generales del concepto de autonomía privada.

(Por: fin/CAOG/DMH/MLA/LOF
)
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