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Representantes de la UNAL, la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes formaron parte de la mesa de trabajo.

El profesor Andrés Abel Rodríguez, del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia.

La profesora Aura Nidia Herrera, directora del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia.

Lucio Muñoz Meneses, asesor administrativo y legislativo del Senado y subdirector del CAEL.

Mario Fernando Guerrero, asesor de la Vicerrectoría de Investigación de la UNAL.

También conocido como lobbying, el cabildeo se refiere a la posibilidad de que una persona –o un grupo– pueda intervenir en las decisiones del sector público para que estén a su favor o conveniencia. Tales situaciones pueden llevar al deterioro de la imagen de las instituciones legislativas como el Congreso y afectar negativamente la factura normativa, el control político y las demás funciones de los órganos legislativos, según el documento de trabajo presentado por el CAEL.

Alrededor de estas preocupaciones se reunieron académicos de diferentes instituciones para comenzar a fijar parámetros que permitan esbozar un proyecto de ley que brinde el marco necesario para alcanzar mejores estándares de transparencia en la actividad legislativa, regulando una actividad que ya ocurre, como el cabildeo.

En representación de la UNAL asistieron a la cita profesores vinculados al Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia, al Centro de Pensamiento en Gestión Pública y a la Vicerrectoría de Investigación, quienes se comprometieron a participar activamente en el proceso en el marco del acuerdo de cooperación que la Institución tiene con el CAEL.

“La idea es generar una serie de pautas y normas relacionadas con la interacción de intereses particulares en una institución como el Congreso de la República y, por qué no, en otras corporaciones como las asambleas departamentales y los consejos municipales”, comentó el profesor Andrés Abel Rodríguez, del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia.

Esta iniciativa ya se ha adelantado en otros países, en los que, según explicó el docente, se han tratado de establecer normas para estos vínculos entre particulares y miembros de corporaciones públicas, para dejar de tratarlos como algo oscuro, y por el contrario, buscar que sea un tema abierto en el que se sepa qué tipo de intereses están influyendo en las decisiones del legislativo.

La profesora Aura Nidia Herrera, directora de este Centro, considera que “poner el tema sobre la mesa ya es una muestra de transparencia; para los profesores y para quienes conformamos los centros de pensamiento es fundamental participar en estas discusiones, porque finalmente son las normas de juego que también vamos a cumplir, ya que la mayoría tiene la idea de tramitar propuestas de política pública”.

Sin embargo no se trata de un asunto nuevo, si se recuerda que en 2014, 2016 y 2018 se presentaron proyectos de ley en el país con intenciones similares, por lo que se espera que la inclusión de la academia desde el inicio de este proceso legislativo pueda marcar la diferencia.

Para Lucio Muñoz Meneses, asesor administrativo y legislativo del Senado y subdirector del CAEL, en la construcción de otros proyectos de ley la academia suele entrar en el momento de la audiencia o a escuchar los resultados de otras discusiones, pero la idea es que en este caso particular se vincule desde el inicio del proceso y ayude a su configuración.