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Carlos Caicedo, director del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (Ieco) de la UNAL. Fotos: Capturas del evento

María José Pizarro, representante a la Cámara por la Coalición Decentes.

David Luna, exministro de las TIC y presidente de Alianza In, que reúne a empresas como Rappi y Cabify.

Carolina Botero, directora de la fundación Karisma.

Pedro Vaca, relator especial de Libertad de Expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Así quedó planteado durante el foro “Conectividad, mínimo vital y brecha digital”, promovido por el Centro de pensamiento TIC Nuevos Medios y Brecha Digital de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Carlos Caicedo, director del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (Ieco) de la UNAL, explica que lo digital ya no solo se limita al ocio, sino que es una necesidad para el trabajo o el estudio.

“Con la pandemia, las diferencias se han hecho más visibles y nos hace cuestionar cuáles son los derechos, por qué si el internet se encuentra en la canasta básica, para algunos es tan difícil tenerlo; un mínimo vital permite que las familias accedan a herramientas de trabajo y de estudio”, explica.

Por su parte el profesor Gustavo Buitrago, vicerrector de Investigación de la UNAL, considera que “además de la tecnología se requiere una suma de factores, de competencias, como la alfabetización digital, que permite adaptarse a las transformaciones”.

Desde su punto de vista, si no se emprenden acciones como el mínimo vital, la falta de inversión y el aumento de la brecha digital ahondarán las inequidades.

María José Pizarro, representante a la Cámara y una de las ponentes del proyecto, explica que “con la pandemia quedó claro que el internet es clave en nuestros hogares”.

Red sin barreras

Al respecto, recordó que más del 60 % de los colombianos no tiene acceso, lo mismo que el 12 % de los estudiantes de educación superior y 2 de cada 3 estudiantes de colegio, por eso la necesidad del mínimo vital; la iniciativa busca eliminar las barreras de acceso a la red y es una oportunidad para reforzar la infraestructura.

Durante el foro, el representante León Freddy Muñoz subrayó que esta iniciativa no nació por la pandemia, sino que lleva más de dos años intentando darle curso para resolver un problema cada vez más visible.

“Un 43 % del territorio esta desconectado, hay quienes dicen que es un atentado a las empresas, pero es falso, por el contrario, ayudaría a la ya alta utilidad, con 10 % más de suscriptores se aumentarían tres puntos del PIB”, argumenta el representante Muñoz.

Los ponentes indican que para financiar el proyecto se les pediría a los empresarios el valor de un segundo por cada plan de datos y el valor de tres segundos por cada plan pospago, y además se buscarían recursos públicos como el FonTIC del MinTIC o recursos de regalías.

David Luna, exministro de TIC, dice que este es un proyecto necesario para eliminar dos grandes problemas: la infraestructura y la capacidad de pago. “Se puede hacer con el dinero del FonTIC, se podría destinar el 50 % para cubrir el mínimo vital, el fondo se alimenta de las contraprestaciones por el uso del espectro y por sus utilidades, así que es más que posible”, declara.

Así mismo, Oswaldo Arcos, presidente de la Comisión Sexta, dice que “el proyecto 030 le apunta a mejorar la conectividad y está dirigido a los más pobres: así como el agua o la energía son vitales, la conectividad también es clave que los más pobres tengan internet gratuito para que no queden rezagados de la tecnología”.

Gustavo Gómez, investigador del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) agrega que es clave poner en el centro a las personas y no a las empresas, y además del mínimo vital se debe pensar en otros mínimos, como de capacidad, velocidad y calidad.

Para Carolina Botero, directora de la fundación Karisma, “el proyecto abre la ventana para hablar de redes comunitarias, de virar del modelo donde se dan los incentivos a las empresas para crear infraestructura, ya que buena parte de la población no son su mercado, o llegar hasta ellos es muy costoso”.

El debate no se queda en la infraestructura: Pedro Vaca, relator especial de Libertad de Expresión en Washington, revela que el acceso a internet influye en los derechos a los que pueden acceder ciertas personas.

“Pensando en la pandemia, el internet puede compensar el derecho a la educación, a la salud o a la justicia, pero no solo necesitamos una sociedad conectada, sino con las condiciones mínimas para que esa conexión sirva para mejorar su bienestar”.