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Legislación se sigue quedando corta al momento de garantizar acceso a salud

Aunque la Ley 1751 de 2015, también conocida como Ley Estatutaria de Salud, busca superar algunos de los problemas más graves de la Ley 100, aún persisten deficiencias que deberán corregirse para evitar el colapso del sistema.

Bogotá D. C., 20 de abril de 2018Agencia de Noticias UN-

Pese a la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, el Ministerio de Salud ha continuado reglamentando la Ley 100. Foto: (CC BY 2.0)

La mayoría de los países desarrollados ha llegado a la conclusión de que la gestión del riesgo en salud es responsabilidad del Estado. Foto: cc0

En países como Canadá el acceso a los servicios de salud es público y gratuito.

Existe un consenso en la necesidad de empoderar a los ciudadanos y a los pacientes.

Colombia cuenta con cobertura, desarrollo de tecnologías y avances científicos que lo ubican en una posición intermedia.

En Colombia es urgente tomar medidas para aumentar la cobertura y la calidad del servicio del sistema de salud.

Si bien en teoría se plantea que los colombianos pueden acceder en igualdad de condiciones y trato al sistema de salud –a través de un plan universal de salud que cobija a todos los ciudadanos–, todavía existen algunos problemas asociados con el acceso a ciertos medicamentos y tratamientos, además de la necesidad de establecer medidas que contribuyan a que la autonomía médica tenga autorregulación.

En el libro Derecho fundamental a la salud: ¿nuevos escenarios?, 32 expertos del área de la salud en Colombia e Iberoamérica realizan importantes aportes a este tema. La obra forma parte de las novedades de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) 2018.

El texto aborda múltiples aspectos de la salud, desde el derecho constitucional hasta la economía, pasando por algunos avances técnicos, atención a pacientes y judicialización.

Durante el lanzamiento del libro, el profesor Hernando Torres Corredor, director del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de la U.N., manifestó que “aunque la autonomía médica implica que el científico de la salud tiene el conocimiento para tratar las patologías del paciente, la ley también contempla algunas limitantes asociadas especialmente con el costo”.

En tal sentido, el docente afirmó que en la actualidad existen múltiples críticas respecto a la gestión financiera, puesto que las EPS se encuentran habilitadas para retener unos recursos que son públicos, mientras mantiene en el descuido la urgente necesidad de desplegar acciones y campañas para prevenir enfermedades cuyo tratamiento puede resultar excesivamente costoso.

La profesora Diana Colorado, coordinadora Académica del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, mencionó que se debe buscar un trabajo más coordinado entre entidades estatales, organizaciones sociales y pacientes para garantizar la universalidad de la cobertura en salud, con el fin de contar con diversos puntos de vista que además involucren las experiencias que se realizan en otros países de Iberoamérica en esa vía.

Tales razones conducen a que el Centro de Pensamiento plantee la posibilidad de desarrollar mecanismos distintos a la intermediación financiera, de tal manera que se creen nuevas estructuras administrativas para la “gestión del riesgo en salud”.

“Este concepto se debe entender como todos aquellos aspectos relacionados con situaciones de enfermedad, medicamentos y citas médicas”, precisa el profesor Torres, para quien este tipo de administración se debe distinguir del aspecto financiero, en el que, actualmente, quien no paga está imposibilitado para usar estos servicios.

La ley del mercado

A pesar de la legislación en los temas relacionados con la salud en Colombia, el mercado de hoy es el que impone la ejecución de la intermediación, de tal manera que mientras el Estado expide unas normas, quienes las llevan a la práctica –especialmente las entidades encargadas del aseguramiento, pero también los prestadores de servicios– las ejecutan de distinta manera.

Al respecto, el docente Torres señala que “la intermediación financiera se sigue haciendo cargo del cobro de recursos que deberían pasar al Sistema de Salud, y lo que ocurre es que pese a la expedición de la Ley Estatutaria, en la práctica se le está dando continuidad a la reglamentación de la Ley 100”.

De igual manera manifestó que “no se trata de que el Estado sea dueño de las clínicas”.

Según el experto, aunque habitualmente el Ministerio de Salud expide una enorme cantidad de normas , el manejo de los asuntos financieros ha sido delegado a la empresa privada.

“Colombia debería seguir el ejemplo de países como Canadá, Brasil o Argentina, donde la salud tienen un carácter público y gratuito”.

La profesora Colorado señala al respecto que en el caso de Colombia los avances en la garantía del derecho fundamental a la salud se han concentrado en las altas cortes, y el devenir institucional y reglamentario no contempla el desarrollo jurisprudencial y tampoco involucra la participación más activa de los ciudadanos, lo que determina que en la práctica el acceso al sistema de salud sea restringido.

Conozca la programación de la U.N. en Filbo 2018

(Por: fin/JCMG/dmh/LOF
)
N.° 465

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