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Ciudad & Territorio

Medellín “estrena” política pública de protección a moradores

La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) –única en su tipo en Colombia– empezó a ser socializada con ciudadanos afectados por el Metro Ligero de la 80.

Medellín, 16 de octubre de 2020Agencia de Noticias UN-

La política pública de moradores busca garantizar la protección de quienes habitan en territorios intervenidos. Fotos: Alcaldía de Medellín.

En lo que queda del año se realizarán talleres de formación con afectados por el Metro Ligero de la 80, piloto de la política.

El reto es que la “protección a moradores” como principio rija todos los proyectos en adelante.

Con 17 estaciones y 238.410 pasajeros al día, en el Corredor de La 80 –de 13,3 km– estaría el metro ligero.

El protocolo define el reconocimiento y la protección de los derechos de los moradores en las intervenciones.

El protocolo plantea cómo debe ser la participación de los actores y la información antes, durante y después de las intervenciones.

Esta iniciativa se derivó de una construcción colectiva liderada académicamente por la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

El proceso de formación y socialización de la PPPMAEP busca facilitar acuerdos con los ciudadanos que habitan o tienen unidades productivas en áreas de influencia de proyectos de desarrollo territorial, obra pública o afectados por riesgos y desastres.

Los talleres sobre la política se realizarán con actores públicos responsables de su implementación, organizaciones territoriales, académicos, ONG, y en particular con actores organizados de moradores y actividades económicas y productivas afectadas por el Metro Ligero de la 80, obra piloto de la política.

Se trata de un trabajo articulado del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP) con la UNAL Sede Medellín - Escuela del Hábitat, mediante contrato interadministrativo, para realizar talleres, diálogos y encuentros con actores, organizaciones y entidades con injerencia en la implementación de la política.

La PPPMAEP, que se construyó de manera colectiva entre junio de 2016 y marzo de 2017 fue aprobada por el Concejo de Medellín mediante Acuerdo Municipal 145 de 2019, con el fin de garantizar el acceso a la protección, el mejoramiento y la sostenibilidad de modos y medios de vida de los moradores de territorios objeto de intervención, ya sea por obras públicas o por riesgos naturales.

La coordinación de la formación y socialización de la política está a cargo de las profesoras eméritas de la UNAL María Clara Echeverría, arquitecta, y María Cecilia Múnera, licenciada en Educación y magíster en Cooperación y Desarrollo, quienes desde tiempo atrás participan en el desarrollo de políticas del hábitat en Medellín.

Intervenciones históricas

La memoria colectiva de comunidades e instituciones de territorios afectados por intervenciones como el Tranvía de Ayacucho, la Ciudadela Nuevo Occidente, el Puente Madre Laura, Moravia y el Túnel de Occidente, fue punto de partida para definir este problema público que afecta modos y medios de vida de comunidades impactadas.

Muchas intervenciones territoriales desconocieron y desestructuraron la relación morador-territorio, afectando proyectos de vida familiares y tejidos socioeconómicos barriales.

“El impacto sobre los pobladores nunca se había identificado como problema público: su reconocimiento en la normatividad es central. En este trabajo estamos a cargo de la formación de actores, la socialización de la política y el aporte para su reglamentación”, indicó la profesora Echeverría.

La profesora Múnera destaca que la protección a los moradores viene desde la Ley 9 de 1989 y del trabajo, desde la Constitución, pero no estaba estructurada como política.

“Morador es aquel habitante que permanece largo tiempo en el territorio así como los enamorados permanecen en el amor; permanecer y construir esos territorios significa desarrollar un proyecto de vida”, detalla la docente.

“El reto es que la protección a moradores como principio rija todos los proyectos, que sea parte de los Planes de Intervención, de Acción y de Gestión Social, como determinante para las actuaciones en el territorio”, indicó la profesora Echeverría.

La PPPMAEP actúa en cinco modalidades de intervención territorial: mejoramiento integral; obra pública; gestión del riesgo y desastre; renovación; y reasentamiento, sobre las cuales protege los derechos a la vivienda digna, trabajo decente, medioambiente sano, salud, educación, espacio público, participación y disfrute de la ciudad.

La profesora Múnera indica que “si bien cada uno defiende unos intereses y eso es legítimo e importante, el salto que proponemos es tratar de avanzar hacia horizontes de sentido construidos colectivamente”.

Para la operación de la PPPMAEP se diseñó un protocolo que define el procedimiento para reconocer y proteger los derechos de los moradores, que plantea cómo debe ser la participación de los actores y la información en tres momentos de las intervenciones: antes, durante y después.

“Otro enfoque de la política es la sostenibilidad: si alcanzamos una experiencia piloto de esta política innovadora en lo social, y transformadora en la integración territorial, con participación de todos los actores, demostraremos su sostenibilidad y que sí es posible un desarrollo equitativo y no segregacionista de nuestras ciudades”, concluye la profesora Echeverría.

Para ver el cronograma de talleres sobre la PPPMAEP, siga este enlace: bit.ly/proteccionmoradores

(Por: fin/OLML/MLA/LOF
)
N.° 98

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