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En varios de las áreas de estudio las comunidades toman agua directamente de los cauces. Foto: archivo Unimedios.

Predios para la conservación de acueductos en sitios de análisis. Foto: Nicolás González Builes.

Bocatomas identificadas en las áreas de estudio. Foto: Nicolás González Builes.

Títulos mineros otorgados en la zona de análisis. La minería es una amenaza en la gobernanza del agua. Foto: Nicolás González Builes.

Como parte de la investigación se realizaron encuentros y entrevistas con diferentes actores. Foto: Nicolás González Builes.

Nicolás González Builes, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la U.N. Sede Medellín. Foto: archivo Unimedios.

La gobernanza es un concepto relativamente nuevo, cuya definición hace referencia al funcionamiento del Estado, pero también a su interacción y relación con otros actores públicos y privados. En el caso del agua, se centra en marcos específicos y a un grupo de organismos que interactúan entre sí y que desarrollan acciones para la gestionar el recurso. 

El estudiante Nicolás González Builes, de la Maestría en Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Medellín, afirma que se deberían implementar acciones concretas para la gestión, el consumo y el aprovechamiento del agua con fines económicos, y que en ellas deberían participar diversos actores interesados. 

Su planteamiento es el resultado de un estudio adelantado en áreas rurales de jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales de Corantioquia y Cornare, el cual arrojó que no existe una efectiva gobernanza del agua ni participación real en su gestión. 

Entre las razones se encuentran el deterioro o desuso de plantas de tratamiento de agua en sitios de estudio; el hecho de que las comunidades capten el recurso directamente de los cauces; también que, por ejemplo, hasta diciembre de 2015 se entregaron 1.415 títulos mineros que corresponden a 746.150 hectáreas, y que en predios de 375 títulos mineros hay bocatomas de acueductos y que 112 de ellos son a su vez áreas de protección del recurso hídrico. 

“Por lo general las áreas en las que se otorgan títulos mineros son más grandes de lo que se requiere para la extracción. Eso quiere decir que sedimentos y mercurio, entre otros, pueden llegar a afluentes hídricos y contaminar el agua desde la fuente o la que se capta desde las bocatomas”, afirma el investigador. 

Lo anterior se tomó como elemento para analizar qué tan eficientes son las entidades públicas, teniendo en cuenta que el Código Nacional de Recursos Naturales, el 2811 de 1974, estipula que estas son las encargadas de delimitar las zonas de nacimientos de agua y de afluentes, y crear franjas de protección. 

Sin planificación 

El investigador manifiesta que la planificación para manejar el recurso hídrico se ha cambiado varias veces en el país y que, por ejemplo, el único Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (Pomca) en Antioquia que está en ejecución es el del río Aburrá. 

Además no se han consolidado espacios de participación como los consejos de cuencas o las mesas de agua para microcuencas y acuíferos, que son espacios de reunión de alcaldes, funcionarios públicos, representantes de empresas y sociedad civil, quienes crean parámetros específicos. 

“Se crea un modelo de participación ilusorio porque realmente el manejo es jerárquico y la posibilidad real de participar como empresas, sobre todo pequeñas, y como comunidades se ve restringida porque los órganos son solo consultivos”, asegura. 

En ese sentido, “el Estado es ineficaz, porque no ha realizado ordenación del territorio ni tampoco ha configurado un modelo de participación para salvaguardar el agua como bien común, más que como derecho”. 

Sin embargo, destaca que la apuesta por la gobernanza del agua se da desde la gestión comunitaria y de asociaciones ambientales como la Corporación La Ceiba y Penca de Sábila, de las cuales el investigador entrevistó a dos representantes, y a dos personas encargadas de desarrollar planes de ordenación y manejo de cuencas, y de manejo de acuíferos. 

También consultó a miembros de organizaciones de acueductos veredales; a un funcionario de Empresas Públicas de Medellín (EPM); al subsecretario del sistema de Gestión de Antioquia durante la Gobernación de Sergio Fajardo entre 2012 y 2015; a la persona encargada de los Pomca en Corantioquia y a otra con la misma función en Cornare. 

Así mismo entrevistó a un líder social que participa en la conformación del plan de la Cuenca del río Grande, a otro de la cuenca del río Amagá y a la presidenta de Acueductos Comunitarios de Antioquia. 

Para zonas rurales de Antioquia no se había realizado un análisis de este tipo, cuya recomendación para entidades públicas encargadas es “articular una metagobernanza entre Estado, mercado y sociedad civil, acción necesaria especialmente para temas ambientales, los cuales son comunes”, concluye.