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En 2010 se estimó que diariamente se producen 0,8 kilogramos de residuos por cada persona del mundo.

Se calcula que para 2025 se triplicará a 5.900 millones de toneladas anuales de desechos generados.

En Colombia se disponen alrededor de 11,3 millones de toneladas de residuos al año.

En 2012 solo el 0,32 % del financiamiento global para el desarrollo se destinó a la gestión de desechos sólidos.

Los municipios suelen gastar hasta el 70 % de su presupuesto en gestión de residuos.

A esta conclusión llegaron los profesores Alfredo Manrique, con estudios en Sociología y Administración Pública, y Pedro Ramos, ingeniero en Mecanización Agrícola, en el programa Observatorio de Gobierno Urbano, del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), que se transmite por UN Radio (98.5 FM), con la conducción de Miguel Silva, doctor en Filosofía.

Según explicó el profesor Manrique, aunque los municipios son los encargados de prestarles a todos sus habitantes el servicio público de aseo de manera eficiente, la mayoría ha optado por dejar en manos de particulares esta responsabilidad, mediante concesiones y contratos “no muy benéficos para el interés general”.

“Este representa un gran desafío en la gobernanza de las ciudades, porque este mal negocio podría ser una nueva fuente de ingresos para las ciudades”, advirtió.

En esto coincidió el profesor Ramos, y agregó que la Ley 142 de 1994 –por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios– condujo el servicio de aseo a un negocio de libre competencia en el que el particular busca maximizar sus ganancias “dejando el interés general destruido”, dijo.

“Básicamente toda la normatividad está orientada a hacer rentable la manipulación de los residuos”, insistió el académico. A esto se suma que el modelo planteado por los privados se centra en enterrar los residuos y en la recolección y el transporte, cuando lo que urgen son modelos de gestión distintos que promuevan el tratamiento y aprovechamiento de los residuos.

Al respecto, el docente recordó que la Corte Constitucional exhortó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para que incluyera el término “aprovechamiento” dentro de la fórmula tarifaria. Sin embargo al anexarla se estableció una condición: que el costo del aprovechamiento no podía superar el de la disposición final, decisión que desconoció que efectivamente es más costoso invertir en plantas de tratamiento, pero que en economía de escala resultan ser más rentables.

Cultura responsable

El inadecuado manejo de los residuos sólidos tiene una relación directa con la incapacidad de los municipios para gestionar recursos y desarrollar estrategias que promuevan una cultura responsable.

Para los académicos esto es resultado de los problemas que ha venido presentando la descentralización en el país, ya que “se ha pretendido tratar por igual a los desiguales, al darles las mismas funciones, competencias y responsabilidades”, indicó el profesor Manrique.

Además señaló que “hoy la descentralización está en crisis, ya que se cuenta con muchos discursos y normas, pero en la práctica lo que no pasa en Bogotá, no existe”.

Esta realidad requiere primordial atención, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países que suscribió la Nueva Agenda Urbana, en la que específicamente se compromete a adoptar decisiones descentralizadas relativas a la eliminación de desechos, con el fin de promover el acceso universal a los sistemas de gestión sostenible.

Educación e innovación

Para buscar una salida a este difícil panorama, los académicos plantearon una serie de recomendaciones que empiezan con el fomento de la educación y la innovación en la gestión integral de los residuos para promover la prevención, reutilización adecuada y la separación en la fuente.

Para el profesor Ramos, se requiere incentivar el modelo denominado “basura cero”, que implica reducir los residuos en la generación, la reutilización de los elementos y el reciclaje, desde el punto de vista de los ciudadanos; y desde el sector empresarial es preciso estimular el uso de elementos biodegradables y que puedan reutilizar, como parte de su responsabilidad social.

A lo anterior, el profesor Manrique agrega que es necesaria una coordinación institucional para atender de manera integral este problema y un esfuerzo por mejorar los sistemas de información, monitoreo y verificación sobre la situación del ciclo de producción, procesamiento y disposición final de los residuos sólidos. En ese sentido, hace un llamado a tomar en serio la economía circular, orientada a la reutilización de los materiales y el mantenimiento de su valor.

“La economía circular tiene que ser el patrón de comportamiento, acción y desarrollo económico y social para prevenir de raíz el daño que se ocasiona con la producción de tantos residuos sólidos”, puntualizó el docente.