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Minería ilegal debe incluirse en Acuerdo Final de Paz

El último Estudio Nacional de Agua indica que cerca de 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua. Esta actividad además puede dejar pasivos ambientales por 10 billones de pesos, sin considerar el daño a los ríos.

Bogotá D. C., 25 de octubre de 2016Agencia de Noticias UN–

En la minería ilegal se usan indiscriminadamente dragas, retroexcavadoras, mercurio y cianuro.

Cerca de $7 billones anuales se quedan en la minería ilegal.

En el panel participaron los funcionarios de Indepaz Pedro Arenas y Darío González, además del profesor Germán Vargas Cuervo, de la U.N. Foto: Ricardo González.

El ciclo de debates plantea varios ángulos de discusión ante el acuerdo final entre el Gobierno y las FARC-EP. Foto: Ricardo González.

Según un informe de la ONU, los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 39 %.

Al hacer la anterior consideración, Germán Vargas Cuervo, profesor asociado del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Bogotá, advirtió que “el acuerdo de paz no hace mención alguna al tema de la minería ilegal en manos de las Farc”.

Al respecto, el docente llamó la atención frente a la necesidad de que ese grupo se pronuncie sobre el tema, con el fin de saber “no solo cómo la van a dejar, sino también cómo van a cubrir y restablecer los pasivos ambientales generados”.

En su intervención durante el panel “Debates sobre cultivos ilícitos y minería ilegal: retos en el posconflicto”, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N. Sede Bogotá, el profesor Vargas recordó que de 20.000 zonas dedicadas a la explotación minera en el país, apenas el 36 % cuenta con títulos legales.

En tal sentido, varios estudios e investigaciones señalan que las Farc, los grupos armados y los delincuentes han controlado esta actividad, particularmente en lo que se refiere a la explotación de oro.

“Si este tema no tiene asiento en los acuerdos de paz, la minería ilegal seguirá siendo el mayor problema social, económico y ambiental del país, generando violencia entre los grupos armados y el Estado”, concluyó el académico.

En el panel, que se llevó a cabo en el Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda de la U.N. Sede Bogotá, también participaron Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos del Instituto de Estudios para Paz y Desarrollo la (Indepaz), y Darío González, investigador del mismo instituto.

 

Cultivos ilícitos y derechos humanos

Frente al problema de los cultivos ilícitos, el principal desafío consiste en abordar este tema con un enfoque prioritario en derechos humanos: “tanto el pequeño cultivador como el consumidor no son delincuentes ni narcotraficantes, son sujetos de derecho”, opinó el investigador Darío González.

A partir de ahí, Arenas planteó un reto hacia el futuro: el Estado debe llegar a las zonas más afectadas por la problemática y cumplir con sus obligaciones antes de exigirle a las comunidades que erradiquen los cultivos.

Para ello es necesario superar los índices de pobreza rural, ganarse la confianza de las comunidades, plantear enfoques más audaces y profundos con el fin de abordar el problema, además de aclarar cuál será el papel de la mujer en los programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo.

Por su parte, Pedro Arenas estimó que “el punto 4 de los acuerdos [el de la solución al problema de las drogas ilícitas] debería ponerse en marcha ya, especialmente en aquellos territorios en los que se registra mayor presencia de ese tipo de cultivos”.

Sin embargo, anotó que “algunos sectores promotores del No vienen haciendo propuestas frente al punto 4, que lo que harían sería reversar en la práctica la mayoría de lo acordado”.

Es el caso de propuestas como no considerar el narcotráfico un delito conexo a la rebelión, retomar las aspersiones aéreas y ampliar las campañas de erradicación manual forzada, el mismo funcionario conceptuó que estas no ayudarían a mejorar lo acordado.

Este panel es el séptimo del ciclo Colombia ante el reto del acuerdo final entre Gobierno y Farc-EP, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N. Sede Bogotá considerando la coyuntura histórica por la que atraviesa el país. 

(Por: fin/JFM/MLa/LOF
)
N.° 751

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