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Política & Sociedad

Nueva ley limitaría realización de interventorías

El proyecto de ley 84 de 2016 que actualmente hace trámite en el Congreso prácticamente impediría que la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) y otras universidades públicas cumplan con una de sus funciones.

Bogotá D. C., 15 de diciembre de 2016Agencia de Noticias UN-

Son los propios entes territoriales quienes hasta el momento han buscado los servicios de la U.N. debido a su probidad y transparencia.

La colaboración de la U.N. con el Estado se remonta a la fundación de esta institución, hace ya cerca de 150 años.

Las primeras interventorías realizadas por la U.N. a vías férreas, primeras pavimentaciones de vías y construcción de acueductos datan de finales del siglo XIX.

De aprobarse la ley, proyectos de acompañamiento a gobernaciones, alcaldías y demás entes territoriales se verían afectados.

Proyectos como el de la creación de un relleno sanitario que remplace al actual, para el caso de Bogotá, tampoco podrían contar con el acompañamiento técnico de la U.N.

Diseños técnicos y soluciones de movilidad, así como las nuevas obras de infraestructura de las denominadas vías 4G tampoco contarían con el acompañamiento de la U.N.

De convertirse en ley de la República, ninguna entidad estatal nacional, departamental o municipal podría contratar servicios de interventoría o diseño a través de convenios interadministrativos, lo que obligaría a la U.N. a competir según reglas de juego que demandarían esfuerzos adicionales. 

“Nosotros participamos en licitaciones cuando se invita a otras instituciones de educación superior, pero si nos presentamos en un contexto en el que además participen empresas multinacionales, la cosa será a otro precio”, afirmó el profesor José Ismael Peña Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería. 

Puesto que desde su fundación la U.N. recibía recursos que contribuían en alguna medida a desarrollar sus actividades académicas, el citado proyecto de ley ha sido recibido con gran preocupación por parte de la comunidad académica. 

“Para la Facultad de Ingeniería resulta molesto y sorpresivo que el Estado desconozca que tiene a su alcance un capital humano altamente calificado que responde a los exigentes estándares internacionales”, subraya el académico. 

Con un presupuesto que ya es estrecho y cuya mayor parte se debe destinar a formar a las nuevas generaciones de profesionales, las cuantiosas inversiones que demandan los procesos licitatorios pondrían a la U.N. en virtual desventaja. 

No obstante reconocer que si bien el espíritu de la ley está encaminado a poner en cintura a las universidades públicas que han hecho un mal uso de las disposiciones vigentes –con casos relacionados con corrupción–, la medida terminaría castigando una trayectoria de probidad que se remonta a cerca de 150 años, en el caso de la U.N. 

“Algunas de estas universidades han venido realizando convenios administrativos sin que sus facultades de ingeniería tengan la suficiente idoneidad, y a veces hasta sin tenerlas, de manera que contratan personas externas objeto de constantes presiones por parte de algunas entidades territoriales”, precisa el docente. 

En vez de hacer la prohibición extensiva a todas las entidades académicas estatales, prosigue el profesor Peña, una solución más sensata sería que las diversas entidades de control –Procuraduría, Contraloría, Veeduría y Fiscalía– realicen sus funciones de manera más efectiva. 

En tal sentido, para el decano resultaría mucho más sensato expedir una norma que restrinja la prestación de estos servicios a instituciones debidamente acreditadas como de alta calidad que puedan realizar estas funciones a través de sus facultades de ingeniería o arquitectura, para el caso de la supervisión de obras de ingeniería civil. 

Legado de transparencia 

A finales del siglo XIX la relación entre la U.N. y el Estado –y en particular de la Facultad de Ingeniería– se extendía a las primeras interventorías realizadas sobre la construcción de vías férreas, pavimentos y primeros acueductos, puesto que una de sus obligaciones es la de atender este tipo de requerimientos por parte del Estado. 

“Muchos de los requerimientos interadministrativos son atendidos porque las personas que están al frente de las entidades territoriales nos buscan para que podamos ayudarlos a combatir la corrupción”, puntualiza el decano, quien subraya el hecho de que la selección de la U.N. se realiza en atención a la objetividad técnica, producto de su extensa experiencia en la materia. 

Sirva como ejemplo la labor de acompañamiento a las obras realizadas por la Gobernación de Cundinamarca para mitigar la ola invernal de 2010 –en la que participaron profesores, estudiantes y egresados– así como los diseños y la interventoría de la nueva Escuela Naval de Cadetes de Cartagena. 

Trabajos relacionados con la ejecución de vías terciarias en departamentos como el Vichada, además de las interventorías al Plan Vive Digital desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que contempló conexiones de fibra óptica en regiones muy apartadas del país, son algunos ejemplos recientes. 

“El año pasado incluso desarrollamos un trabajo para el Senado con el fin de evaluar algunos aspectos técnicos relacionados con la crisis de Reficar”, destaca el docente, quien además llama la atención sobre el hecho de que ninguna otra universidad del país está mejor dotada para acompañar al Estado en políticas tendientes a disminuir los efectos del cambio climático.

(Por: fin/JCMG/dmh/LOF
)
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