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Política & Sociedad

Leyes transforman identidad de los sujetos

Históricamente los integrantes de pueblos indígenas, afros, negros, raizales y campesinos, y además las mujeres, han sido sujetos de discriminación a partir de un discurso construido en el derecho.

Bogotá D. C., 26 de octubre de 2017Agencia de Noticias UN-

El Colectivo Copal de la U.N. tiene más de una década de trabajo sobre estos temas.

El lanzamiento del libro América Latina. Debates y reflexiones sobre la subalternidad, la interculturalidad y la decolonialidad tuvo lugar en la sede del Fondo de Cultura Económica en Bogotá.

Promover el debate público con participación de diversos pueblos contribuirá a hacer modificaciones reales a las normas.

Colombia es un país excesivamente legalista en el que los ciudadanos consideran que deben apegarse especialmente a un marco jurídico.

La democracia también debe considerar la posibilidad de construirse a partir del disenso.

La sociedad colombiana debe comenzar a buscar mecanismos que le permitan solucionar sus diferencias por medio del diálogo.

Diana Carrillo González, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Bogotá, afirma que “el Código Civil colombiano de finales del siglo XIX establecía parámetros sobre quiénes eran y cómo se debían comportar las mujeres, de manera que a partir de estas normas empezó a forjarse una determinada identidad femenina”.

La profesora Carrillo forma parte del Colectivo de Estudios Poscoloniales/Decoloniales en América Latina (Colectivo Copal) de la U.N., autor del libro Democracia en América Latina. Debates y reflexiones sobre la subalternidad, la interculturalidad y la decolonialidad, publicado recientemente por la Editorial UN.

Otro experto cuyos aportes están incluidos en la publicación es el profesor Santiago Patarroyo, quien señala que cada vez que una nueva norma plantea directrices sobre el comportamiento social e individual, se induce de algún modo a un cambio en el comportamiento de las personas a quienes busca regular.

“Cuando una ley define que el matrimonio se establece entre un hombre y una mujer, está avalando una forma de relacionamiento entre las personas que sin embargo deja por fuera muchas otras”, precisó el abogado.

Las afirmaciones de los docentes están estrechamente relacionadas con el interés del Colectivo por construir un tipo de democracia fundamentada en la necesidad de darle mayor protagonismo a sectores históricamente marginados.

En ese sentido, la profesora Carrillo señala que los avances logrados hasta la fecha por medio de instrumentos como la Constitución de 1991 bien podrían ser clasificados como “paños de agua tibia que no lograron fracturar las relaciones de poder que datan de los periodos de la Conquista y la Colonia”.

Para la docente es claro que después de la expedición de la nueva Constitución Política no se han registrado procesos o mecanismos jurídicos, como la acción de tutela, que fracturen de manera determinante las relaciones de subordinación y poder y, por ende, permitan garantizar plenamente la equidad de los diversos actores involucrados en el foro público político de participación para la toma de decisiones.

En tal sentido, llama la atención sobre la importancia que tiene el desarrollo de las acciones políticas que realizan los distintos pueblos, movimientos y comunidades como procesos de resistencia y mecanismos capaces de cuestionar las relaciones de poder tradicionales.

Por su parte, para el profesor Patarroyo las movilizaciones políticas cada vez cobran mayor relevancia en el contexto colombiano: “prueba de ello es que aunque la legislación contempla la aceptación de la diversidad cultural e identitaria de sectores sociales LGBTI, mientras no existan transformaciones reales, este tipo de leyes no harán la diferencia”.

Según los docentes, el libro del Colectivo Copal identifica diversas respuestas a este hecho, entre ellas la construcción de memoria histórica.

“Las víctimas, sus historias y las diversas formas en que ellos van a presentarlas y ponerlas en diálogo con otros sujetos resulta fundamental para que se produzcan este tipo de cambios en escenarios reales”, puntualiza la profesora Carrillo.

Y agrega que, como objeto de reivindicación, la ley debe comenzar a obedecer a este tipo de reivindicaciones, para que antes de pensar en hacer nuevas modificaciones a las normas habrá que considerar aquellos cambios sociales, políticos y culturales que se producen de manera constante.

Ejemplo de ello son las consultas populares que se vienen adelantando en diferentes regiones del país sobre temas relacionados con el uso que deberá darse al territorio en el futuro, las cuales sin embargo comienzan a tener opositores entre altos funcionarios del Gobierno, como lo evidencian las recientes declaraciones hechas sobre el particular por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo, los expertos llaman la atención sobre la enorme afectación que sufren estos procesos con hechos como el asesinato de líderes sociales, por cuanto se trata de acciones que pretenden acallar y obstaculizar estos avances.

(Por: fin/JCMG/dmh/LOF
)
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