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Las OPV, claves para acceso social a vivienda

Villa Canela, un proyecto de las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) estudiados, mostró que con los mismos recursos de un plan social del Estado se puede construir una urbanización con edificios de 13 pisos, ascensor, canchas deportivas y áreas comunes.

Medellín, 12 de noviembre de 2015Agencia de Noticias UN–

Medellín debe fortalecer las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV).

Las OPV tienen en cuenta las necesidades y contextos de los asociados.

En los años 80 crecieron las denominadas “invasiones” en Medellín.

Las viviendas de interés social tienen un valor que ronda los 48 millones de pesos.

Diana Carolina Orozco Herrera, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, y constructora.

Las viviendas de interés social se restringen, casi exclusivamente, a las periferias de las ciudades.

Con este ejemplo, tomado de un barrio de la capital antioqueña, la arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Diana Carolina Orozco Herrera, argumenta que para volverse un lugar más incluyente que genere calidad de vida a sus residentes menos favorecidos, esta ciudad debe fortalecer las OPV a través de estrategias que consideren las necesidades de sus futuros habitantes.

Este tipo de organización ha sido clave en la construcción de las ciudades en Colombia. En Medellín, en particular, las OPV aparecen por una necesidad de vivienda de la gente que carecía de recursos económicos: “la comunidad se unía y gestionaba su vivienda”, recuerda la experta.

El primer antecedente de esta figura son las invasiones, obviamente no tenían las garantías arquitectónicas o constructivas de una vivienda de calidad, pero la gente las iba acomodando de acuerdo con sus necesidades y sus alcances, señaló la arquitecta, quien destacó que así se crearon muchos barrios en Medellín.

Al respecto, la autoconstrucción y las invasiones tomaron fuerza en los años 80 en la capital antioqueña, tanto así que “la gente de clase alta vio en este fenómeno la posibilidad de construir vivienda y adquirir propiedades”, tal como indica la investigadora.

Por eso, y con el interés de controlar el crecimiento de este fenómeno de autoconstrucción, el Gobierno empezó a reglamentar jurídicamente las OPV: “con el arribo del neoliberalismo y el cambio de enfoque del Estado sobre el tema de vivienda, se empieza a normativizar y a ver a las OPV como un grupo propenso para recibir subsidios, así las legaliza como otra forma de vivienda de interés social”, comenta la investigadora Orozco Herrera.

Desde su punto de vista, las OPV son claves en lo que viene para Medellín, porque pueden presentar propuestas que se ajusten a las necesidades de la población necesitada.

“Sería muy importante que las OPV en Medellín tuvieran otro tipo de reglamentación que no las obligue a ceñirse a las leyes del mercado. Si se fortaleciera el cooperativismo y hubiera un fondo para este tipo de proyectos, que excluyera los préstamos con los bancos, las OPV tendrían más cabida entre la gente”, opinó.

La investigadora dice que son muchas las diferencias entre la vivienda de interés social dirigida por el Estado y la administrada desde las OPV; además, agrega que aquéllas serían el pilar para que ciudades como Medellín apoyarán más a tales organizaciones.

Ambas, dentro de un marco legal, manejan unos costos similares que varían alrededor de 48 millones de pesos por vivienda y una misma cantidad de m2 (metros cuadrados), esto para poder ser consideradas “de interés social”. 

Sin embargo, “las OPV hacen que los proyectos se ajusten a las necesidades de las personas que están asociadas, mientras que a los proyectos del Estado no les importa eso, la persona se postula para recibir un subsidio de vivienda y éste les da una casa donde haya disponibilidad”, explica la arquitecta.

Al contrario, en la OPV se empieza un proceso entre los asociados en el que se van conociendo y tejiendo redes de convivencia, mientras que “el Estado solo está interesado en poner personas en casas, pero desconoce así las redes que se tejen en los barrios y los trabajos informales”, precisa.

Las dos opciones de vivienda de interés social tienen que competir en el mismo mercado con las urbanizadoras privadas, lo que provoca que este tipo de proyectos tengan que restringirse exclusivamente a los terrenos ubicados, en el caso de Medellín, en las periferias. Por eso, la experta hace un llamado de atención para que las regulaciones estatales se modifiquen a favor de las OPV, y generar así una mayor inclusión de los ciudadanos más desfavorecidos.

(Por: FIN/ DGG/MLA/CA
)
N.° 677

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