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Agregó que este es uno de los temas que se debe llevar al Congreso, pues en la emergencia social todas las responsabilidades y el peso de la normatividad recayeron en los ciudadanos y los profesionales de la salud.

Aunque el docente reconoce que se necesita normativizar algunas cuestiones en referencia a la salud, celebra que se los decretos se hayan declarado inexequibles, pues cree que no abordaban algunas cuestiones de fondo y más bien tendían a empeorar otras.

El problema en la actualidad, mientras se toman decisiones, agregó Abadía, es que hay un vacío jurídico que termina afectando al paciente. Las EPS, dijo, aducen a la falta de claridad en aspectos como los recobros y el POS para ponerles trabas a algunos procesos, lo que lleva a que los usuarios enfrenten dificultades.

Lo que queda claro para Abadía es que la situación de la salud es “igual de desastrosa”, que antes de la emergencia. Él cree que lo recomendable sería tomar medidas que permitan contrarrestar el problema por unos meses, para hacer así un cambio gradual del Sistema de Salud, hacia una propuesta que corrija las deficiencias del modelo implantado con la Ley 100.