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Migración venezolana no incrementa inseguridad ni desempleo en Colombia

“Es un error decir que hay desempleo en Colombia porque llegaron los venezolanos. El desempleo es un factor estructural de nuestro país”, advierte la profesora Stéphanie López Villamil, coordinadora del Grupo de investigación Migraciones y Desplazamientos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

Bogotá D. C., 26 de marzo de 2018Agencia de Noticias UN-

En 2018 se ha disminuido en un 30 % las entradas de ciudadanos venezolanos a Colombia.

Durante 2017 se registró al día el ingreso de 37.000 personas a Colombia y la salida de 35.000.

Se pasó de un promedio diario de ingresos de 48.000 extranjeros a cerca de 35.000.

69.000 ciudadanos venezolanos han tramitado el Permiso Especial de Permanecía.

Colombia hay más de un millón 300 mil venezolanos con Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

Por otra parte, la profesora María Teresa Palacios Sanabria, directora del Grupo de investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, afirma que “no existen evidencias empíricas que prueben que la economía se ve directamente afectada por la llegada de inmigrantes a los territorios de destino”.

Durante la reciente emisión del Observatorio de Gobierno Urbano, transmitida por UN Radio en la frecuencia 98.5 FM, las profesoras López y Palacios, expertas en migración internacional, concordaron en que la presencia de inmigrantes venezolanos en Colombia ha provocado una percepción negativa al perjudicar supuestamente el empleo y la seguridad.

Según las académicas, lo anterior forma parte de un imaginario o un mito, ya que ambos aspectos llevan mucho tiempo siendo problemas en el país.

Con respecto a la seguridad se mencionó que los medios de comunicación han tenido un papel importante en el fomento de la xenofobia y la discriminación a ciudadanos venezolanos, en el uso de generalizaciones irresponsables y asociaciones sin fundamento.

“No podemos caer en la trampa de asociar la criminalidad con el inmigrante. Estar indocumentado en un país de destino no es un delito, es una falla administrativa. No podemos criminalizar la migración”, subrayó la profesora Palacios.

Por su parte, la profesora López manifestó que es necesario que el Gobierno colombiano realice una caracterización de los inmigrantes venezolanos, que detalle quiénes están llegando y con qué calificaciones, con el fin de focalizar sectores laborales donde puedan aprovechar su conocimiento y su experiencia.

Faltan políticas públicas de inmigración

Frente a la migración de venezolanos a Colombia se hace urgente que el Estado gestione instrumentos legales y normativos que garanticen el cumplimiento de los derechos a esta población, ya que a la fecha el país no cuenta con una política migratoria y los preceptos normativos se quedan cortos.

Aunque en la historia entre Colombia y Venezuela se han presentado diversas olas de migraciones entre ambos países, que además han intervenido de cierta forma en su configuración, en la situación política, económica y social, y han movilizado un gran flujo de inmigrantes del vecino país, la diferencia con el fenómeno actual es que los inmigrantes “ya no son de clases altas, como lo fueron en otros tiempos”, sino que se trata de “las clases más bajas de la sociedad”, según afirman las invitadas al programa radial.

En esa medida urge una normatividad clara de vele por el acceso y las garantías de los Derechos Humanos, pero también contenga restricciones. “Las instituciones encargadas de las migraciones están desarticuladas, hay un nivel de centralización muy alto y se están tomando medidas coyunturales. El Gobierno debe ponerse en la tarea de redactar una ley de migración que no solo implique calcular cuántas personas han ingresado a Colombia”, señaló la profesora López.

La investigadora del Grupo Migraciones y Desplazamientos aclaró que históricamente Colombia no ha sido un país que acoja refugiados, por lo que este fenómeno ha resultado más difícil. De ahí que el Gobierno adopte los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) en vez de acoger las solicitudes de refugio, que hasta 2017 eran 550.

Para la docente Palacios, los PEP son una medida coyuntural de emergencia, que se tomó cuando llegaron flujos importantes de venezolanos al país para poderles dar un estatus de regularización, sin embargo son decretos que no tienen contexto, es decir, carecen de una normatividad integral que pueda garantizar su acceso a derechos.

“Esperamos que con los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso se construya el marco general de un Sistema Nacional de Migraciones, porque los problemas no se pueden atacar de manera improvisada. Se necesita una estructura normativa para que las decisiones tengan continuidad y sostenibilidad”, reiteró la académica.

Para las docentes es necesaria una gobernanza de las migraciones que también contemple la cooperación con otros Estados, teniendo en cuenta que la situación venezolana no impacta solo a Colombia, sino a Ecuador y Brasil que igualmente están recibiendo inmigrantes de Venezuela.

(Por: fin/IEU-PMA/dmh/CLM
)
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