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Salud

Lectura del fallo sobre precio de fármacos entorpecería regulación

El respaldo dado por la Corte Constitucional al Gobierno y al Congreso para garantizar que los nuevos medicamentos en el mercado tengan un precio acorde con su aporte terapéutico abre un nuevo debate por las distintas interpretaciones al fallo.

Bogotá D. C., 23 de noviembre de 2016Agencia de Noticias UN-

El fallo de la Corte implica el cumplimiento estricto en los procesos de registro sanitario y fijación del precio con base en el aporte terapéutico.

Establecer el precio de un nuevo medicamento en proporción a su efectividad o aporte terapéutico no debe superar el de la expedición del registro sanitario.

La interpretación de Afidro sobre el fallo servirá como argumento para evitar que se establezca un vínculo entre precio y registro sanitario.

La Corte Constitucional avaló el establecimiento de los precios de los nuevos medicamentos por parte del Gobierno.

Después de que se conozca el fallo se prevé un escenario en el que quedarán en evidencia todo tipo de intereses.

La sentencia de la Corte Constitucional, que le da vía libre a la reglamentación y aplicación del artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, demuestra además que las recomendaciones planteadas por el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) para regular los precios de los medicamentos considerando su aporte terapéutico, tienen plena vigencia.

Sin embargo, para Carolina Gómez Muñoz, investigadora de este Centro, a la hora de implementar la norma se plantea una serie de debates jurídicos por la interpretación que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro) le ha dado al fallo.

Según dicho gremio, la Corte avaló la imposibilidad de condicionar el registro sanitario –licencia de comercialización otorgada por el Invima– a una fijación del precio con base en su aporte terapéutico.

De acuerdo con la experta, incluso cabría la posibilidad de que la organización gremial optara por adoptar una postura que cuestionara la reglamentación de la medida, que considera inconstitucional por su lectura de la decisión de la Corte.

Hoy, inmediatamente después de que entra al mercado un nuevo medicamento se genera una demanda por parte de pacientes y médicos, por lo que la medida busca que esas nuevas tecnologías se paguen a un precio razonable. No obstante, Afidro tratará de evitar esta situación a partir de su particular interpretación del fallo, según la jurista.

“Afidro es un gremio muy poderoso que tiene gran capacidad de influencia y, en tal sentido, el Gobierno tendrá que entablar una negociación para sacar adelante el proyecto”, argumenta Gómez.

Distintos intereses

Debido a la complejidad del proceso, se prevé un escenario en el que quedarán en evidencia todo tipo de intereses y, en tal sentido, la experta cita como ejemplo el demostrado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), a la que Colombia aspira a ingresar.

Una de las condiciones de la Ocde para aprobar la evaluación comercial es la manera como se reglamente la medida por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, prevista para el primer trimestre de 2017, explicó la experta.

Para Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, la interpretación de Afidro servirá como argumento para evitar que se establezca un vínculo entre precio y registro sanitario.

A su juicio, dicha postura va en contravía de la determinación adoptada, pues la Corte respaldó la medida recordando que el acceso a las tecnologías en salud es parte del derecho fundamental a la salud.

Por este motivo será necesario esperar a su reglamentación, de acuerdo con la propuesta que presente el Ministerio de Salud, en la que cabría esperar que se incluyeran las recomendaciones presentadas por la U.N. con el fin de blindarla ante posibles demandas.

“La propuesta presentada por la U.N. considera los elementos fundamentales ante los que la Corte ha observado que se debe tener especial cuidado, tales como los tiempos para otorgar los registros sanitarios, y su simultaneidad con respecto a las evaluaciones del precio según los conceptos del Invima y del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets)”, detalla la docente.

Por su parte, después de destacar que el fallo se conozca para conocer los parámetros constitucionales que deberá tener en cuenta el Gobierno, Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Afidro, consideró que la Corte Constitucional efectivamente había terminado dándole la razón a la agremiación, en la medida en que, según su interpretación, la restricción y disponibilidad de medicamentos resulta inconstitucional.

“Quedó claro que el registro sanitario no se puede condicionar a evaluaciones que no tienen nada que ver con la calidad, seguridad y eficacia del producto, además de establecer la necesidad de efectuar una evaluación tecnológica seria”, destacó el dirigente gremial.

Aunque está de acuerdo con la facultad discrecional del Gobierno en materia de fijación de precios, el funcionario también fue enfático en precisar que ese tipo de acciones no deberían relacionarse con el otorgamiento del registro sanitario por parte del Invima.

(Por: Fin/JCM/MLA/LOF
)
N.° 944

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