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Política & Sociedad

Nuevas políticas agrarias siembran incertidumbre

Aunque el acceso y la restitución de tierras figuran entre los puntos neurálgicos para la construcción de paz, tanto los anuncios de la pasada campaña presidencial como algunos pronunciamientos del partido de gobierno hacen prever más de un tropiezo en la implementación de los acuerdos en desarrollo rural.

Bogotá D. C., 22 de agosto de 2018Agencia de Noticias UN-

El foro “Tierra, territorio y construcción de paz: desafíos y propuestas para el nuevo cuatrienio” se realizó en la Universidad Javeriana. Fotos: Nicolás Bojacá – Unimedios

Para la abogada Adriana Fuentes el avance los procesos de restitución de tierras tendría múltiples inconvenientes.

La profesora Johana Herrera cuestionó que el Estado se hace “el de la vista gorda” con la reparación colectiva.

El profesor William Chavarro, de la U.N., cuestionó la concentración del uso del suelo.

El profesor Pablo Abitbol llamó la atención sobre la importancia de contar con la activa participación de las comunidades.

La implementación de los PDET ha estado viciada por un caos metodológico.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó el foro “Tierra, territorio y construcción de paz: desafíos y propuestas para el nuevo cuatrienio”, realizado en la Universidad Javeriana, como parte de la agenda académica del evento “Enlazados por la Paz”, que contó con la moderación del profesor Juan Guillermo Ferro, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de esa institución.

Según Adriana Fuentes, abogada de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) y experta en temas jurídicos relacionados con el medioambiente, el Centro Democrático no es muy amigo de la restitución de tierras, tal como lo demuestran los debates que tuvieron lugar en el Congreso entre 2014 y 2015 con el fin de buscar mecanismos para su implementación.

La jurista recalcó que se ha mantenido un discurso en el que se busca pasar por alto cualquier cuestionamiento sobre los llamados “terceros de buena fe”, entre quienes habría personas que adquirieron bienes arrebatados a campesinos por organizaciones paramilitares, con total desconocimiento de estos hechos.

Si a ello se suma que el programa de campaña del presidente Duque hizo énfasis en modificar la Ley de Restitución de Tierras para proteger la propiedad privada y a los terceros de buena fe, es de prever que estos procesos terminarán paralizándose y muchas de las tierras que se debían entregar a sus auténticos dueños irán a parar a manos de los testaferros de sus victimarios.

Prueba de ello, subrayó, es que una de las modificaciones que se quiere introducir al proceso es que la víctima deberá probar que fue objeto de despojo por parte organizaciones paramilitares, mientras que quien habría contribuido a hacer efectivo el despojo solo tendría que enfrentar eventuales demandas en los estrados judiciales.

Desafío social y ambiental

Para Johana Herrera, investigadora del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Javeriana, el rezago en la titulación colectiva de poblaciones negras es una clara evidencia de la deuda que tiene el país con estas personas. Además recordó la rotunda oposición de la institucionalidad para poner en práctica modelos de desarrollo distintos a los de una economía de corte extractivista que privilegie a unos pocos inversionistas.

“De las 271 comunidades que han hecho esta solicitud ante el Estado, al menos 110 están ubicadas en terrenos de baja mar, sabanas y playones que tienen gran importancia ecológica y que desde 1970 habrían tenido como principal destino a los campesinos sin tierra”, precisó la docente.

Se está dando un pulso respecto al uso que se le debe dar estos recursos, con los consecuentes procesos de deforestación, contaminación y pérdida de la capacidad productiva en numerosas regiones del país, advirtió.

Integración y concentración

Por su parte, el profesor William Chavarro, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de U.N., cuestionó que si bien las alianzas productivas están diseñadas para asegurar la compra de cosechas, además de implementar procesos de titulación y asistencia técnica, la introducción de nuevas tecnologías sin contar con la participación de las comunidades llevará a que solo se haga énfasis en las metas de producción sin considerar aspectos como que los monocultivos vulneran la seguridad alimentaria.

“El problema de la integración colectiva es que provoca una concentración del uso del suelo ajena a los modelos ancestrales, además de tener un impacto negativo sobre el medioambiente y la salud de las personas”, precisó el docente, quien llamó la atención tanto sobre la prevalencia de cáncer de estómago en zonas de cultivo de Boyacá como sobre la gran contaminación que producen los fungicidas empleados para cultivar cebolla.

Finalmente el profesor Pablo Abitbol, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, manifestó que con el nuevo gobierno se abre un espacio de incertidumbre sobre el futuro de la “paz territorial”, en la medida en que iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) estaban previstas para ser implementadas durante los próximos 10 y 15 años.

Poner en marcha estos programas requiere de una serie de acciones encaminadas a mejorar o construir acueductos, plantas de tratamiento de agua, conectividad, educación, salud y vías; sin embargo, las 16 zonas priorizadas se podrían quedar sin recursos, además de afrontar la ausencia del Estado, de instituciones académicas y de la empresa privada.

Un ejemplo es que la metodología propuesta e impuesta desde Bogotá no tuvo en cuenta las particularidades que diferencian a poblaciones campesinas de afros o indígenas, a lo cual se suma que las autoridades gubernamentales tampoco le prestaron mayor atención a estos procesos.

El encuentro “Enlazados por la Paz” es una iniciativa del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), las universidades Javeriana, de los Andes, de La Sabana, de La Salle, Nacional de Colombia, del Rosario, y la Fundación Universitaria Los Libertadores, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

(Por: Fin/JCMG/MLA/LOF
)
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