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Salud

Ley Estatutaria de Salud no se cumple

Aunque la normativa propone grandes avances al concebir la salud como un derecho fundamental, y no un servicio, no se tiene claridad sobre la manera en que un sistema excluyente y en desequilibrio económico pueda aportar a la transformación de la salud en el país.

Bogotá D. C., 24 de marzo de 2017Agencia de Noticias UN-

El sistema de exclusiones contempla los servicios y las tecnologías que no se deban pagar con recursos públicos. (foto: archivo particular).

La indignante mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira evidencia que el artículo 11 de la Ley Estatutaria de Salud no se está cumpliendo.

El artículo 14 prohíbe la “negación de servicios”, sin embargo el Congreso no ha establecido “sanciones penales y disciplinarias”.

Profesor Mario Hernández Álvarez, del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

A pesar de que los medios de comunicación han anunciado que con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de Salud (resolución 330 del 14 de febrero de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social) se materializa la salud como derecho fundamental autónomo, tal afirmación está en duda, ya que la sentencia C-313 de 2014, que modula la Ley, indica no solo que esta se estaría incumpliendo, sino que además existiría una posible inconstitucionalidad de la normativa.

Así lo afirman en un artículo de análisis publicado en la reciente edición de UN Periódico, el profesor Mario Hernández Álvarez, del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.); Carolina Corcho, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y Jaime Urrego, candidato a doctor en Salud Pública de la U.N.

En efecto señalan los analistas, el artículo 26 de la Ley Estatutaria de Salud establece que “rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.

Al respecto, mencionan que el único aspecto al que se le fijó un plazo de dos años para su implementación fue la definición de las exclusiones explícitas, es decir el listado de servicios y tecnologías que no serían pagadas con recursos públicos, según lo regulado en el artículo 15.

En ese sentido, indican que “la resolución 330 hasta ahora crea el mecanismo científico-técnico participativo para definir dichas exclusiones y no lo que estaba ordenado, que era contar con el listado respectivo”.

En el artículo, los expertos dicen que una revisión del articulado de la Ley evidencia un bajo nivel de cumplimiento a solo dos años de su expedición. Por ejemplo, los artículos 2, 5, 6 y 8, referidos a las obligaciones, se están vulnerando.

En este sentido expresan que “tal es el caso de los elementos esenciales y principios a cargo del Estado y de los agentes del sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud. A juzgar por el aumento de tutelas interpuestas por la falta de acceso a bienes y servicios de salud, según la Defensoría del Pueblo el 64 % forma parte del Plan Obligatorio de Salud (POS)”.

También exponen que los artículos 7 y 19 de la Ley Estatutaria de Salud ordenan una evaluación anual de “indicadores del goce efectivo del derecho a la salud” y la construcción de un “sistema único de información en salud” que dé cuenta de los elementos constitutivos del derecho, respectivamente. Sin embargo, aseguran que dicha evaluación no se ha realizado, en parte porque el sistema de información es fragmentado e incompleto.

En relación con el artículo 9 que obliga a actuar sobre los “determinantes sociales” de las desigualdades en salud, aseveran que poco se ha hecho al respecto, más allá del establecimiento de la Comisión Intersectorial, casi inoperante, un deficiente avance del Plan Decenal de Salud Pública, altos niveles de corrupción de los programas sociales y un deterioro de los territorios y el medioambiente.

Con respecto al artículo 11 que ordena priorizar los sujetos de protección especial, como niños, adolescentes, mujeres gestantes y víctimas de violencia, entre otros, manifiestan que este mandato contrasta con, por ejemplo, el cierre de camas pediátricas en todo el país denunciado por la Sociedad Colombiana de Pediatría debido a la poca rentabilidad para los actores privados del sistema, o la indignante mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira.

Los analistas afirman que la Ley también prohíbe la “negación de servicios”. Para ello, el artículo 14 le ordena al Congreso establecer “sanciones penales y disciplinarias tanto de los representantes legales de las entidades a cargo de la prestación del servicio, como de las demás personas que contribuyeron a la misma”. Pero en su opinión, esta normativa no existe.

Acciones insuficientes

Otros aspectos mencionados en el artículo se relacionan con el incumplimiento del artículo 22 que ordena la formulación de una política de ciencia, tecnología e innovación en salud orientada –según la Corte Constitucional– a generar conocimiento que determine, entre otras, la efectividad de las tecnologías utilizadas en el país.

En relación con el artículo 23 sobre política farmacéutica –modulado por la Corte Constitucional para afectar toda la cadena de los medicamentos–, dicen que ha avanzado parcialmente al definirse un techo de precios para algunos medicamentos y al negociarse con Novartis –dueña de la patente- el precio del Imatinib.

Respecto a las exclusiones ordenadas por el artículo 15 el asunto es más grave, a la luz del mandato de la Corte Constitucional. Los expertos aseguran que la insistencia del Gobierno en mantener un plan explícito de beneficios “colectivos” y una serie de “prestaciones excepcionales” es opuesto al mandato de la Corte, que solo aceptó una definición taxativa de exclusiones. “Esto quiere decir que todo lo que no sea excluido está incluido, y desaparecería el POS”.

Consideran que “el plan sigue porque el Gobierno sostendrá el contrato tácito con las EPS, es decir el pago per cápita (o UPC), con el consabido lucro que implica. Pero puede ser de otra manera: una administración pública, descentralizada y vigilada de los recursos públicos sería mucho más eficaz y sostenible, como lo ha demostrado Costa Rica, para no ir muy lejos”.

En este escenario se insiste en que sea el Congreso de la República la instancia que reorganice el sistema de salud de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud y la jurisprudencia constitucional de fondo, por medio de una ley ordinaria.

Se trata de garantizar el derecho fundamental, autónomo e irrenunciable a la salud a partir de un gran pacto social y político nacional, frente a la construcción de una sociedad en paz.

Lea el artículo completo en UN Periódico

(Por: fin/UNP-JU/dmh/DCP
)
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